Ministro califica al paro de “atentado de las élites” y el Conade llama a combatir ley de “persecución política y económica”

Brújula Digital|11|10|21|

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro calificó de “atentado de las élites” al llamado de paro cívico para este lunes en contra del proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales, mientras que desde el Comité Nacional de Defensa de la Democracia  (Conade) se llamó a combatir la norma de “persecución política y económica”.

“Perderíamos 112 millones de dólares si se efectiviza de manera contundente  (el paro). Basta que a un boliviano se le violente sus derechos de generar sus ingresos diarios (…). Es un atentado de las élites porque seguramente piensan que la promulgación de esta ley va a develar que muchos de ellos tienen ganancias ilícitas”, dijo a primera hora en RTP.

Según el titular, hay sectores que “metieron” la idea de que se fiscalizará a todos los sectores, pero que gracias a las reuniones de socialización con gremiales, pastores evangélicos y transportistas, estos entendieron el alcance de la norma y no se unieron al paro convocado por los comités cívicos y otras plataformas ciudadanas. “Por lo tanto, creían que iban a ser investigados, y se explicó que no son sujetos obligados, que son argumentos extremos”, señaló.

Por su parte, el vocero del Conade, Manuel Morales recordó que se enviaron sendas solicitudes tanto al Gobierno como al Legislativo, para que retire de la agenda parlamentaria el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales, que en otras palabras es una norma para la persecución política y económica.

“A través de sendos oficios hemos solicitado a la Policía que se garantice la paz social, que quienes bloqueen y aparecen grupo de choque del MAS es mejor retirarse, no queremos ir al enfrentamiento, es una fiesta democrática y pacífica (…). Exigimos respeto y se debe garantizar que la jornada sea pacífica, para que circule la prensa, las ambulancias somos un movimiento cívico ciudadano disciplinado”, sostuvo.

Morales insistió que el Gobierno usa el argumento de que el Grupo de Acción Financiera llegará el mes de noviembre a calificar al país y que Bolivia corre el riesgo de volver a las listas rojas en seguridad financiera, para introducir artículos inconstitucionales que vulneran todo principio de debido proceso y de presunción de inocencia.

A criterio de Carlos Borth, el problema que se atraviesa con la discusión de esta polémica norma es que “se aprovecha esta obligación, algunos personeros deciden aprovechar esta necesidad para introducir excesos gubernamentales, excesos estatales que podría tener sobre la vida cotidiana sobre el escenario político”.

El experto en legislación dijo que es un error incluir en la ley a los “sujetos obligados” al personal de confianza como abogados, contadores y otros, lo cual viola todas las normas del ejercicio profesional.

“Darle a la Unidad de Investigaciones Financieras atribuciones para bloquear cuentas, incautar bienes orillando al margen del sistema judicial, todos estos excesos develan que deciden aprovechar esta oportunidad para introducir mecanismos que les sirva para perseguir a personas, violando derechos y poniendo en riesgo la seguridad jurídica”, manifestó a radio Panamericana.

Alertó que en un país como Bolivia donde más del 80% de las actividades económicas son informales, con la nueva ley como está, sólo se desincentivará a la formalidad y legalidad.

BD