Cada avasallamiento tolerado, cada proceso judicial dilatado y cada agresión impune envía un mensaje devastador: que la fuerza vale más que la justicia y que la ilegalidad tiene premio.
Brújula Digital|31|01|26|
El 21 de enero de 2026, distintos medios de comunicación reportaron la brutal golpiza propinada a Ricardo Peña, cacique del pueblo Chiquitano de 76 años, presuntamente a manos de avasalladores. El impacto mediático fue tal que el presidente Rodrigo Paz convocó en Santa Cruz a un encuentro nacional contra los avasallamientos, con la participación de sectores empresariales y representantes del pueblo chiquitano, comprometiéndose públicamente al desalojo de las tierras avasalladas.
Tras estos hechos surge una pregunta inevitable: ¿en qué está fallando el Estado? Este no es un problema aislado, sino estructural, vinculado a la erosión de principios fundamentales de la sociedad y a la corrupción del sistema judicial, que no hace cumplir las penas a quienes cometen estos delitos.
Actualmente, Bolivia cuenta con más de 300 predios tomados por avasalladores, principalmente de empresarios agropecuarios y productores, según datos de la Cámara Agropecuaria del Oriente. Asimismo, existen innumerables comunidades indígenas en la Amazonía boliviana que viven bajo intimidación constante por grupos denominados “interculturales”, quienes avasallan sus territorios.
Comunidades enteras han sido desplazadas, como ocurrió en 2021, cuando al menos 40 familias ayoreas fueron expulsadas de la comunidad Yoquiday (Santa Cruz), sin que hasta la fecha exista una respuesta efectiva del Estado ni de las instancias judiciales competentes.
Esta problemática también afecta al sector privado, desincentivando la inversión y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de los bolivianos. Los recientes hechos de avasallamiento a la propiedad privada con tomas violentas, uso de armamento y secuestros dejan a la sociedad con un profundo sentimiento de frustración.
No se actúa con el rigor que la ley exige contra estos grupos delincuenciales. Durante los últimos 20 años, sectores interculturales afines al Movimiento al Socialismo (MAS) gozaron de impunidad; sin embargo, hoy resulta evidente que, incluso sin apoyo político explícito, mantienen influencia en el sistema judicial, dilatando procesos y logrando la anulación o paralización de causas en su contra.
Bolivia cuenta con la Ley 477 (Contra el avasallamiento y tráfico de tierras), que establece penas de tres a ocho años de privación de libertad. No obstante, según denuncias de la Fundación Tierra (enero de 2026), pese a la vigencia de la norma y las múltiples denuncias presentadas, prácticamente no existen sentencias con penas efectivas de cárcel por este delito. La mayoría de los procesos se estanca en la etapa de investigación o concluye con medidas sustitutivas favorables a los acusados.
Ante la ineficacia en la aplicación de la normativa, los avasalladores encuentran un incentivo para continuar con sus actividades ilegales. El problema no radica únicamente en la ley, sino en el aparato judicial y en la levedad de las sanciones, que resultan insuficientes para frenar este tipo de conductas.
La baja efectividad de la normativa también se extiende a las áreas urbanas. En municipios aledaños al municipio de La Paz, algunas autoridades locales autorizan la urbanización de cerros, montañas y áreas protegidas, presuntamente movidas por intereses económicos millonarios.
Cada día se observa cómo estas decisiones deterioran la belleza paisajística de La Paz y generan un peligro constante, especialmente durante la temporada de lluvias, debido a la construcción de viviendas en zonas avasalladas propensas a deslizamientos.
Otro problema estrechamente vinculado a los avasallamientos es la falta de respeto a la propiedad privada en Bolivia. Un hecho que conmocionó al país fue la quema de los domos del hotel de lujo Kachi Lodge en el Salar de Uyuni, ocurrida el 21 de julio de 2021, cuando aproximadamente 200 comunarios de los municipios potosinos de Tahuna, Llica y Uyuni incendiaron y saquearon ocho domos.
Aunque el conflicto fue presentado como una disputa de límites entre los departamentos de Oruro y Potosí, el episodio proyectó una imagen internacional negativa de Bolivia, mostrando un país donde la delincuencia, aparentemente, queda impune. A pesar de que la empresa propietaria presentó denuncias por daño calificado, incendio, robo agravado y atentado contra la libertad de trabajo, y de que existían videos y fotografías que identificaban a los responsables, no se registraron aprehensiones.
Existen cientos de casos adicionales de irrespeto a la inversión privada. A finales de agosto de 2025, se registró uno de los ataques más violentos de los últimos años, cuando un grupo de aproximadamente 800 jornaleros y cooperativistas tomó por la fuerza, utilizando dinamita, la operación minera Reserva-Tres Amigos, operada por la empresa privada Sinchi Wayra. Hasta la fecha, no existen aprehendidos, pese a que los responsables fueron identificados.
Sin duda, en Bolivia son muchos los que se benefician económica y políticamente de la erosión de la justicia en materia de avasallamientos y de la falta de respeto a la propiedad privada.
Una solución concreta sería ampliar las penas privativas de libertad hasta 15 años y procesar a jueces y fiscales que han dilatado o dilatan indebidamente los procesos. La imagen del país y la convivencia entre los bolivianos están en juego.
Otra medida efectiva consistiría en impedir que los avasalladores accedan al sistema financiero durante 10 años y bloquear cualquier compra, venta o transferencia de bienes inmuebles por 15 años. (Se debería sancionar con mayor rigidez a autoridades que autoricen la urbanización de áreas protegidas). Estas sanciones deberían aplicarse también en casos de avasallamiento de parques nacionales y áreas protegidas.
A nivel internacional, Bolivia no cuenta con una imagen favorable para la inversión, y este problema no se resolverá únicamente otorgando incentivos a los inversores extranjeros. Ningún incentivo será suficiente si el riesgo de invertir en Bolivia continúa siendo alto.
Si el país aspira a un futuro de desarrollo, estabilidad e inversión responsable debe demostrar que nadie está por encima de la ley, sin excepciones ni privilegios políticos. Defender la propiedad privada, los territorios indígenas y las áreas protegidas no es solo una cuestión legal sino moral.
Rubén Ticona Quisbert es economista y activista del colectivo Lucha por la Amazonia.
