El legislador advierte que YPFB estaría pagando hasta 4 millones de dólares adicionales por mes en comparación con contratos anteriores
Brújula Digital|10|02|26|
El diputado de Unidad, Carlos Alarcón, solicitó informes escritos al Órgano Ejecutivo y pidió una convocatoria urgente de la Comisión de la Verdad, tras la difusión de documentos que evidenciarían un presunto sobreprecio en la compra de petróleo crudo por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
La denuncia surge luego de que un programa televisivo difundiera contratos y antecedentes que muestran que la actual administración de YPFB estaría pagando precios superiores a los de la gestión anterior por la compra del mismo producto, lo que representaría un sobrecosto estimado en hasta 4 millones de dólares mensuales.
“En un programa exhibieron documentos en los que se señala que el precio que estaría pagando la actual administración de YPFB por el petróleo crudo sería superior al de la anterior administración”, afirmó Alarcón, quien recordó que fue parte de la comisión especial de investigación del caso Botrading.
El legislador explicó que uno de los antecedentes clave es el contrato No. 48, analizado por la anterior comisión investigadora, en el que se detectó que la pasada administración utilizó ese acuerdo para pagar otro producto distinto al crudo. “Una de las principales observaciones es que la anterior administración usó este contrato para pagar otro producto, diésel, por 2,7 millones de dólares, sin base legal”, sostuvo.
En ese marco, Alarcón consideró que sería “el colmo” que el actual Gobierno compre petróleo crudo en condiciones más caras, tomando en cuenta las denuncias de corrupción el caso Botrading. “Con estos antecedentes, sería el colmo que el actual Gobierno compre petróleo crudo en condiciones más caras que las de la estafa Botrading”, remarcó.
Ante esta situación, informó que presentó un pedido de informe escrito dirigido al ministro de Hidrocarburos, a través del presidente de YPFB, para que explique por qué, según los contratos, YPFB pagaba a Botrading 9,10 dólares por barril de petróleo en Pocitos y 18,41 dólares en Arica, mientras que a la empresa Trafigura se le estaría pagando 20,88 dólares por barril en Pocitos y 22,82 dólares en Arica. “Esto representa un sobreprecio de aproximadamente 4 millones de dólares al mes”, precisó.
Asimismo, exigió que se informe si el proceso de contratación de Trafigura fue competitivo o no. “Si fue competitivo, se debe señalar a qué otros vendedores se cursó invitación, quiénes participaron y qué ofertas presentaron. Si no lo fue, se debe explicar por qué se dirigió la contratación a una sola empresa”, demandó.
El legislador también solicitó que YPFB informe a qué empresas compra petróleo crudo, diésel y gasolina desde el 8 de noviembre de 2025 hasta la fecha, bajo qué modalidades de contratación y a qué precios, además de aclarar si todos los contratos, montos, pagos y facturas fueron publicados en páginas oficiales. “Si no fue así, deben explicar las razones”, añadió.
De manera paralela, Alarcón envió una nota a la Comisión de la Verdad, presidida por el procurador general del Estado, solicitando que convoque con urgencia a una sesión para informar al país sobre esta denuncia. “No puede convertirse la Comisión de la Verdad en una comisión de la mentira. Debe dar una respuesta rápida y transparente a Bolivia”, enfatizó.
Documentos filtrados y difundidos por la red DTV revelan que el combustible comprado en diciembre de 2025 por la administración del presidente Rodrigo Paz a la empresa internacional Trafigura sería más caro que el adquirido anteriormente por el gobierno de Luis Arce a la boliviana Botrading. Según la comparación, el precio por barril de petróleo aumentó en 11,78 dólares en Pocitos, Argentina, y en 1,94 dólares en Arica.
Los contratos publicados corresponden al suministro de crudo y condensado al mercado interno en 2024, entre YPFB y Botrading, y a un informe de selección de suministro para 2026, con precios significativamente más altos. De acuerdo con estos antecedentes, el exdiputado Tomás Monasterios estimó un sobreprecio superior a los 3 millones de dólares.
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