Tras haber sido modificada en el Senado, Diputados aprobó la norma fuertemente resistida por organizaciones del rubro agrario.
Brújula Digital|26|03|26|
La Asamblea Legislativa Plurinacional dio vía libre a una ley que permitirá reclasificar la modalidad o clasificación de tierras agrarias.
Daniela Cabrera, presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, sostuvo este jueves al finalizar el tratamiento en el pleno de esta instancia: “habiéndose aceptado las modificaciones propuestas por la Cámara de Senadores, queda sancionada la presente ley. Remítase al Órgano Ejecutivo para fines consiguientes”.
Según un boletín de la Cámara Baja, “el proyecto de Ley 157/2023-2024 autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para la conversión de la clasificación de la pequeña propiedad titulada a propiedad mediana, de manera voluntaria y gratuita”.
Diputados aprobó el contenido por mayoría de votos, tras avalar modificaciones previamente efectuadas por la Cámara de Senadores.
Según la norma, la reconversión es un “procedimiento de actualización catastral, por el cual la o el titular del derecho propietario de la pequeña propiedad solicita por escrito de manera voluntaria al INRA, el cambio en la clasificación de su propiedad a mediana propiedad, sin más trámite que la solicitud escrita y una declaración jurada voluntaria”.
Observaciones
En las últimas semanas, diversas ONG y entidades de apoyo a la agricultura familiar, advirtieron de los peligros de la normativa.
El especialista en temas agrarios Álvaro Céspedes, ligado al Centro de Investigación y Protección del Campesinado (Cipca), sostuvo en un artículo: “esta ley representa uno de los retrocesos más graves y silenciosos del régimen de tierras en Bolivia desde la Reforma Agraria de 1953. Lejos de ser una mera actualización, sus críticos la señalan como el instrumento para una transformación estructural del régimen de tenencia, que desmantela protecciones históricas y allana el camino para una nueva fase de concentración de la tierra mediante su financiarización”.
Mientras tanto, la Fundación Tierra emitió un pronunciamiento institucional en el que advierte que la normativa “constituye un procedimiento excepcional injustificado, dirigido a beneficiar intereses particulares de propietarios de tierras que actuaron de mala fe en el proceso de saneamiento, por el uso indebido de la modalidad de pequeña propiedad para titular irregularmente medianas propiedades y propiedades empresariales”.
BD/MZS
