Una acción militar de Estados Unidos no solo no garantiza el retorno de la democracia en Venezuela, sino que proyecta una amenaza velada para gobiernos que, aun siendo democráticos, discrepen de Washington.
Brújula Digital|Connectas|27|11|2025|
Suhelis Tejero Puntes
La promesa de Marco Rubio se hizo realidad: a la medianoche del 24 de noviembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos declaró al Cartel de los Soles –liderado por Nicolás Maduro– como una organización terrorista extranjera.
Aunque lo esperaban, el anuncio intensificó la tensión que viven los venezolanos, que ya andaban con los pelos de punta ante la amenaza del amplio despliegue militar estadounidense en el Caribe.
Mientras en las calles de Caracas todos se preguntan si la escalada de Estados Unidos terminará en una invasión militar, poco se conoce oficialmente sobre la existencia de conversaciones entre Washington y Caracas. Pero filtraciones reveladas por medios estadounidenses dibujan al menos tres opciones:
Uno, que Maduro entregue algo que le interese a Trump (como negocios petroleros) a cambio de permanecer en el poder. Dos, que el dictador salga del Gobierno en un plazo determinado y con inmunidad para él y su entorno. Y, tres, que se niegue absolutamente a dejar el poder, lo que conduciría a la temida acción militar.
Trump incluso ha dicho que planea hablar directamente con Maduro, sobre quien puso una recompensa de 50 millones de dólares.
Este 24 de noviembre el mandatario estadounidense confirmó ese plan a sus asesores, según publicó el portal Axios, pero sin más detalles
A estas alturas, cualquiera de las alternativas sobre el futuro de Venezuela luce posible porque dependen de lo que decida Trump, un personaje conocido por su carácter errático. Pero más allá de las hipótesis, parece haber claridad en que una intervención militar sobre Venezuela podría abrir una caja de Pandora para toda América Latina. Eso pondría sobre la mesa el uso de las armas como manera de solucionar las crisis en la región.
Al respecto, la directora adjunta interina para América Latina y el Caribe del think tank International Crisis Group, Elizabeth Dickinson, alerta sobre la reacción de los demás países. Sostiene que “una intervención militar sería una coyuntura para la región.
La frase ‘hasta ahí no más’ va a salir de varios gobiernos porque hay que frenar realmente ese poder coercitivo que está implementando Estados Unidos en una región donde no han tenido esta postura desde hace décadas”, dice.
Refuerza su punto de vista con el hecho de que ni siquiera la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista permite legalmente una intervención militar.
Mariano de Alba, experto en diplomacia y derecho internacional, coincide. Cree que sacar a Maduro del poder por la fuerza reabrirá la puerta para legitimar la remoción de un gobierno dictatorial por medios militares. Y en el contexto de la creciente agresividad de Trump en América Latina, esta idea podría abarcar regímenes elegidos democráticamente, como los de México y Colombia.
Aunque al inicio de su mandato parecía centrado más en los asuntos internos, durante los últimos meses ha dirigido su mirada a América Latina, para bien o para mal.
Por citar un par de ejemplos, le lanzó un salvavidas al presidente argentino, Javier Milei, su viejo amigo, al autorizar un swap de deuda de 20.000 millones de dólares. Y por un fajo de dólares consiguió que el salvadoreño Nayib Bukele recibiera a los deportados de Estados Unidos en la cárcel para terroristas que éste construyó en su país.
Esos acercamientos de Trump con sus afines marca un fuerte contraste con la actitud frente a otros países.
“Creo que lo que ha generado la presión de Estados Unidos es una polarización completa de la región, es dividirla para que no haya una única voz contestando en nombre de todos. Francamente, eso ha sido muy eficaz por parte de Estados Unidos“, resalta Dickinson
Así, la experta detalla que actualmente, tenemos tres categorías de países latinoamericanos frente a Washington. En un grupo están, hasta el momento, Argentina, Ecuador, El Salvador y Paraguay, (y en forma incipiente Bolivia) cuyos gobernantes han estrechado lazos con Trump. Luego está una segunda categoría que, para Dickinson, quizás represente la posición más difícil: Brasil y México. Lula Da Silva y Claudia Sheinbaum rechazan la intervención militar, pero no tienen la capacidad de abrir peleas y romper relaciones con Estados Unidos porque sus relaciones comerciales y políticas son demasiado importantes para sus países.
En una tercera estarían Cuba, Nicaragua y Venezuela (y últimamente Colombia), que han mantenido posiciones contrarias, no solo a los ataques de Estados Unidos contra lanchas que supuestamente transportaban drogas por el Caribe, sino ante la figura misma del presidente.
Tres de esos cuatro países tienen dictaduras, por lo que ya han sufrido sanciones económicas o políticas de Estados Unidos. Pero, en el caso de Colombia, la posición altisonante y muy vocal de Gustavo Petro ha traído consecuencias. El mandatario colombiano, que llamó a los militares de ese país a no obedecer órdenes de Trump, —lo que le significó la cancelación de su visa—, fue incluido en la llamada lista Clinton por su presunta responsabilidad en el tráfico de drogas.
Así que, para la experta del International Crisis Group, esto ya muestra hasta dónde Estados Unidos está dispuesto a ir contra quienes critiquen a Trump.
Las herramientas ya están sobre la mesa. Aranceles y cortes de ayuda, por ejemplo. En Colombia la amenaza es recortar la ayuda militar, que es algo muy importante.
En el caso de otro país, es lo comercial lo más importante. Creo que lo que ha demostrado esta Casa Blanca es que sí está dispuesta a usar estas herramientas”, señala.
¿Sería efectiva una invasión?
Maduro y su Gobierno sostuvieron ante la declaración oficial de Washington que el Cartel de los Soles no existe y que es una “nueva patraña” del secretario Rubio para justificar una intervención militar bajo el “clásico formato estadounidense de cambio de régimen”. Mientras tanto, esa misma noche el dictador venezolano dijo muy escuetamente estar a favor de la paz y el diálogo con Estados Unidos, y en contra de la guerra.
Para De Alba, la declaración de terrorista del Cartel de los Soles sirve para reforzar la narrativa de que la situación en Venezuela, más que un gobierno dictatorial, es un problema de seguridad continental. El experto sostiene que ese mensaje aplacaría los temores de quienes en Washington tienen recelo sobre el costo de una operación militar en suelo venezolano.
“Es evidente que dentro del Gobierno de Donald Trump hay visiones enfrentadas sobre cómo abordar el tema de Venezuela (…) Además, Trump siempre está pensando mucho en el ámbito de la política interna. Parte de la base electoral que lo llevó nuevamente a la Casa Blanca cree muy firmemente que Estados Unidos no tiene que involucrarse en conflictos externos”, afirma el experto.
Pero, más allá del impacto político en la región, están los riesgos para Venezuela. De Alba hace énfasis en que una intervención militar no garantiza que Maduro, quien está en el poder de facto desde enero pasado, vaya a salir del Palacio de Miraflores.
Por eso, considera que la solución al tema de Venezuela debe venir por la vía del multilateralismo.
“Esa discusión se puede llevar a la Asamblea General de Naciones Unidas. No hay garantía de que allí se obtenga una aprobación, pero también se pudiese llevar la discusión a otros organismos internacionales que, si bien legalmente no darían un soporte definitivo a esa presión militar (de EEUU), creo que harían varias cosas: construirían una mayor legitimidad política y obligarían al gobierno de Estados Unidos a proceder de forma menos unilateral y más en coordinación con otros países”, dice.
Ese punto de vista parece optimista ante la marcada aversión de Trump por los espacios multilaterales
En cualquier caso, una intervención directa de Estados Unidos en Venezuela podría conducir a varios escenarios potencialmente catastróficos.
Dickinson cita la probabilidad de que las Fuerzas Armadas venezolanas se dividan a favor y en contra de un nuevo gobierno, con lo que la sostenibilidad institucional quedaría gravemente afectada.
En otro escenario, los grupos armados y criminales que operan en el país (ELN, mafias mineras y colectivos de civiles armados por el chavismo) aprovecharían el caos para tomar el control de los recursos naturales al sur y el este, o de los servicios públicos “para implementar una campaña de terror no solo en Venezuela sino en contra de objetivos asociados con Estados Unidos que están a lo largo de la región”.
Y lo que es peor, algunos ven una combinación de los anteriores escenarios, con el concurso hipotético de los posibles remanentes de las Milicias Bolivarianas que el chavismo ha radicalizado a lo largo de más de 20 años en el poder.
Mientras tanto, hay pocas señales que permitan conocer qué opinan los venezolanos que permanecen en el país.
El régimen de Maduro, que registraba más de 800 presos políticos hasta la segunda semana de noviembre, ha sido duro a la hora de reprimir opiniones.
En caso reciente la médica Marggie Orozco, de 65 años, fue condenada a 30 años de cárcel por enviar por Whatsapp un mensaje en el que criticaba a Maduro, algo que en la mirada torcida del régimen se convierte en traición a la patria. Así que saber qué opinan los venezolanos es sumamente complicado. Incluso fuera de las fronteras, donde viven alrededor de ocho millones, el tema sigue siendo polémico.
Venezuela pone hoy de relieve la tensión entre la urgente necesidad de un cambio democrático y los peligros de un ataque militar estadounidense. Este no solo afectaría al país, sino que podría desencadenar una ola de inestabilidad en toda la región, posiblemente con otra crisis migratoria de grandes proporciones.
Por el momento una sola persona, Donald Trump, tiene en sus manos la posibilidad de redefinir el futuro de Venezuela y, de paso, marcar una nueva era del Gran Garrote para la región.
BD/IJ
