Amenazas ambientales

El 2020 fue un año marcado por lo ambiental. Desde el Estado, más allá de las diferencias políticas de los gobiernos nacionales y regionales, se mantuvieron una serie de políticas ecocidas. Los mayores desaciertos y retrocesos se cuentan en este campo. Por su parte, el movimiento ambiental, que ha adquirido una enorme fuerza por su diversidad y tenacidad, ha sabido sobreponerse a un contexto extremadamente restrictivo por la pandemia y la polarización política. Los principales logros se deben a estas luchas. Hagamos un breve repaso.

El gobierno de Añez apuntó a consolidar varias medidas a favor del agronegocio, sector que es la mayor amenaza ambiental de varias ecorregiones de las tierras bajas. Además de la autorización de nuevos eventos transgénicos, aprobó una serie de estímulos financieros en la misma línea que el gobierno de Morales en 2019. Desde el terreno regional se sintieron los efectos del nuevo Plan de Uso de Suelo (PLUS) de Beni (aprobado en 2019) con el objetivo de impulsar actividades del sector agropecuario y la extracción de recursos forestales (CEJIS, 2020). Este departamento siguió los pasos de la vecina Santa Cruz en donde nuevamente los incendios forestales arrasaron cerca de tres millones de hectáreas.

En ambos departamentos se apunta a la agroexportación de carne de res a China (mercado que creció en esta gestión en un 250%), a ampliar las exportaciones de soya (cuyos precios se mostraron muy favorables) y a beneficiarse de los estímulos estatales a los agrocombustibles. El vertiginoso cambio de uso de suelos forestales a agrícolas y ganaderos está contribuyendo a las sequías (no en vano las lagunas Corazón y Guarayos, que están en el corazón del agronegocio, se están secando) haciendo que estas regiones sean más propensas a incendios incontrolables. Un círculo de negocios de fuego que termina haciendo insostenible la propia actividad agropecuaria.

Por otro lado, los megaproyectos en áreas protegidas siguen siendo la mayor amenaza a su objeto de creación y a especies en peligro de extinción. El proyecto hidroeléctrico Ivirizu, situado en el parque Carrasco, siguió su marcha como el primero de su tipo en un área protegida, el más grande (con la represa de mayor tamaño) y el más costoso. Su construcción amenaza a especies en peligro de extinción y a todo el sistema de áreas protegidas debido, entre otras razones, a la forma en la que se aprobaron sus instrumentos de control y gestión ambiental.

En este mismo campo, en Tariquia sigue la lucha para detener la explotación de hidrocarburos en pleno parque nacional. En el Madidi prolifera la minería aurífera de la mano de los dragones chinos. Casi todas las áreas protegidas están amenazadas por megaproyectos o grupos extractivos que en esta gestión aprovecharon la pandemia (y el autoencierro con el que las comunidades indígenas hicieron frente a la pandemia) para penetrar aún más.

Eva Copa impulsó una ley para otorgar más de 170 nuevos títulos a las cooperativas mineras. El gobierno de Jeanine les creó un fondo de apoyo Covid-19 de más de 40 millones de bolivianos. En ambos lados del espectro político hubo acuerdo por estimular al sector más alejado del cumplimiento de las normas ambientales. 

Sobre la Amazonia norte siguen avanzando proyectos carreteros de la mano de la colonización. Los colonizadores están amenazando la existencia de numerosos pueblos indígenas, como el Esse Ejja, y han adquirido una enorme influencia en la política nacional. Con el nuevo gobierno los colonizadores controlan el Ministerio y varios altos cargos encargados del cuidado ambiental.  

Los problemas ambientales en zonas urbanas se multiplican. El botadero de K’ara K’ara ha sido un blanco de una suerte de estrategia geopolítica ambiental. Su acceso permaneció bloqueado cerca de una cuarta parte del año y, en particular, en los meses más duros de la pandemia. Es el principal problema ambiental y de salud pública de Cochabamba, una ciudad de por sí llena de problemas ambientales. La Llajta también ha padecido varios incendios en el parque Tunari provocados por loteadores que recientemente visitaron al nuevo ministro de Medio Ambiente para pedirle la legalización de sus asentamientos.

El año termina con la resistencia de varios grupos ambientalistas de Cochabamba a la tala de más de cuatro docenas de árboles por un proyecto vial en la zona de La Recoleta. La vigilia, que lleva más de 30 días, muestra la principal tensión ambiental de la gestión entre la persistencia (y en algunos campos, consolidación) de políticas orientadas a favorecer proyectos y sectores de dudoso beneficio social, económico y ambiental frente a la renuencia de movimientos ciudadanos.

En efecto, la mejor noticia ambiental de este terrible año es que las resistencias ambientales persisten a pesar de todos los obstáculos que enfrentan: están en esa lucha los grupos indígenas y campesinos que defienden las áreas protegidas, como la Contiocap; los movimientos urbanos tan notables como el colectivo No a la Tala de Árboles Urbanos de Cochabamba; las ONG ambientalistas que investigan las políticas y acompañan estos casos; y los periodistas ambientales que informan sobre cada uno de estos hechos. 

Marco Gandarillas es sociólogo.