YPFB confirma existencia de responsabilidad penal y administrativa en contratación de un seguro general

Brújula Digital |21|05|20|

La existencia de responsabilidad penal y administrativa de “algunos funcionarios” en la contratación de un seguro general para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fue establecida en un informe final emitido por la Dirección de Transparencia Corporativa de la empresa petrolera estatal, que derivó en la presentación  ante el Ministerio Público de una denuncia penal y recomendó que se instaure un proceso administrativo contra los funcionarios implicados.

El informe fue brindado en conferencia de prensa presencial, por el jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Iván Roncal, quien señaló que la conclusión establecida con el informe de la unidad de transparencia institucional de YPFB, “el tema de los seguros queda definitivamente concluido”.

Agregó que existieron dos procesos de contratación iniciados y no concluidos por YPFB para la contratación de seguros e indicó que en la actualidad se encuentra en curso un nuevo proceso (tercer) de contratación que se encuentra publicado en la página del Sicoes.

De acuerdo a reporte de la Razón, el pasado 7 de abril durante la presidencia de la empresa estatal a cargo de Herland Soliz,  YPFB determinó la ampliación de plazo de la licitación de seguros generales. Sin embargo, dos días después, la petrolera estatal decidió cancelar el proceso de licitación y determinó la contratación directa “al amparo del decreto de emergencia sanitaria por el COVID-19”.

El 14 de abril, la empresa La Boliviana Ciacruz, otra de las compañías que había concursado en la licitación pública, objetó la adjudicación y el 15 de abril demandó que se revierta “la orden en Firme” otorgada a Credinform International, y advirtió que adoptaría acciones legales, en caso que la empresa petrolera estatal no atienda su denuncia y proceda de acuerdo a lo que solicitó.

El 20 de abril, YPFB notificó a Credinform que no seguiría adelante con el contrato y, el 21 de abril, comunicó a La Boliviana Ciacruz la ampliación, por 60 días, del contrato que esta compañía ejecutaba desde la gestión 2019.

Ambos procesos de contratación de seguros por parte de YPFB no fueron concluidos y la empresa estatal  se encuentra en curso un nuevo proceso (tercer) de contratación que se encuentra publicado en la página del Sicoes.

Iván Roncal, ante los consultas sobre “irregularidades en YPFB” e inacción del Ministerio de Hidrocarburos, afirmó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, es una empresa autárquica de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, según a los artículos 361, 362 y 365 se la Constitución Política del Estado, normativa que es concordante con la Ley de Hidrocarburos 3058, que determinan que la empresa estatal esté facultada a realizar cualquier tipo de contratos relacionados a su competencia, la cadena productiva hidrocarburífera y comercialización de hidrocarburos.

“Las atribuciones y competencias del Ministerio de Hidrocarburos son principalmente el de fijar las políticas del sector, aunque sí puede fiscalizar, como en este caso, los actos y contratos de las entidades bajo su tuición, en la modalidad de control externo posterior, más no así asumir la potestad de realizar contratos de las entidades autárquicas y autónomas del sector”, señaló Roncal y aseveró que “El Artículo 27 de la Ley Safco establece dos tipos de control, el interno, que es previo y está a cargo de las unidades de auditoría interna, y el control externo posterior de las entidades bajo tuición, que es en el caso de YPFB, se encuentra bajo tuición del Ministerio de Hidrocarburos”.

Sostuvo que en el caso concreto de los procesos de contrataciones realizados durante la emergencia sanitaria por el COVID 19, por YPFB”, el Ministerio de Hidrocarburos instruyó a su Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción hacer el seguimiento e investigaciones, tarea que explicó fue instruida  a la Dirección de Transparencia Corporativa de YPFB, instancia que realizó el proceso correspondiente, que concluyó con el informe final que establece la ley y estableció que existe responsabilidad penal y administrativa de “algunos funcionarios de YPFB” y presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal y recomendó instaurar un proceso administrativo en su contra.

El jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos al referirse al proceso de contratación que se encuentra publicado en la página del Sicoes, con código DCO-EPNE-GAFC-47-20, afirmó “haremos estricto seguimiento a efecto de garantizar la total transparencia en la que se encuentra empeñado el Gobierno Nacional y el Ministerio de Hidrocarburos”.

Cabe recordar que las denuncias de irregularidades y en la adquisición de seguros, compra de combustibles y alimentos con sobreprecio,  el pasado 7 de mayo fue destituido, el entonces presidente interino de YPFB, Herland Soliz.

BD/JI-PA