Amplían investigación a exministro Guillén, piden congelar cuentas y anotar bienes de Arce por caso software

Brújula Digital |09|09|20|

El Gobierno amplió este miércoles la investigación al exministro Mario Guillén y dos exautoridades de rango menor, por la compra de un software, por el que se pagó más de tres millones de dólares y que nunca llegó al país, además pidió el congelamiento de cuentas y anotación preventiva de bienes de Luis Arce, actual candidato presidencial del MAS, que autorizó esa compra en 2017.

“Hemos ampliado la denuncia dirigida a Luis Arce a Mario Guillen, también exministro de Economía, Patricia Miraval, exdirectora de la Autoridad de Pensiones y Seguros, y el señor Óscar Ferrufino, exviceministro de Pensiones y Sistema Financiero, por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica”, informó el viceministro de Transparencia, Guido Melgar.

De acuerdo con una auditoría de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, el exministro Arce autorizó a través de la resolución del directorio 003/2017 el proceso de contratación de la panameña Sysde. El informe estableció que el contrato fue por 5,1 millones de dólares para la provisión de un software de administración del Sistema Integrado de Pensiones. El informe final precisa que Sysde ofreció el software de AFP Futuro, pero esta AFP, una de las administradoras de pensiones, “no dio su aval para utilizar sus códigos fuentes, por lo que dolosamente introduce en el contrato el concepto de ‘otro de calidad idónea’ con el fin de usar la base de otro software de otro país”.

La auditoría indica que “se pagó el 59% del monto del contrato por $us 3,05 millones (por concepto de licencia y otros productos menores no relevantes). El software nunca fue entregado de acuerdo con el contrato”, señala el informe.

Melgar dijo que “hemos solicitado al Ministerio Público que, al amparo de lo establecido por el procedimiento penal, proceda al congelamiento de las cuentas de estos señores –Luis Arce, Mario Guillen, Patricia Miraval y Óscar Ferrufino– y a la anotación preventiva de sus bienes”.

“Estos señores han impedido el funcionamiento de la Gestora. Recordemos que se contrata a la empresa Sysde para que provea el software para que funcione el seguro a largo plazo. Resulta que la empresa concluye con el software y necesitaba el soporte mecánico. Esta empresa remite innumerables notas a Luis Arce como al señor Guillen, y estos señores hicieron caso omiso”, aseveró.

En este caso se investiga la contratación que hizo el Gobierno del MAS de dos empresas, una panameña y otra colombiana, para la compra de un software con que se debía migrar la base de datos de las AFP a la Gestora, sin embargo, no hubo resultados.

Melgar señaló esa empresa necesitaba el soporte mecánico para resolver el tema del software y remitió “innumerables” a Luis Arce y Mario Guillén, pero éstos hicieron caso omiso. Responsabilizó a los denunciados por la pérdida de los más de tres millones de dólares para el Estado, debido a esa situación con el contrato para el software.  “¿Quién va a devolver esa plata al Estado boliviano?”, cuestionó Melgar a tiempo de reiterar que se ha pedido la congelación de cuentas y anotación de bienes de los implicados.

En cuanto a la empresa colombiana, Heinsohn, que después debía estar encargada de desarrollar el software, la contratación fue suspendida por el Gobierno tras identificar anomalías en el convenio que era por 10 millones de dólares.

El informe de auditoría también menciona que Arce autorizó, a través de la resolución del directorio 013/2019, el proceso de contratación de la colombiana Heinsohn. El documento señala que “resuelto el contrato con Sysde, se contrata nuevamente la compra de un software con la empresa colombiana Heinsohn (…). La empresa ofrece la venta de un bien (software), pero el contrato establece que la empresa es propietaria del bien y la Gestora adquiere únicamente el derecho al uso (es decir, no es venta sino un alquiler del bien)”.

El informe agrega que “se incrementa el valor del software sin justificativo alguno en 114% con referencia al contrato con Sysde ($us 10,98 millones). El contrato, además del valor del software, incluye el pago anual por uso y mantenimiento del sistema y el código fuente ($us 1,68 millones). Este contrato fue firmado en medio de un conflicto social (23 de octubre de 2019) y se resuelve por las irregularidades manifiestas”.