El debate agrario ya no es solo un tema de justicia histórica, sino una condición central para el desarrollo económico futuro del país. Resolverlo exige decisiones políticas explícitas.
Brújula Digital|19|02|26|
Diálogos al café
La clasificación de las tierras y el derecho de propiedad continúan siendo uno de los nudos estructurales más sensibles y postergados del desarrollo boliviano. En esta edición de Diálogos al Café Marcos Escudero, el debate fue abordado desde miradas complementarias y críticas a partir de las exposiciones de Jaime Medrano, exdirector del INRA, y los análisis de Gonzalo Flores, Gonzalo Colque y Paulino Guarachi. Desde la experiencia institucional, la reflexión económica, la investigación agraria y la mirada social, los expositores construyeron el contenido sustantivo del conversatorio, situando el tema más allá de una discusión coyuntural.
Aunque el punto de partida fue el proyecto de ley sobre la conversión de la pequeña propiedad aprobado en el Senado, el diálogo dejó en claro que la discusión de fondo es más amplia: si los problemas actuales se explican por lo estipulado en la Constitución vigente o si, más bien, se trata de poner en juego el pleno respeto por la libertad individual y la propiedad de los campeisnos. A partir de esas preguntas, el conversatorio avanzó sobre las tensiones entre Constitución, legislación secundaria, desarrollo productivo y control estatal.
Estructura agraria y seguridad jurídica
El diálogo coincidió en que la estructura agraria vigente es el resultado de una acumulación histórica que se inicia con la Reforma Agraria de 1953 y se proyecta hasta la Constitución Política del Estado. Si bien ese marco respondió a contextos de exclusión y concentración de la tierra, hoy presenta distorsiones evidentes frente a la realidad productiva, regional y económica del país. Las categorías de pequeña, mediana y empresarial, definidas con parámetros heredados, ya no reflejan ni el uso efectivo del suelo ni la escala real de muchas explotaciones.
Uno de los ejes más insistentes fue la ausencia de seguridad jurídica sobre la tierra, vinculada no solo a la debilidad institucional sino también a una observación clave planteada durante el diálogo: los títulos de propiedad otorgados por el Estado no conceden realmente derecho propietario pleno, sino derechos condicionados y limitados. La falta de articulación efectiva entre derechos reales, catastro y administración territorial convierte cualquier intento de reforma en una fuente potencial de mayor desorden, abriendo además el debate sobre quién debe administrar el territorio y con qué capacidades reales.
El proyecto de conversión y sus efectos
El núcleo del conversatorio se concentró en el análisis del proyecto de ley que propone la conversión voluntaria de pequeña a mediana propiedad. Desde una posición, se argumentó que la conversión permitiría reconocer realidades productivas ya existentes, facilitar el acceso a financiamiento y promover mayor dinamismo económico. Desde otra, se advirtió que una vía administrativa acelerada, sin verificación ni controles suficientes, podría generar conflictos agrarios, impactos ambientales y un incentivo directo a la simulación normativa.
En este punto, el debate se planteó si la ley en cuestión tiene capacidad real para resolver los problemas de desarrollo económico rural o si, por el contrario, corre el riesgo de profundizar desordenes existentes y complicar aún más el escenario productivo. La discusión integró además interrogantes críticas sobre la Función Económica Social, entendida por algunos como instrumento de ordenamiento y por otros como una figura discrecional que introduce asimetrías e incertidumbre jurídica.
Propiedad, mercado y rol del Estado
El diálogo avanzó luego hacia el fondo del problema: la relación entre propiedad, mercado y desarrollo. Se discutió hasta qué punto la sobreprotección histórica de la pequeña propiedad ha limitado la libertad económica de los productores, ha restringido la movilidad social y ha empujado transacciones hacia la informalidad. Reconociendo estos problemas se señaló que una liberalización sin un sistema de registro sólido y sin gobernanza territorial efectiva puede agravar desigualdades y conflictos.
Así, el conversatorio volvió sobre una definición estructural: sin seguridad jurídica efectiva y sin claridad sobre el alcance real del derecho propietario, ni el mercado de tierras ni la inversión productiva pueden cumplir un rol positivo en el desarrollo rural. El desafío no consiste en elegir entre protección o mercado, sino construir reglas claras, verificables y aplicables.
Consideraciones finales
El debate dejó en evidencia que la discusión sobre la tierra ha entrado en un punto de definición. Persistir en ajustes parciales leyes que intentan corregir efectos –sin resolver causas– puede prolongar la incertidumbre y la conflictividad. La primera decisión pendiente es clara: o se cumple plenamente la legislación vigente o se asume explícitamente la necesidad de reformarla integralmente. Eludir esa definición traslada el problema a normas intermedias que nacen con debilidad estructural.
En segundo lugar, quedó establecido que sin seguridad jurídica real no existe derecho propietario pleno, y sin derecho propietario pleno no hay inversión, crédito ni desarrollo sostenible. Una opción no explorada es convertir a los títulos emitidos por el Estado en instrumentos claros, verificables y confiables, capaces de sostener tanto la protección de derechos como la actividad económica.
Asimismo, el análisis mostró que ninguna ley de conversión, por sí sola, puede generar desarrollo si no va acompañada de una reclasificación agraria integral, basada en criterios técnicos actuales y aplicada con procedimientos extraordinarios cuando corresponda, evitando premiar la simulación o la infracción acumulada.
Finalmente, el conversatorio dejó una conclusión estratégica: el debate agrario ya no es solo un tema de justicia histórica, sino una condición central para el desarrollo económico futuro del país. Resolverlo exige decisiones políticas explícitas, instituciones operativas y reglas que ordenen la tierra sin inmovilizarla, protejan derechos sin asfixiar la iniciativa y conviertan la propiedad rural en un verdadero motor de desarrollo y cohesión social.
