El Gobierno chileno criticó la propuesta del presidenciable del PDC, de legalizar los autos robados, en su mayoría en Chile, que circulan sin papeles y se conocen como “chutos” y calificó la medida de un “incentivo para la comisión de ilícitos”
Brújula Digital|EFE|02|09|25|
El Gobierno chileno criticó este martes la propuesta lanzada por el candidato presidencial boliviano Rodrigo Paz de legalizar los autos robados, en su mayoría en Chile, que circulan sin papeles y se conocen como «chutos» y calificó la medida de un «incentivo para la comisión de ilícitos».
«Establecer alguna forma de legalización es un incentivo para que se sigan cometiendo esos ilícitos, en Chile, fuera de Chile, donde sea», señaló el ministro de Interior, Álvaro Elizalde, en una entrevista a la prensa local.
Paz, quien se impuso con el 32 % de los votos en la primera vuelta presidencial contra el exmandatario Jorge Tuto Quiroga y ahora lidera las encuestas de cara al balotaje, afirmó que “parece que fuera un pecado tener un auto ‘chuto’ en Bolivia, cuando todo el mundo lo tiene (…) Los vamos a legalizar, porque negarlo sería un grave error”.
Tras sus declaraciones, la polémica surgió en Chile cuando el candidato a diputado por la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI) en los comicios legislativos de noviembre por la nortina región de Arica, Sebastián Huerta, rechazó la propuesta en sus redes y sugirió que «si Bolivia toma esta acción, Chile debe quitarle el visado Mercosur» porque no puede «entregarle beneficios a un país que busca legalizar lo robado» en Arica.
Paz le emplazó, entonces, a informarse “del porcentaje (de robos)” y apuntó a la policía chilena en el hurto de estos vehículos: “¿No serán ellos los ladrones, que están robando y poniendo esos productos en Bolivia?”.
Varios parlamentarios chilenos reprocharon las declaraciones del militante del Partido Demócrata Cristiano boliviano, como el presidente del Senado, José Manuel Ossandón, quien dijo que es «inaceptable» que Rodrigo Paz acuse a Carabineros de robar coches y pidió al Gobierno chileno que envíe una nota diplomática solicitando explicaciones.
La Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia (CSCB) denunció que en las últimas semanas aumentó el ingreso de vehículos ilegales al país, provenientes en su mayoría de Chile, tras la propuesta del candidato Rodrigo Paz Pereira de legalizar todos los autos indocumentados si es que llega a la Presidencia.
“Una vez que se hizo el anuncio de la legalización, hoy día todas las fronteras con el país, como (la de) Chile prácticamente están ingresando los autos ilegales, ya están colapsando los puntos de ingreso a nuestro país queriendo buscar la nacionalización, y eso nos molesta”, dijo a EFE el dirigente ejecutivo de la CSCB, Víctor Tarqui.
Tarqui lamentó que los transportistas “apenas sobreviven”, más ahora con el desabastecimiento de combustible por la crisis, pero también por el parque automotor que está «saturado».
“No sabemos en qué cabeza cabe hacer esas propuestas, es una afectación directa a los transportistas, a los compañeros que compran sus vehículos con todos los requisitos legales. Si entran autos ‘chutos’, su inversión va a caer”, agregó el dirigente.
Los vehículos conocidos como ‘chutos’ son aquellos que ingresan a Bolivia de otros países sin documentación legal y no se conoce su procedencia, por lo que hay denuncias de que varios fueron robados en Chile y vendidos en el país andino.
Tarqui rechazó “de manera contundente” la propuesta electoral de Paz y dijo que «es momento de que pueda revisar» lo que anunció.
“Esto no beneficiará a Paz, solo unos cuantos se van a beneficiar de la nacionalización de autos ‘chutos'”, mencionó.
Según Tarqui, del total del parque automotor del país, el 70 % pertenece al transporte público y el 30 % al transporte privado.
Acuerdo en seguridad fronteriza reciente
Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1978, debido a la reclamación boliviana del acceso soberano al océano Pacífico perdido en una guerra librada a finales del siglo XIX.
Las relaciones se tensaron cuando en 2013 Bolivia llevó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya su reclamación marítima para que Chile negociara de buena fe el acceso soberano al mar, en una demanda que finalizó en 2018, cuando la CIJ determinó que Chile no tiene obligación legal de negociar con su vecino.
En diciembre ambos países firmaron un acuerdo en materia de control migratorio y seguridad fronteriza, para garantizar el reingreso de sus ciudadanos y de migrantes de terceros países.
Hasta ese momento, Bolivia no permitía el retorno de personas en situación irregular desde territorios ajenos, lo que generaba un vacío en la gestión del flujo migratorio.
BD/RED
