Exministro de Evo: La renta al Estado por la extracción de minerales no llega al 10%

Brújula Digital |17|10|2021|

Hasta fin de año empresas públicas y privadas dedicadas a la extracción de minerales, entre los que cuenta el oro, exportarán metales por un valor de 5.000 millones de dólares, pero de estos millonarios ingresos, la renta para el Estado no llegará ni al 10%, denunció el exministro de Minería del gobierno del expresidente, Evo Morales (2006-2019), José Pimentel.

“Para este año está previsto más de 5.000 millones de dólares frente a los 2.800 millones de dólares que generarán los hidrocarburos. Esta noticia sería buena si beneficiara al país, pero la renta al Estado en hidrocarburos es del 82%, mientras en minería no llega al 10%”, apuntó la exautoridad que manejó la industria minera y también administro la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL).

La descripción que realiza sobre la renta minera al erario nacional es más dramática cuando señala que las Reservas Internacionales Netas (RIN), reciben contribuciones para crecer solo de tres áreas productivas nacionales: “Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la fundición de estaño de Oruro y las remesas de compatriotas que viven en el exterior”.

El resto de las divisas que genera el país, por ejemplo, la explotación de minerales, el oro fundamentalmente, sale al exterior, pagando impuestos mínimos, asegura Pimentel en una columna que publicó bajo el título de “Aprovechamiento del oro: ¿quimera o realidad?”

“Al fugarse del país (divisas y minerales caros), la acumulación se da en el exterior. Recordemos que Patiño hizo su imperio en Europa y Estados Unidos, con bancos, fundiciones y minas —en Bolivia introdujo enclaves modernos para explotar las minas—, todo financiado por el estaño boliviano”, rememoró en el escrito.

El oro genera riqueza que no contribuye al Estado

Según Pimentel, el caso del oro es muy especial. Sucede que las minas nacionalizadas en la provincia Larecaja de La Paz nunca pasaron al Estado: la fuerza social y los intereses particulares fueron más fuertes, sin embargo se mantuvo un control en el área de la comercialización con el Banco Minero.

Esta situación cambió con las medidas neoliberales de la libertad de comercialización de los minerales, que cerraron el banco y dieron vida a las comercializadoras de minerales, ligadas a las transnacionales, indicó.

En este sentido mencionó que la Ley 1777, del 27 de marzo de 1997, suprimió la regalía minera y creó el Impuesto Complementario Minero (ICM), que era acreditado al Impuesto de Utilidades de las Empresas (IUE) fijado en 25%.

La misma ley estableció la alícuota de ICM, en función de una escala de precios, el límite máximo para el oro era de $us 700 por onza troy, debiendo pagar una alícuota máxima del 7% sobre el valor del oro, explicó el exministro.

Esta situación cambio durante el gobierno del expresidente, Morales. En 2007, repuso la regalía minera, suprimiendo el ICM, y estableció la alícuota adicional al IUE en épocas de precios altos, señaló.

A pesar de la Ley, las cooperativas pagan solo la regalía minera; además se estableció la categoría de oro marginal y producido en pequeña escala que paga solo 2,5%, precisó datos el exministro.

Pimentel señala que la actual Ley de Minería No. 535 mantiene la situación sin cambios.

“La ausencia de una reglamentación impide determinar qué es oro marginal y cuál el rango de la producción de pequeña escala. Todas las cooperativas auríferas se benefician de esta situación y las empresas buscan convertirse en cooperativas”, alertó.

Coincidente con está posición, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), señala en un extenso documento que elaboró sobre la minería en Bolivia que los mineros cooperativistas juegan un papel decisivo para la generación de divisas y movimiento económico en la actualidad.

“En 1997 había 816 cooperativas registradas y en el año 2018 llegaban a 1.816 cooperativas legalmente establecidas. Según la Gobernación del Departamento de La Paz, al menos 1.300 cooperativas se dedican a la explotación de oro y están desarrollando sus actividades con periodicidad motivados por la cotización alta”.

Para el Cedla, es innegable que el efecto de las cooperativas dentro de la producción es cada vez más significativo.

En 2012, cuando la producción nacional fue de 12 toneladas de oro, el sector cooperativo tuvo una participación del 85%, pero en 2018 las cooperativas aportaron el 99% de la producción, disminuyendo los siguientes años al 97% y al 94%.

Sin embargo este casi monopolio del sector cooperativo aurífero no tiene correspondencia con su tributación, apunta la entidad privada.

En 2020 el valor de producción del oro alcanzó a 1.263 millones de dólares y las regalías fueron de 34

millones, vale decir el 2,7%.

El problema de esta baja recaudación radica en la Ley 535, promulgada por el gobierno del MAS, que toma los parámetros fijados por la Ley 1777 de Gonzalo Sánchez de Lozada con “techos” que no se pueden traspasar, subraya el documento.

Los “techos” fijados perjudican al país porque significan pérdida para el Estado en la explotación del oro y de otros minerales que tienen fijados precios máximos que son menores a las actuales cotizaciones, apuntó el informe del Cedla.

BD