BOA desvío fondos, subió gasto de operación y sus utilidades cayeron de 50 MM a Bs 4 MM

Brújula Digital|04|12|19|

El Gobierno reveló que los exejecutivos de la estatal Boliviana de Aviación (BOA) desviaron recursos económicos, que estaban destinados para la renovación de su flota de aviones, para financiar el incremento de los costos de operación, además las utilidades de la empresa aérea cayeron de 50 millones de bolivianos en 2016 y a cuatro millones el año anterior.

El ministro de Obras Públicas -antes de ser posesionado como ministro de la Presidencia- Yerko Núñez, denunció el martes que las exautoridades ocultaron un informe en el que se desvela el desvió de recursos de las Reservas Internacionales del Estado (RIN) para financiar los gastos de operación y el incremento de los costos de operación de la empresa estatal.

Precisó que la anterior gerencia de la empresa estatal uso más del 35% de los 121,8 millones de bolivianos (17,5 millones de dólares), que recibió del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro) -dependiente del Banco Central de Bolivia- para la renovación de su flota de aviones en la compra de repuestos.

Este crédito fue autorizado el 23 de agosto de 2019 mediante el Decreto Supremo 4024, que señala que los recursos debían utilizarse para la ejecución del proyecto “Incentivo al Desarrollo Turístico a través de la renovación y modernización de la flota de aeronaves”.

Lo llamativo es que el informe, que revela estas irregularidades, se hizo en abril de este año, cuando el anterior Gobierno dirigía las riendas del país. La auditoría fue encargada por el exministro de Obras Públicas, Óscar Coca, pero recién fue desvelado en la actual gestión.

Las irregularidades detectadas

Según Núñez, la primera irregularidad detectada es el  incremento de 161 millones de bolivianos en los gastos operativos registrados entre 2017 y 2018, mientras que en el mismo lapso  los ingresos sólo crecieron en 80 millones.

La  segunda  irregularidad denunciada se refiere a los contratos de catering suscritos por la empresa, en los que se advierten deficiencias en los procesos de contratación en 2016, 2017 y 2018. El informe identificó varias omisiones en los procesos de contratación, como la eliminación de algunos requisitos del tipo lista de costos unitarios de los productos ofrecidos y la falta de las causales para la descalificación de propuestas, entre otros.

La tercera irregularidad se refiere al pago de alquiler de una aeronave siniestrada.  En enero de 2019 concluyó el contrato de arrendamiento de la aeronave CP-2815, por siniestro; sin embargo, se verificó que BOA continuó con el pago del alquiler de la nave a la empresa WSA Sverige hasta llegar a un monto de 4,1 millones de bolivianos.

La cuarta anomalía, según el informe, da cuenta que al tener las naves de BOA entre 15 y 25 años de antigüedad, los costos de mantenimiento se encarecen demasiado. En 2018, solo para la reparación y mantenimiento de aviones, se destinaron 243,3 millones de bolivianos, lo que equivale a un 76% del presupuesto asignado para esta tarea, 321,1 millones de bolivianos.

La quinta anormalidad se refiere al mal uso de recursos del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro), en principio destinados a la renovación de la flota de la aerolínea, los cuales ascendían a 17,5 millones de dólares (121 millones de bolivianos) y de los cuales el 35% fue destinado a la compra de repuestos.

Caen las utilidades de Bs 50 MM a 4 MM

Entre 2016 y 2018, las utilidades de BOA cayeron de 50 millones de bolivianos a sólo cuatro millones, de acuerdo con los datos del Informe de Auditoría Interna  025/2019 del Ministerio de Obras Públicas. El informe detalla que en 2016, las utilidades de BOA alcanzaron los 50,5 millones de bolivianos, mientras que en 2017 éstas llegaron a los 24,6 millones; y, en la gestión 2018 el resultado del ejercicio dejó 4,1 millones de bolivianos.

Núñez informó de que remitirá el documento a la nueva gerencia de BOA para que inicie una auditoría operacional. Además, se instruyeron acciones administrativas y judiciales contra ex ejecutivos, personal operativo y miembros del directorio, que aprobaban los informes.

Fuentes: Página Siete y El Deber