¿Qué haría usted si una parte minoritaria de su familia, cada vez que quiere imponer algún capricho, primero protesta, luego demanda “de forma pacífica” sus pedidos y, al no lograrlo, bloquea la salida de su casa. Y si aún así no obtiene lo que quiere, lo intimida a punta de dinamitazos para ser escuchada?
Le consulto, porque esto es lo que el Comité Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) dice en su “Pronunciamiento al pueblo boliviano” del 15 de enero de 2026, en el que indica que “ningún sector sale a las calles por deporte ni por capricho”, y que el bloqueo de caminos “suele ser una medida extrema, la última carta si se percibe que no hay otro modo de ser escuchados”. Así reivindican su derecho a bloquear cuantas veces les dé la gana para imponer sus deseos.
Dice también que “el Estado no puede pretender que la ciudadanía renuncie a su presión social, mientras él renuncia a su obligación de escuchar, responder y construir soluciones”. En otras palabras, que si el gobierno no les dice “sí” a sus caprichos, tienen el derecho de bloquear calles, caminos, carreteras, a amenazar y a dinamitar. ¿Qué tal?
Frente a la alta conflictividad que afectaba a las actividades productivas, comerciales y de servicios por los bloqueos en 2023, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) lanzó un sondeo de opinión para que la sociedad civil se pronunciara al respecto a partir de ocho preguntas cerradas, que fueron contestadas contundentemente.
Un 98% rechazó los bloqueos por el perjuicio al desarrollo de Bolivia y a su imagen internacional; 97% condenó que se afecte el derecho a la libre circulación y al trabajo; 95% dijo “no” al bloqueo como presión; 90% los rechazó por los daños, y 89% dijo que debía castigarse a los bloqueadores. Clarísimo el rechazo al bloqueo violento como arma de presión, ¿no?
Pero, ocurre que los “compañeros” de la COB no entienden que protestar y bloquear no es lo mismo.
La protesta es un derecho que tiene que ver con la libre expresión consagrada en la Constitución Política del Estado (Arts. 21 y 106), siempre que sea pacífica y respete el derecho a la libre circulación (Art. 21) y al trabajo (Art. 46). Algo que al bloquear –violencia de por medio, por el uso de dinamita, piedras, ramas, tierra o arena sobre los caminos – se incumple, ocasionando millonarias pérdidas económicas a la gente, deteriorando la imagen–país en el exterior, y coartando el derecho humano a transitar, trabajar y vivir en paz.
Lamentablemente, pese a que el Código Penal prevé cárcel de dos a ocho años para quien impidiere, perturbare o pusiere en peligro el transporte público, ha primado el cálculo político en los gobiernos para no hacer cumplir esto. De ahí que la invitación a delinquir –porque el bloquear es un delito– ha derivado en una “cultura del bloqueo”.
A nivel internacional existe la previsión en sentido de que cuando una eventual perturbación a la vida cotidiana por causa de los bloqueos “se extiende en el tiempo y escala al punto de comprometer gravemente la garantía de otros derechos, como por ejemplo: i) derecho a la vida; ii) aprovisionamiento de alimentos; o iii) el derecho a la salud, se acentúa el deber del Estado de facilitar todos los mecanismos de diálogo posibles y la coexistencia de todos los derechos en tensión, teniendo el uso de la fuerza como último recurso (“CIDH y RELE: Bolivia debe respetar estándares interamericanos durante protestas”, Oficina de Prensa de la CIDH, Washington, EEUU, 2.02.2024).
Por tanto, si el castigo al bloqueo está permitido en el país ¿por qué la COB se preocupa de una futura ley antibloqueos, como la que valientemente propuso el past presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) Pablo Camacho, con modificaciones al Código Penal, en caso de obstrucción de vías públicas, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, intimidación sindical, amenazas y vandalismo.
La propuesta ha recibido el apoyo del empresariado, dado el alto impacto negativo de los bloqueos y frente a lo cual hay quienes, incluso, piden que los bloqueadores paguen con sus bienes por el daño causado.
El actual presidente de la CNI, Gonzalo Morales, acaba de manifestar que “los bloqueos no son una forma legítima de protesta; detienen al país, dañan el empleo y ponen en riesgo la vida.
Frente a esta realidad, la CNI presentó el proyecto de ley antibloqueos a los asambleístas electos, como una propuesta responsable para "garantizar la libre circulación y el respeto al trabajo y a la producción de los bolivianos”.
Solo falta voluntad política para hacerlo. El proyecto de ley está ahí, así como otra iniciativa del propio Órgano Legislativo para acabar con el chantaje de unos pocos que afecta a todo un país.
La palabra de Dios dice que las autoridades no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo; por tanto, quien hace lo bueno no debería temer, pero quien hace lo malo, sí. Si los bloqueadores amenazan con bloquear, con la ley antibloqueos ¡habrá que poner orden en el país!
Gary Rodríguez es economista y magíster en comercio internacional.
