Restaurar la función estabilizadora del Estado no será fruto de austeridad ideológica, sino de inteligencia institucional, coherencia macroeconómica y visión estratégica de largo plazo. Ese es el verdadero punto de inflexión histórico que enfrenta Bolivia.
Brújula Digital|21|02|26|
Carlos Jahnsen
Bolivia atraviesa un punto de inflexión fiscal. El período 2021-2023 estuvo marcado por déficits elevados, caída de reservas, subsidios energéticos masivos y tipo de cambio rígido. El Estado absorbió desequilibrios crecientes sin un marco financiero estratégico explícito.
El reciente Decreto 5516 redujo parcialmente los subsidios a hidrocarburos –que en el período evaluado alcanzaron entre $us 1.800 y 2.000 millones de anuales–, aliviando la presión futura. Pero no resuelve el problema central: la ausencia de una estrategia fiscal coherente de mediano plazo.
En este artículo propongo revisar los datos del PEFA para Bolivia. Con más de 600 evaluaciones realizadas en 154 países desde su creación en 2005, el Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas (PEFA) se ha consolidado como el estándar internacional para el diagnóstico de la gestión de las finanzas públicas. Su relevancia radica en que, al proporcionar una hoja de ruta detallada basada en evidencia, permite a los gobiernos y a la comunidad internacional identificar con precisión las fortalezas y debilidades de sus sistemas presupuestarios, desde la credibilidad del presupuesto hasta la transparencia y el control externo
El PEFA de Bolivia es contundente: solo el 52 % de los indicadores cumple estándares básicos. Las mayores debilidades están en estrategia fiscal, gestión y confiabilidad presupuestaria, y control externo. No es un problema técnico marginal: es un problema de arquitectura institucional.
Algunos economistas proponen reducir drásticamente el Estado y aplicar ajustes duros, bajo la premisa de que el problema fiscal es solo exceso de gasto. Es una lectura incompleta.
Ajustar por ajustar no estabiliza. Si se ignoran la estructura productiva, la balanza externa y la dinámica privada, la consolidación puede profundizar la recesión.
Existe una identidad macroeconómica básica: saldo privado = déficit público + superávit externo.
Si no hay superávit comercial y el Estado reduce abruptamente su déficit, el ajuste recae en empresas y hogares, que deben endeudarse o recortar consumo e inversión. El resultado es contracción.
La experiencia alemana muestra que reglas fiscales rígidas pueden limitar la inversión estratégica y capacidad anticíclica. El problema no es tener una regla fiscal, sino diseñarla ignorando la estructura macroeconómica real.
Bolivia no necesita austeridad automática, sino institucionalizar la estabilidad sin destruir su capacidad transformadora.
Una estrategia basada en tipo de cambio competitivo y subvaluado, baja inflación, superávit comercial e inversión creciente exige coherencia fiscal. Subvaluación sin disciplina genera inflación; disciplina rígida sin flexibilidad genera contracción.
La respuesta es una arquitectura fiscal inteligente que incluya: regla de resultado primario estructural ajustada al ciclo y al equilibrio externo; protección explícita de la inversión pública productiva; ancla de deuda dentro de rangos sostenibles, no techos rígidos; regla de crecimiento real del gasto corriente; transparencia macroeconómica obligatoria; reforma gradual y focalizada de subsidios energéticos.
La regla fiscal debe institucionalizar la función estabilizadora del Estado. Este debe expandirse en recesión y consolidar en expansión, proteger infraestructura, energía, industrialización y exportaciones, y coordinar política fiscal y cambiaria.
Corrupción como déficit institucional
El PEFA también evidencia debilidades en auditoría externa y control parlamentario. Sin rendición de cuentas efectiva, la disciplina fiscal pierde legitimidad. Bolivia ocupa el puesto 156 en el índice de percepción de la corrupción.
Reducir el Estado sin fortalecer controles no reduce la corrupción; solo la desplaza. La disciplina fiscal exige fundamentalmente credibilidad institucional, no solo recortes.
Bolivia enfrenta una decisión estructural: continuar con déficits opacos y ajustes improvisados o rediseñar estratégicamente su arquitectura fiscal.
La ausencia de reglas destruye monedas. Una regla rígida y mal diseñada destruye estabilidad. El debate no es “Estado grande” versus “Estado pequeño”, sino “Estado improvisado” versus “Estado estratégico”.
Ahorrar por ahorrar no es virtud macroeconómica. Ahorrar preservando la capacidad estabilizadora y protegiendo la inversión productiva sí lo es.
Sin una arquitectura fiscal moderna, cualquier devaluación terminará en inflación. Con una arquitectura inteligente, un tipo de cambio competitivo y subvaluado puede convertirse en motor de transformación productiva.
El PEFA revela más que fallas administrativas: muestra que Bolivia aún no ha institucionalizado una estrategia macroeconómica integral. Restaurar la función estabilizadora del Estado no será fruto de austeridad ideológica, sino de inteligencia institucional, coherencia macroeconómica y visión estratégica de largo plazo. Ese es el verdadero punto de inflexión histórico que enfrenta Bolivia.
Carlos Jahnsen Gutiérrez es economista.
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