La DEA incluyó a Gustavo Petro como “objetivo prioritario” en una investigación por presuntos vínculos con narcotraficantes. Fiscales en Nueva York indagan posibles sobornos y nexos con cárteles. El presidente colombiano negó las acusaciones y rechazó haber recibido dinero ilegal.
Brújula Digital|20|03|26|
El presidente colombiano Gustavo Petro ha sido designado como “objetivo prioritario” por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), en el marco de investigaciones que llevan adelante fiscales federales en Nueva York sobre sus presuntos vínculos con narcotraficantes, según información que obtuvo Associated Press.
De acuerdo con registros de la DEA revisados por la agencia, Petro ha sido mencionado en múltiples investigaciones desde 2022, varias de ellas sustentadas en entrevistas con informantes confidenciales.
Entre los presuntos hechos investigados figuran posibles contactos con el Cártel de Sinaloa y un supuesto plan para utilizar su política de “paz total” en beneficio de narcotraficantes que habrían contribuido a su campaña presidencial. También se indaga el presunto uso de fuerzas del orden para facilitar el contrabando de cocaína y fentanilo a través de puertos colombianos. La categoría de “objetivo prioritario” se reserva para sospechosos a quienes la DEA atribuye un “impacto significativo” en el tráfico de drogas.
Horas después de conocerse la información, Petro rechazó cualquier vínculo con narcotraficantes y aseguró que no recibió dinero ilícito para su campaña. Sostuvo que los procesos en Estados Unidos servirán para “desmontar las acusaciones de la extrema derecha colombiana” en su contra, a la que acusó de tener nexos con el narcotráfico.
En un mensaje publicado en X, afirmó que ha puesto su vida en riesgo al denunciar vínculos entre políticos y narcotraficantes, y remarcó que la investigación de la autoridad electoral sobre su campaña no halló “ni un solo peso de narcotraficantes”.
En los últimos meses, fiscales federales en Brooklyn y Manhattan han interrogado a narcotraficantes sobre posibles vínculos con Petro, en particular respecto a denuncias de que representantes del mandatario habrían solicitado sobornos para evitar extradiciones a Estados Unidos, según una fuente con conocimiento del caso que habló bajo condición de anonimato. La misma fuente indicó que no está claro si los fiscales han implicado directamente al presidente en algún delito.
Parte de la investigación se concentra en señalamientos de que emisarios de Petro habrían pedido pagos a narcotraficantes recluidos en la cárcel colombiana La Picota, a cambio de promesas de no extradición. Fiscales federales estadounidenses declinaron comentar el caso y la DEA no respondió de inmediato a solicitudes de información.
Petro ha negado de forma reiterada las acusaciones, especialmente después de que Donald Trump lo calificara de “capo de las drogas” y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionara a fines de 2025 sin presentar pruebas públicas. El mandatario colombiano sostiene que su gobierno combate a los grandes cárteles, pero mantiene un enfoque más flexible hacia los campesinos que cultivan hoja de coca.
La investigación federal fue reportada inicialmente por The New York Times. Según otra persona familiarizada con el caso, Petro figura como sujeto de investigación en indagaciones por narcotráfico en Nueva York. Estas pesquisas se encuentran en etapas iniciales y no está claro si derivarán en cargos. La fuente añadió que la Casa Blanca no ha tenido participación en el proceso, agregó la AP.
En paralelo, autoridades colombianas han investigado durante años a miembros de la familia del presidente. Su hijo, Nicolás Petro, fue acusado en 2023 de solicitar aportes ilegales de campaña a un narcotraficante condenado para financiar un estilo de vida lujoso. Él se ha declarado inocente, mientras que el presidente ha asegurado que esos recursos no ingresaron a su campaña.
Asimismo, su hermano, Juan Fernando Petro, ha sido vinculado a supuestas negociaciones con narcotraficantes encarcelados para evitar su extradición a cambio de su desarme.
La política colombiana ha estado históricamente marcada por la influencia del narcotráfico. En la década de 1980, Pablo Escobar fue elegido al Congreso, mientras que años después el Cártel de Cali financió ilegalmente la campaña presidencial de Ernesto Samper.
El grupo guerrillero M-19, al que Petro perteneció en su juventud, también ha sido señalado durante años por presuntos vínculos con el narcotráfico en el contexto de la toma del Palacio de Justicia en 1985, aunque sus dirigentes siempre han rechazado esas acusaciones.
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