Relator de la ONU que observó uso desmedido del mercurio en Bolivia participará de taller

Brújula Digital|06|12|21|

El relator de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y Derechos Humanos, Marcos Orellana participará del taller “Mercurio para la minería del oro y vulneraciones al medio ambiente y los DDHH” que se realizará en el Aparthotel, Camino Real de la ciudad de La Paz. 

Orellana junto al relator de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Cali Tzay, han hecho llegar al Estado boliviano una “Carta de Alegaciones” sobre la situación de vulneración de Derechos Humanos por el uso irregular de mercurio en país.

El Relator sobre sustancias tóxicas y Derechos Humanos explicará las vulneraciones a los DDHH en relación al uso del mercurio y atenderá consultas de los medios de comunicación al promediar las 9.30 horas vía virtual.

En la carta enviada al Estado boliviano, los Relatores de NNUU expresaron “profunda preocupación por el incremento desmedido en la importación y uso de mercurio en Bolivia, con sus consecuencias graves en el medioambiente, la salud de las personas, el efecto desproporcionado de la contaminación sobre el territorio indígena, y la vida y la salud de los pueblos indígenas”

Calificaron de preocupante la aprobación de normas para fomentar la actividad de explotación aurífera a pequeña escala en el país, con los graves impactos que dicha actividad conlleva por la contaminación con mercurio.

Además, mencionaron como “alarmante” que Bolivia hasta el día de hoy no cuente con una regulación específica y efectiva para controlar adecuadamente la importación, comercialización y uso del mercurio.

Finalmente, indican como “altamente preocupante el tráfico ilícito de mercurio desde Bolivia a otros países de la región”.

Las Cartas de Alegaciones son instrumentos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos donde solicitan información a los Estados y expresan su preocupación por información recibida sobre violaciones a los derechos humanos. De acuerdo a procedimientos establecidos, el Estado boliviano tenía 60 días para contestar, sin embargo hasta la fecha la Relatoría no ha recibido respuesta.

Independientemente de las respuestas, los relatores instan al Estado boliviano “que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas [además] que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan”.

Esta alegación es una respuesta a la denuncia presentada en agosto por el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN) en coordinación con Reacción Climática. 

BD