Representantes de las cámaras empresariales plantean una norma orientada a atraer inversión privada nacional y extranjera, y a generar empleo formal.
Brújula digital|05|02|26|
Representantes del sector privado propusieron a la Asamblea Legislativa Plurinacional la elaboración de una nueva ley de inversiones que promueva la participación del capital privado nacional y extranjero, incluya incentivos económicos y garantice la estabilidad jurídica mediante la creación de una Autoridad Nacional de Inversiones.
Hugo Siles, asesor de la presidencia de la Cámara Nacional de Industrias, explicó que Bolivia cuenta actualmente con dos normas en la materia que responden a diferentes contextos económicos. "En las últimas dos o tres décadas, hemos tenido dos leyes de inversión: la de 1990, orientada a la economía de mercado y la de 2014, que prioriza la inversión del sector público. Este año creemos que la asamblea debe impulsar una ley que abra los mercados a la inversión privada nacional y extranjera", afirmó.
Siles advirtió que el país registra una participación mínima en los flujos de inversión extranjera directa. Citando datos de la Cepal, señaló que en 2024 América Latina y el Caribe recibió 188.000 millones de dólares, de los cuales solo 247 millones llegaron a Bolivia. "Esto representa solo el 0,1 % de la inversión regional, una cifra baja que demuestra que la inversión en Bolivia fue prácticamente insignificante", afirmó.
Ante este panorama, la Cámara Nacional de Industrias y la Cámara Nacional de Comercio elaboraron conjuntamente un proyecto de ley para promover la inversión privada, el crecimiento económico y el desarrollo productivo en el país. La propuesta busca generar empleo formal, incorporar tecnología, aumentar la recaudación tributaria y mejorar la infraestructura productiva.
Según el documento, el primer artículo propone la implementación de un nuevo régimen regulatorio para atraer inversión privada, tanto nacional como extranjera, con el fin de diversificar la economía. Además, contempla la creación de una Autoridad Nacional de Inversiones, así como mecanismos de cooperación público-privada para promover el crecimiento económico y la protección de las inversiones. Entre los requisitos para acceder a los beneficios de la ley se encuentran la inscripción en el registro mercantil, la inscripción ante la nueva autoridad, la firma de convenios de estabilidad jurídica y la acreditación de experiencia y solvencia financiera.
Asimismo, el proyecto prevé diferentes mecanismos de inversión, como sociedades mercantiles, empresas de economía mixta, contratos con el Estado y asociaciones público-privadas, en el marco de la Constitución Política del Estado. Los objetivos centrales incluyen la aplicación de incentivos fiscales mediante reducciones o prórrogas de impuestos, facilidades aduaneras, acceso a zonas preferenciales y zonas francas, simplificación de trámites administrativos, un régimen laboral acorde con la nueva dinámica económica y la liberalización del comercio exterior.
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