5_Brújula_Digital_1000x115px_avanzamujer ok
5_Brújula_Digital_1000x115px_avanzamujer ok
Economía | 24/07/2022

Sociedad de Estudios del Patrimonio Cultural alerta de “crítica” la situación de conservación en La Paz

Sociedad de Estudios del Patrimonio Cultural alerta de “crítica” la situación de conservación en La Paz

La Casa Herrera o de Las Tres Rosas en la calle Sagárnaga, recuperada como patrimonio arquitectónico. Fotos. Arq. Luis Aldo Caviña

Brújula Digital |24|07|22|

La Sociedad de Estudios del Patrimonio Cultural del Colegio Departamental de Arquitectos de La Paz (SEPAC-CDALP) a través de su presidenta Lourdes Camacho, calificó de “crítica” la situación de la preservación y conservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad, como resultado del incumplimiento de normas, la construcción de edificios en inmuebles catalogados de interés histórico y la ausencia del derecho propietario en el casco viejo.

En un balance sobre el estado de conservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad de La Paz, a 213 años de su gesta libertaria, la arquitecta Camacho advierte de un  “cáncer” que sufre la sede de Gobierno, y sobre todo el centro histórico convertido en “zona roja” por la inseguridad ciudadana.

La especialista menciona que el incumplimiento de las normas de protección del patrimonio arquitectónico público y particular, la visión comercial por sobre la importancia histórica y cultural, el debilitamiento institucional en términos de recursos profesionales especializados y la falta de documentación que acredite el derecho propietario sobre la mayoría de los inmuebles históricos del casco antiguo son los síntomas del “cáncer” por el que atraviesa La Paz.

“La imagen de La Paz como área patrimonial es lamentable; estamos con un nivel de pérdidas terrible. En los últimos tres meses se han derruido tres casas que ya estaban catalogadas. Actualmente se puede constatar la demolición de una casa frente a la plaza España, que es propiedad del Banco Mercantil Santa Cruz, catalogada como patrimonio arquitectónico y que era parte de la tipología arquitectónica de la tradicional zona de Sopocachi”, señala a Brújula Digital.


Como Sociedad de Estudios del Patrimonio Cultural afirma que los miembros de esta entidad realizan monitoreo constante sobre el patrimonio arquitectónico y apunta a evitar el colapso de este tipo de edificaciones, “porque la idea es actuar como la “policía del patrimonio, en una versión mucho más modesta y civil”.

La propietaria fue notificada en sentido de que el inmueble no podría ser sujeto a un cambio brusco debido al perfil arquitectónico de la casa, que es parte de la historia urbana y arquitectónica de Sopocachi.

“A pesar que un especialista se hizo cargo de ese proyecto, se han encaprichado en hacer en el lugar un edificio totalmente moderno y se derrumba parte de la casa (…). Aparentemente solo quedó el cascarón (del inmueble) y ese principio ya se desechó a finales de 1970 porque es crear un falso histórico”, explica.

Camacho señala que no sirve de nada conservar una fachada, si por dentro todo ya está modificado, pero que lamentablemente varios edificios en La Paz han sido modificados con esta inadecuada técnica.


“El patrimonio también está en pandemia”

La arquitecta Camacho afirma en entrevista con este medio, que el patrimonio arquitectónico e histórico de la ciudad “sufre de cáncer”, y que un estudio de su colega, Karen Sotomayor muestra que antes de la pandemia, había una pérdida de patrimonio acelerada que se dio sobre todo en el periodo del exalcalde Luis Revilla.

Sin embargo afirma que en pandemia la situación se agravó. “Una de las deficiencias de la Unidad del Patrimonio es que era la unidad más pobre de la Alcaldía. Durante la gestión de Revilla era la que menos recursos recibía y menos personal tenía, pero al menos tenía profesionales especializados (…). Actualmente todos los especialistas de patrimonio han sido removidos de sus cargos. No hay una sola persona especialista en lo que es patrimonio”, sostiene.

Las pérdidas no solo se dieron a nivel de recursos humanos especializados en patrimonio, según Camacho, pues una de las mejores unidades patrimoniales a nivel nacional que había a pesar de sus restricciones económicas también ha sufrido la pérdida de documentación.

“Teníamos uno de los mejores catálogos de inventariación de bienes patrimoniales y hasta el momento no se sabe ni dónde están los archivos”, lamenta.

El arquitecto especialista en patrimonio siempre buscará la recuperación del bien patrimonial  dentro de su sistema constructivo original y que cumpla una función; es decir, sea útil para el propietario o para quienes reconocen este bien como patrimonio.

“Una de las principales recomendaciones que hace la Unesco es que podemos valorar la estética, podamos valorar la historia, pero si un patrimonio no es utilizado y no es un bien aprovechable, no tiene sentido conservarlo. Ese bien patrimonial puede ser utilizado, reutilizado mediante procedimientos de refuncionalización”, explica.

La presidenta de la Sepac también llama la atención sobre la funcionalidad del Fondo Concursable Municipal de Promoción al Desarrollo, Salvaguarda y Difusión de las Culturas y las Artes (Focuart) que permitió durante la gestión de Revilla, implementar varios proyectos destinados a la cultura y al patrimonio, que actualmente no están en curso.

“Con el Focuart se permitió de modo acelerado el cambio de sistema eléctrico, que es uno de los principales problemas del centro histórico, se podía modernizar todo el sistema de cableado del sistema de telecomunicación, telefonía, electricidad, con una eficiencia y rapidez increíbles porque se contaba con el apoyo de un fiscal de obras”, señala.

“Estamos perdiendo el centro histórico”


“Estamos perdiendo el centro histórico de La Paz”, lanza la advertencia la arquitecta Camacho, quien afirma que el problema del casco viejo es muy complejo porque involucra a la infraestructura, a la normativa, a la actualización del sistema urbano, al derecho propietario, entre otros aspectos.

“Estamos en una situación crítica no solo en la Paz, sino en toda Bolivia. Los centros históricos se están perdiendo. Hace poco teníamos una reunión muy importante con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) porque había un proyecto muy interesante para hacer intervenciones en los grandes caserones, para reutilizar esos espacios haciéndolos refuncionales para módulos de vivienda para gente joven, para hacer garzoniers de bajo costo y de alta calidad de habitabilidad”, explica.

Sin embargo lamenta que a esa reunión haya sido delegada por parte del Ministerio de Vivienda que desconocía todo sobre el centro histórico de La Paz y su patrimonio arquitectónico, o que Cochabamba o Santa Cruz tuviesen también su centro histórico.

“Esta persona solo hablaba de Sucre y Potosí; es terrible que un funcionario del Estado no tenga los conocimientos y la altura para responder a una entidad como el BID, que esté viniendo a ofrecer ayuda, y si no eres capaz de ofrecer información correcta vas a perder esos recursos”, apunta.

Sin embargo, afirma que desde el Sepac se detectó como un “cáncer histórico” a la ausencia del derecho propietario.

“Uno de los grandes problemas que se tiene en el centro de La Paz es que el derecho propietario en el área patrimonial no está claro, hay inquilinos que están ocupando casas desde hace muchos años y no quieren salir, hay procesos judiciales de inquilinos que quieren quedarse con casas antiguas, cuando los propietarios no están o no tienen papeles, y eso no es solo un problema de Bolivia, es algo muy común en Latinoamérica”, afirma.

Las casas antiguas –dice- no tenían documentación de derecho de propiedad, por lo que se identificaron caserones enormes que tienen papeles de contratos de alquiler o anticrético, pero no hay mayor documentación.

“Algo que nos ha llamado la atención es que la población de la ciudad se ha cuadruplicado a partir de 1900, pero jamás se hizo una ampliación de redes de alcantarillado. Hay calles que mantienen alcantarillados de la época de la Colonia, como la calle Jaén. No tienen sistemas de comunicaciones desarrollados que entren directamente a los inmuebles”, afirma.

Por el grosor de las paredes de las casas antiguas del casco viejo, la especialista señala que la señal de celulares no entra a la unidad habitacional, lo que implica que se debe ingresar a la casa con cables y acoplar distintas repetidoras para que haya señal.

“Debemos trabajar mucho esa parte, en el acondicionamiento de los bienes patrimoniales; y la restauración tiene que ver con un equipo multidisciplinario. La renovación de estos sistemas en el centro histórico permitirá limpiar los cables, las telarañas, y también minimizar los riesgos. Cuando hay problemas de corto circuito es porque todos los sistemas están yendo de manera superficial y algunos se han implementado de modo muy instintivo”, afirma.

A los problemas ya identificados, Camacho añade uno de los más complejos, el de la inseguridad ciudadana y afirma que el centro histórico se ha convertido en una zona roja de peligro. “La gente prefiere no ir al centro porque es un área de peligro, las partes turísticas están ausentes. La pandemia ha provocado un daño irreparable”, sostiene.

“En la anterior gestión de la Alcaldía que contaba con personas muy capacitadas en patrimonio, decían: no sirve de nada hacer políticas de restauración en algunos bienes porque de 24 casas proyectadas para una restauración, apenas nueve tienen el derecho propietario consolidado, el resto está peleando y matándose por quedarse con una unidad habitacional ”, asegura.

Al respecto dice que es necesario crear una instancia encargada de realizar estudios de caso para cada unidad habitacional y empezar a dar solución porque las casas se van a caer sobre las personas que viven en ella, antes de que haya un fallo judicial.

“No quieren ceder derecho propietario y lastimosamente la justicia boliviana es una pena porque hay juicios de muchos años sin solución y nuevas generaciones heredando litigios”, cita.

La Casa Grande del Pueblo y la vulneración de normas

Con la construcción de la Casa Grande del Pueblo en el Gobierno de Evo Morales, las normas municipales de protección del casco histórico de La Paz fueron vulneradas por el poder político, que dio otra herida de muerte, con la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ambos en el primer manzano de la plaza Murillo.

“La Casa Grande de Pueblo estaba emplazada sobre la casa del encastre que era la casa parroquial que conformaba el circuito de la Catedral Metropolitana y su casa parroquial. Tradicionalmente las iglesias antiguas en el centro histórico siempre colindaban con una casa parroquial, con un convento, es una tipología clásica del centro histórico”, explica.

La casa pasa a custodia del Arzobispado que la vende. Pero a pesar de tener catalogación, la arquitecta observa que con un decreto supremo es sujeta a demolición. “Se pasó por encima de la normativa municipal y lo mismo pasó con el edificio de la Asamblea Legislativa que se construyó dónde estaba construida la antigua Casa York que tenía ficha de catalogación de la Alcaldía, y estaba en un estado de conservación bastante bueno”, indica.


Durante el proceso de desarme de la Casa York del que participó Camacho, se recuperaron varios elementos arquitectónicos como balcones de cajón, hechos en herrería,  escalera traída desde Francia y otros elementos arquitectónicos que daban cuenta de la importancia de la casa.

“Como colindaba con la Iglesia de Loreto había una puerta colonial, que conectaba con la antigua Loreto, e igual fue sujeta de demolición. Lo propio con la antigua sede del magisterio rural que era de la época republicana, igual fue demolida para hacer el edificio. ¿Qué es más importante, la identidad cultural e histórica o mostrar presencia gubernamental y perder los valores estéticos del centro de la ciudad?”, cuestiona.

Observa que la Ley de Patrimonio 530 de 2014 aún no cuente con reglamento. Aunque la norma establece en algunos capítulos que el Gobierno debe propiciar recursos económicos para fomentar la recuperación, preservación y salvaguarda del patrimonio, no se establecen los mecanismos.

“Lo mismo, hay una ley municipal basada en un estudio de 1970 de la arquitecta Teresa Gisbert, que hasta la fecha no ha sido actualizada y mejorada, como sucede en otros países. Una de las políticas de salvaguarda y fomento mejor logradas por la Alcaldía, es el Focuart, cuyos recursos provienen de fondos independientes al presupuesto anual. Este año, la Alcaldía ha recortado el ítem más importante de Focuart que era para la recuperación arquitectónica”, informa.

La especialista observa vacíos legales en la norma de protección y preservación del patrimonio histórico y esto salió a relucir cuando un joven aimara atentó contra la estatua de Cristóbal Colón. Sugiere que debería establecerse multas de hasta tres veces el costo de la reparación de la pieza afectada.

Para agravar la precaria situación de la conservación patrimonial, Camacho señala que en el país no hay especialistas en la recuperación de pétreos tan finos como el mármol de carrara, ni tampoco tenemos los elementos químicos para poder cuantificar el costo de restauración de la escultura.

“Hay un vacío legal en la normativa y un vacío técnico muy fuerte. No tenemos el personal técnico especializado para hacer este tipo de trabajo, no solo en la Alcaldía, en el Ministerio de Culturas buscamos el 2019 laboratorios para hacer estudios de estratigrafía y cromatografia para una intervención en la calle Melchor Jiménez y nos dimos cuenta que el Ministerio de Culturas había cerrado los laboratorios”, afirma.

No solo eso, se dieron cuenta que la única bioquímica especializada en estudios de estratigrafía y cromatografia en todo Bolivia había fallecido el año pasado con Covid-19.

En medio de este panorama desolador para el patrimonio arquitectónico, lamenta que hace unos días como parte de las fiestas julianas, una empresa constructora que está haciendo 15 edificios sin tener un solo plano aprobado haya sido condecorada por el Concejo Municipal. “Pero igual está haciendo la venta de departamentos, garzoniers y locales comerciales cuando no tienen planos aprobados”, acota.

Harold Alberto Lora Seoane, socio propietario de la constructora Las Loritas, cuestionada por diputados nacionales por violar las normas municipales de construcción en La Paz, fue condecorado con el galardón “Prócer Pedro Domingo Murillo” en la sesión de honor del Concejo paceño, el 16 de julio, por los 213 años de la revolución de 1809.

BD JMC



FIE-BANNER--BRUJULA-DIGITAL-1000X155-PX_1
FIE-BANNER--BRUJULA-DIGITAL-1000X155-PX_1


GIF 2 vision-sostenible-gif-ok
GIF 2 vision-sostenible-gif-ok

Deportes

bk-cuadrado
bk-cuadrado