El mediático caso se cierra, ocho años después del crimen ligado al odio y al poder que sacudió a la sociedad del vecino país.
Brújula Digital|EFE|25|02|26|
La Corte Suprema de Brasil hizo justicia este miércoles en el caso de la concejala de Río de Janeiro y activista social Marielle Franco y condenó a los autores intelectuales de su asesinato, ocho años después del crimen que estremeció al país.
Los magistrados de la Primera Sala concluyeron por unanimidad que el asesinato fue ordenado por João “Chiquinho” Brazão, exdiputado federal, y su hermano Domingos Brazão, consejero del Tribunal de Cuentas de Río, a quienes se les impuso una pena de 76 años de cárcel. Por otra parte, Ronald Paulo Alves, expolicía, recibió una pena de 56 años, mientras que Rivaldo Barbosa, exjefe de la Policía Civil de Río, y Robson Calixto Fonseca, asesor de los Brazão, fueron sentenciados a 18 y a nueve años de cárcel, respectivamente.
Además, los magistrados determinaron la pérdida de los cargos públicos de los acusados y el pago de una indemnización de siete millones de reales (alrededor de 1,3 millones de dólares) a los familiares de Franco y del chófer Anderson Gomes, asesinado junto a ella, así como a la asesora Fernanda Chaves, quien sobrevivió al ataque.
“Es un episodio de violencia política de género para interrumpir a una mujer negra y pobre que osó confrontar los intereses de milicianos hombres blancos y ricos. El recado es ese. El error fue que (los acusados) no esperaban esa grande repercusión”, sostuvo Alexandre De Moraes, juez instructor del caso. Los magistrados consideraron probado que los Brazão lideraban una facción paramilitar y que ordenaron el asesinato de Franco porque esta entorpecía sus negocios inmobiliarios ilegales en la zona oeste de Río de Janeiro.
El activismo de Franco
Franco, una mujer negra, lesbiana, nacida en una favela y militante del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), era una crítica acérrima de la expansión de los grupos paramilitares en las regiones empobrecidas de la ciudad.
En marzo de 2018, poco más de un año después de tomar posesión de su cargo, la concejala de 38 años fue asesinada a tiros junto al chófer Anderson Gomes, cuando circulaban en un vehículo por el centro de Río de Janeiro. Su muerte, que coincidió con el auge de la ultraderecha en Brasil, provocó una ola de indignación en todo el país y desencadenó una larga búsqueda de justicia por parte de familiares y seguidores. Sin embargo, las investigaciones, que en ese momento eran responsabilidad de la policía local, avanzaron lentamente sin apenas sospechosos. Luego se ha sabido que esto se debió, en parte, a los esfuerzos de Barbosa por obstaculizarlas, como recoge la sentencia del Supremo.
En febrero de 2023, cinco años después del asesinato y con apenas dos personas presas por el caso, el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenó que la Policía Federal se hiciese cargo de las investigaciones. A partir de allí, y gracias a la confesión del autor material de las muertes, el expolicía Ronnie Lessa, los agentes consiguieron cercar a los Brazão.
El alivio de los familiares
Familiares de Franco, defensores de derechos humanos, y políticos de izquierda celebraron la condena de los cinco acusados y lo tacharon de “día histórico”.
La madre de la concejala, Marinete da Silva, quien asistió al juicio acompañada de su otra hija, la ministra de Igualdad Racial Anielle Franco, se dijo “aliviada”, al considerar que se había obtenido una “justicia digna”. “Creo que nada fue en vano. Hoy salimos de aquí con el corazón reconfortado”, declaró Da Silva ante los medios de comunicación.
Antes de la sentencia, la ONG Amnistía Internacional expresó que el juicio debía marcar “un punto de inflexión contra la impunidad” y que la justicia debía llegar no solo a los que cometieron los crímenes, sino también a quienes los ordenaron.
BD/
