Asosur La Paz denunció una situación de “inseguridad jurídica” para las estaciones de servicio del departamento y expresó su rechazo a lo que calificó como actuaciones “ilegales y arbitrarias” de la ANH, tras el precintado de una estación que comercializa gasolina.
Brújula Digital|20|02|26|
La Asociación de Surtidores (Asosur) La Paz denunció una situación de “inseguridad jurídica” para las estaciones de servicio del departamento y expresó su rechazo a lo que calificó como actuaciones “ilegales y arbitrarias” de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), tras el precintado de una estación que comercializa gasolina.
En un comunicado difundido este viernes, la asociación señaló que la medida adoptada por la ANH vulnera los derechos de las estaciones de servicio y afecta la seguridad jurídica del sector.
Según el pronunciamiento, el precintado se basa en una supuesta irregularidad en la calidad del combustible ocurrida el 4 de febrero, es decir, dos semanas antes de la intervención. Asosur La Paz sostiene que la decisión fue tomada sin respetar el debido proceso ni lo establecido en el Reglamento de Calidad de Carburantes, lo que, afirma, constituye una clara violación de los derechos de los operadores.
La organización remarcó que las estaciones de servicio comercializan exclusivamente combustible provisto por YPFB y cuentan con sistemas de monitoreo GPS que permiten a la ANH verificar en tiempo real el tránsito del producto. Además, indicó que los surtidores están equipados con cámaras de videovigilancia que registran todo el proceso de descarga del combustible en los tanques de almacenamiento.
De acuerdo con el comunicado, estos mecanismos garantizan que el producto no sea manipulado ni alterado en su calidad dentro de las estaciones de servicio. En ese marco, Asosur rechazó de manera “rotunda” que se responsabilice a los operadores por la calidad del combustible cuando, según su versión, el proceso de entrega y transporte se encuentra completamente monitoreado y regulado.
La asociación también anunció una medida concreta: las estaciones de servicio afiliadas no retirarán productos de la planta Senkata hasta que la ANH y YPFB garanticen que los combustibles cumplen con los estándares de calidad establecidos en la normativa vigente y que se respete el debido proceso en cualquier actuación administrativa.
Asosur sostiene que la continuidad de operaciones bajo condiciones de incertidumbre jurídica expone a los operadores a sanciones que consideran injustificadas.
En el documento, la entidad solicita de manera urgente que la ANH se someta al marco normativo vigente, respete el procedimiento legal y no vulnere los derechos de los administrados. Asimismo, exige que cualquier intervención esté basada en pruebas objetivas y en el cumplimiento estricto de las disposiciones que rigen el sector hidrocarburífero.
Asosur cita el Decreto Supremo 4718 como parte del marco regulatorio que debe ser observado en las actuaciones de la autoridad. En su criterio, la aplicación de medidas sin el debido sustento técnico y jurídico afecta gravemente las operaciones de las estaciones de servicio.
El comunicado concluye con la exigencia de que cesen las prácticas que consideran arbitrarias y que se restituya el procedimiento adecuado, con total transparencia y respeto al debido proceso.
Hasta el cierre de esta nota, la ANH no había emitido un pronunciamiento público en respuesta al comunicado de Asosur La Paz.
El conflicto se produce en un contexto de creciente sensibilidad en torno a la calidad y distribución de combustibles, un tema que impacta directamente en el abastecimiento y en la actividad económica del departamento de La Paz.
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