Piden bajar de $us70.000 a $us3.000 el valor a la mercadería ilegal para declarar delito penal

Brújula Digital 24|11|2021

El gobierno debería bajar de 70.000 a 3.000 dólares la cuantía del tráfico de mercadería ilegal para castigar a los infractores con penas privativas de libertad, lo que implica reformar el valor de las UFV que en la actualidad fija en 200.000, para declarar contrabando, planteó el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Oscar Mario Justiniano.

La petición lo que hizo fue revitalizar una solicitud anterior que hicieron los empresarios cuando plantearon la urgencia de hacer cambios a las UFV que tipifican como contrabando de mercaderías en el Código Tributario.

Es decir, una medida que podría contribuir a diezmar la actividad del contrabando tiene que ver con reducir de 200.000  a 10.000 UFVs, la cuantía de la evasión fiscal por evasión tributaria, para castigar con pena de privativa de libertad al tráfico ilegal mercadería, planteó el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Oscar Mario Justiniano.

“…nosotros estamos planteando en 10.000 UFV. ($us3.000) para tipificar el contrabando para considerarlo un delito…”, afirmó Justiniano.

Mencionó, por ejemplo, que en países vecinos como el Paraguay, la Argentina, Chile e incluso el Brasil, la cuantía para tipificar como delito al contrabando está en un rango que de entre $us500 a $us3000.

Sin embargo en Bolivia para declarar delito penal la cuantía debe llegar a $us70.000, recalcó el ejecutivo empresarial.

La posición fue secundada por el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic, que exigió aplicar la medida, urgentemente.

Dejar hacer, dejar pasar, mientras no exista una ley

Sobre la posibilidad de hacer cambios al régimen tributario, la presidenta de la Aduana, Karina Serrudo, fue tácita cuando señaló que no es competencia de la entidad “…la creación o supresión de tributos…”

Dejó, en este sentido, la responsabilidad de aprobar cualquier modificación al Código Tributario, a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que deberá aprobar una ley para que puedan aplicarla con todo el rigor que disponga.

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Pedro Vargas, fue más explícito cuando anticipó a este medio que el gobierno está trabajando en decisiones fiscales que tiene que ver con hacer “modificaciones al Código Tributario en el capítulo referido a tipificar al tráfico ilegal de mercaderías como delito penado con la cárcel”.

“Estamos trabajando en ese sentido, habrá sorpresas con anuncios de reformas tributarias”, adelantó.

La ley vigente sanciona con cárcel solo cuando captura mercadería por un valor de 200.000 UFV, el equivalente, aproximadamente un millón de bolivianos, algo que es imposible que suceda, apuntó el líder empresarial.

“Hay una disposición en el Código Tributario que dice que a un monto mayor a 200.000 UFV (mayor al millón de bolivianos) es sancionado con cárcel, es decir, la persona natural o jurídica tendría que estar llevando, por ejemplo, cuatro tráileres de cerveza para ir a presión”, ilustro el ejecutivo para mostrar la poca efectividad que tiene.

“Hay que cambiar esa disposición urgente”, sugirió el empresario que la mañana de este miércoles volvió a denunciar que el tráfico de mercaderías “está triturando la producción nacional” en medios locales de la capital.

Según Blazicevic, las reformas deberían también alcanzar al Impuesto Directo al Consumo (ICE) “modernizándolo, por ejemplo, aplicando un código de barras electrónico”, propuso.

Mucho más directo, el diputado Mario Roca por Comunidad Ciudadana y exdirector del SIN en el gobierno del expresidente, Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), propuso una reforma integral a la política monetaria y fiscal en el Estado.

Pero ¿cómo será posible abordar una reforma integral a la estructura fiscal del Estado?, preguntó este medio.

Para absorber la consulta, el legislador planteo tres ejes que debería abordar está política nacional: “el primer eje es saber cómo recaudamos los impuestos, el segundo, cómo distribuimos esa recaudación y tercero, cómo lo gastamos”.

“Hasta ahora los tres ejes están mal, es decir, no sabemos lo que hacemos”, apuntó Roca a modo de reflexión.

Incentivos fiscales

A su turno el presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), Fernando Hurtado, exigió la urgencia de aprobar incentivos fiscales a la formalización para tener una base de emprendimientos cada vez más amplia, que aporte con impuestos y con empleos.

Pidió asimismo reemplazar la fiscalización tributaria que ejerce a empresas formales en centros urbanos, con el despliegue de actividades similares en los cordones fronterizos que tiene el Estado con varios países circunvecinos.

“Necesitamos equidad, que los esfuerzos no se vayan solo a fiscalizar y sobre regular a quienes ya tributan”, afirmó.

Para la Cámara de Industrias, Comercio y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), la actividad económica informal es aquella que (sin incurrir en la criminalidad) se aparta del marco legal-regulatorio e incumple obligaciones con sus trabajadores (seguridad social, industrial) y con el Estado (fisco).

En este sentido la entidad empresarial señala que Bolivia es el país con mayor grado de informalidad en la región y el mundo.

En este sentido, por ejemplo, el 85% de las actividades económicas no tributan al fisco y llega al 83% la población Económicamente Activa (PEA) que carece de seguridad social de largo plazo, mencionó la CAINCO.

Drenaje de divisas que no llegan al Estado

Para la Cámara de Industrias, Comercio y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), la actividad económica informal es aquella que (sin incurrir en la criminalidad) se aparta del marco legal-regulatorio e incumple obligaciones con sus trabajadores (seguridad social, industrial) y con el Estado (fisco).

En este sentido la entidad empresarial señala que Bolivia es el país con mayor grado de informalidad en la región y el mundo.

Por ejemplo, el 85% de las actividades económicas no tributan al fisco y la población Económicamente Activa (PEA) que carece de seguridad social de largo plazo llega al 83%, mencionó la entidad empresarial.

El drenaje de recursos que resta la informalidad a la economía es significativo.

Según la CAINCO en la actividad industrial alcanza los $us330 MM, Servicios $us1.006 MM, mientras que en comercio llega a los $us931 MM.

En total las actividades informales quitan al erario nacional ingresos estimados en $us2.267 MM, precisó datos la entidad empresarial.

Para formalizar las actividades económicas, la CAINCO propone la aplicación de incentivos fiscales que podrían traducirse en: reducir el Impuesto a las Transacciones a su máxima expresión en la cadena de alimentos, instando al gobierno a la promulgación de una ley específica como mecanismo para desincentivar la actividad informal y el contrabando de productos alimenticios.

La entidad empresarial también planteó la necesidad de gestionar la modificación de las normativas municipales, con la finalidad de que las alcaldías, suspendan la licencia de funcionamiento, clausuren temporalmente y/o multen a los comerciantes ante el descubrimiento de alimentos sin registro sanitario, por ende, de contrabando.

El legislativo, dice que espera una propuesta consensuada

Quién sin embargo dejó sentando que por ahora no existen planes para mirar cambios al Código Tributario, fue el presidente de la Comisión de Política Económica, Omar Yujra de filas del MAS-IPSP, para quién está opción aún debe ser analizado y propuesto por el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, el Servicio Nacional de Impuestos Nacionales y el Viceministerio de Política Tributaria.

¿Por qué no existe una reforma puntual a las 200.000 UFV para combatir el contrabando, es decir, reducirlo por lo menos a 50.000 UFV para que el tráfico ilegal de mercaderías pueda ser considerado delito?, preguntó este medio al diputado.

“El viceministro de Lucha contra el Contrabando, tendrá que pronunciarse al respecto”, respondió el parlamentario oficialista a pesar que tiene la responsabilidad de proponer reformas y leyes en el Estado, no así una entidad del Órgano Ejecutivo.

Ante la insistencia de este medio de solicitar una posición oficial al respecto, Yujra dijo que la lucha contra el contrabando no pasa solo por modificar las 200.000 UFV, sino que, el gobierno ésta asumiendo otras medidas adicionales destinadas a la reactivación y reconstrucción de la economía.

“Lo que debemos hacer es analizar el tema, mirar todas las aristas, problemas que hay en este momento, proponer y debatirlo cuando corresponda”, dijo.

BD/EMV