Banca ve intereses políticos en diferimiento del pago de créditos porque afectará a la economía

Brújula Digital |13|08|20|

Las entidades financieras del país rechazaron este jueves el proyecto de ley de diferimiento del pago del deudas bancarias hasta diciembre, sancionado el miércoles por el Senado, controlado por el MAS, advirtieron que fue aprobado con “criterios políticos”, “ampliará la crisis sanitaria y económica”, pondrá en “riesgo” el sistema financiero, afectará la reactivación económica y la creación de nuevos empleos en el país. Pide que se evalúe el impacto en la economía del país.

“Esta Ley ha sido sancionada con criterios políticos y electorales de corto plazo, sin tomar en cuenta el ordenamiento jurídico y constitucional, ni sus potenciales efectos. Esta determinación ampliará la crisis sanitaria y económica, la que pondrá en riesgo no sólo al sistema financiero nacional, que se constituye en un pilar fundamental de la salud del Estado, sino también a la economía de las empresas y personas, quienes tendrán ahora, más que nunca, necesidades de apoyo financiero para superar la crisis en la que se está sumiendo a nuestro país”, señala un comunicado por la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (Finrural), la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin) y las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Piden al Gobierno evaluar la norma sobre el impacto en la economía del país. “Convocamos a las autoridades nacionales a evaluar responsablemente el impacto de esta ley y a actuar deponiendo otros intereses que no respondan a precautelar el bien mayor que constituye la estabilidad económica y financiera del país”.

La Cámara de Senadores sancionó la ley que ordena el diferimiento de pago de créditos bancarios hasta del 31 de diciembre de 2020. La norma ha sido resistida por el Gobierno, que señala que pondrá en riesgo la estabilidad del sistema financiero, además calificó de “imprudente” y “demagógica”, porque tendría efectos negativos en el sistema financiero nacional.

Las entidades financieras del país también alertan que la norma aprobada por el MAS en el Senado tendrá repercusión en la reactivación económica del país. “Es importante recordar que el sistema financiero nacional cumple una doble función al preservar y proteger los ahorros del público y, a su vez, inyectar dichos recursos en la economía a través de la otorgación de préstamos con criterios de prudencia. La ley sancionada afectará considerablemente la capacidad de apoyar la reactivación económica y generación de empleo, tan necesarias para superar la crisis que aqueja a la población”, añade el comunicado.

Una ley anterior establecía un plazo de suspensión de seis meses tras la finalización de la emergencia sanitaria, pero la ASFI y el Ministerio de Economía emitieron resoluciones contrarias y establecieron que el diferimiento fuera solo de un trimestre. Esta situación al parecer motivó al MAS a aprobar una nueva ley: “Las entidades de intermediación financiera que operan en territorio nacional, deben realizar el diferimiento automático del pago de las amortizaciones de crédito a capital e intereses, y otro tipo de gravámenes del sistema crediticio nacional, desde la Declaratoria de Emergencia por la Pandemia del Coronavirus (COVID-19) hasta el 31 de diciembre de 2020”, dice uno de los artículos del nuevo texto.

Asoban, Finrural, Asofin y las Cooperativas de Ahorro y Crédito afirman que “durante los últimos meses las entidades de intermediación financiera han atendido favorablemente las solicitudes de diferimiento y reprogramación de aquellos prestatarios que, producto de la emergencia sanitaria, tienen dificultades en cumplir con sus obligaciones, priorizando preservar la salud económica y financiera de sus clientes”.

Las empresas y personas, explica, “no solo requieren del diferimiento de cuotas, sino de reprogramaciones, refinanciación y la inyección de nuevos recursos para reactivar sus actividades económicas, lo que se logra recuperando préstamos de quienes cuentan con capacidad de pagar, y destinando esos recursos hacia quienes han visto afectada su capacidad en esta coyuntura”.