El rescate del cooperativismo exige un doble compromiso histórico: que el Estado cese su política de asfixia y reconociendo la naturaleza no lucrativa del sector, con plena participación de Fecotel y de las cooperativas.
Brújula Digital|25|03|26|
Eduardo Salamanca
Las cooperativas de telecomunicaciones en Bolivia no son simples empresas; son el testimonio vivo de un modelo económico de esfuerzo colectivo que, durante décadas, llevó conectividad a donde ni el Estado ni operadores privados se atrevieron a llegar.
Hoy, estos pilares del servicio público enfrentan una paradoja dolorosa: mientras la Constitución Política del Estado las consagra como actores esenciales de la economía plural, la realidad las somete a un exilio institucional, legal y tecnológico que amenaza su propia existencia.
Un cerco histórico: de la capitalización a la exclusión móvil
La crisis actual no es un accidente de la modernidad, sino el resultado de un diseño político orientado a la asfixia. Desde el proceso de capitalización en los años 90, el Estado boliviano configuró un mercado profundamente desigual. Mientras la entonces Entel capitalizada acumulaba casi veinte concesiones para operar todo tipo de servicios, las cooperativas fueron "mutiladas" regulatoriamente, siendo relegadas exclusivamente a la telefonía fija.
Este cerco estratégico se ha mantenido por décadas: se les ha negado sistemáticamente el acceso en condiciones de equidad a la telefonía e internet móvil. Al impedirles el acceso a frecuencias y licencias, el Estado no solo ha vulnerado el artículo 310 de la Constitución y el artículo 104 de la Ley de Cooperativas, sino que ha condenado a miles de asociados que con gran esfuerzo, pagaron su certificado de aportación, a un rezago tecnológico deliberado, privilegiando a actores transnacionales y protegiendo la ineficiencia de la empresa estatal, sobre el tejido social nacional.
A este escenario de exclusión se suma una práctica estatal recurrente y devastadora: la intervención discrecional de las cooperativas. En diversas épocas, bajo argumentos de supuesta "estabilización" o “ingobernabilidad”, el Estado ha intervenido estas entidades generando un perjuicio institucional, económico y tecnológico de proporciones incalculables.
Lejos de sanear las instituciones, estas acciones han servido a menudo como mamparas para actos de corrupción y desmantelamiento administrativo. El caso más emblemático y doloroso de esta política de intervención ha sido Cotel en La Paz, cuya institucionalidad fue fracturada reiteradamente, convirtiéndola en la principal víctima de un modelo que, bajo el pretexto de la fiscalización, terminó por asfixiar el patrimonio de sus asociados.
El quiebre financiero: la imposición salarial y la impunidad laboral
Durante el gobierno de Evo Morales, que mantuvo incólume la normativa restrictiva impuesta mediante la capitalización de las telecomunicaciones, el sector cooperativo fue adicionalmente sometido a una presión económica insostenible.
Se impusieron incrementos salariales que, en términos acumulados, superaron el 280 %, sin considerar la realidad financiera ni la capacidad presupuestaria de las entidades. Esta política, lejos de proteger al trabajador, quebró el equilibrio de las cooperativas y las dejó al borde de la inviabilidad.
A este estrangulamiento financiero se sumó una táctica de inmovilización administrativa: la negativa sistemática del Ministerio de Trabajo -por instrucciones gubernamentales- de aprobar los reglamentos internos de personal. Esta omisión deliberada dejó a las cooperativas desarmadas ante la indisciplina laboral, impidiendo que se asumieran medidas correctivas incluso ante actos delictivos dentro del entorno de trabajo. El resultado fue una cultura de impunidad que erosionó la autoridad administrativa y la eficiencia operativa.
AFCOOP: el rostro de la corrupción y el clientelismo
La situación se agrava con el rol de la Afcoop, entidad que debería fomentar el desarrollo cooperativo pero que se ha transformado en un obstáculo burocrático y foco de corrupción. La designación clientelar de su director general ejecutivo y sus funcionarios ha derivado en un cotidiano incumplimiento de deberes.
Es alarmante que trámites que por norma no deberían exceder el mes de duración, sean retenidos deliberadamente durante meses. Esta mora no es ineficiencia casual; es una herramienta de extorsión para obtener beneficios económicos ilícitos.
Las graves denuncias de corrupción y el manejo político partidario de la Afcoop han convertido a esta institución en un ente punitivo que ahoga a las cooperativas en lugar de protegerlas y que excede recurrentemente el marco de sus atribuciones, configurando un intolerable abuso que, en términos jurídicos, se expresa en resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
La erosión interna: sindicatos y la captura de la gestión
Finalmente, la vida sindical ha mutado en un factor de inestabilidad. En diversos casos, los sindicatos han desbordado sus competencias, actuando como un "poder detrás del trono" que depone gerentes o presiona para imponer perfiles afines a sus intereses. Esta injerencia sabotea el futuro técnico de las instituciones y expulsa el mérito y la calidad profesional, para sustentar intereses personales y de grupo.
A la par, los consejos de administración y de vigilancia han dejado de ser espacios de visión estratégica para convertirse en trincheras de pugna por intereses personales, tal como penosamente ocurre en una cooperativa –considerada hasta hace pocos años como la mejor del sistema–, donde una consejera de vigilancia, en franca vulneración de la Ley 356, pretende asumir la administración de la misma.
Esta lógica errática no solo retrasa la toma de decisiones vitales, sino que socava la legitimidad democrática del modelo, provocando el éxodo de usuarios hacia operadores con mayores privilegios.
Un llamado a la acción
El futuro de las telecomunicaciones en Bolivia no puede construirse sobre las ruinas de un modelo que, durante décadas, ha sido el único brazo social en las regiones más olvidadas.
El rescate del cooperativismo exige un doble compromiso histórico: que el Estado cese su política de asfixia y reconociendo la naturaleza no lucrativa del sector, con plena participación de Fecotel y las cooperativas, mediante un diálogo amplio, proceda a una seria e inmediata reestructuración del sector; y que las propias cooperativas recuperen su
