En un escenario de recursos escasos y demandas múltiples, Bolivia enfrenta el desafío de decidir si las reformas que se avecinan profundizarán la democracia territorial o reforzarán nuevas formas de centralismo.
Brújula Digital|29|01|26|
Diálogos al café
En un momento marcado por una crisis económica que afecta a todos los niveles del Estado, Diálogos al Café – Marcos Escudero reunió a voces con amplia trayectoria en el análisis institucional y territorial del país para reflexionar sobre el lugar de las autonomías.
A partir de las exposiciones de Erika Brockmann, Juan Carlos Urenda y Alfonso “Pica” Lema, el diálogo puso sobre la mesa tensiones profundas entre centralismo y descentralización, entre urgencias fiscales y reformas estructurales, y entre la promesa autonómica y sus resultados reales.
La conversación fue moderada por Mauricio Lea Plaza, quien acompañó el intercambio con preguntas y aportes que ayudaron a ordenar el debate. Lejos de consignas fáciles o respuestas cerradas, el intercambio puso en evidencia las preguntas que Bolivia deberá enfrentar si pretende reconfigurar su Estado sin sacrificar cohesión nacional ni gobernabilidad.
El fin del modelo conocido
Las exposiciones coincidieron en señalar que Bolivia atraviesa un momento de transición, posterior al colapso de un esquema político hegemónico y sin que exista todavía un nuevo modelo estatal plenamente legitimado. Este vacío, lejos de ser solo una crisis, fue leído como una oportunidad para encarar reformas largamente postergadas.
Sin embargo, se advirtió que la agenda pública sigue dominada por la coyuntura fiscal, la escasez de recursos y la urgencia de estabilizar la economía, lo que tiende a desplazar los temas estructurales.
En este contexto, el régimen autonómico aparece como parte del problema y de la solución.
Por un lado, se remarcó que el modelo vigente nació incompleto y fuertemente tutelado, con una descentralización política que nunca se tradujo en una descentralización fiscal y administrativa efectiva.
Por otro, se sostuvo que pensar el futuro del país al margen de las autonomías resulta difícil dado que ellas buscan responder a tensiones históricas entre centro y periferia que sigue vigente.
La transición –se insistió– no puede limitarse a ajustes técnicos: exige revisar el diseño mismo del Estado y su relación con el territorio.
Autonomía en disputa: poder, recursos territorio
El eje más intenso del diálogo se concentró en la consigna del “50/50”, entendida no solo como una propuesta de redistribución de recursos, sino como un símbolo de un problema más profundo: la relación entre poder político, competencias reales y control territorial.
Desde distintas perspectivas, se coincidió en que una redistribución meramente financiera, sin una redefinición sustantiva de atribuciones, corre el riesgo de convertirse en un ejercicio contable sin impacto estructural. Transferir recursos sin transferir capacidad de decisión reproduce, bajo otra forma, el mismo centralismo que el modelo autonómico buscaba superar.
Las intervenciones subrayaron que el centralismo en Bolivia no se expresa únicamente en la recaudación fiscal, sino también –y con mayor fuerza– en los sistemas de planificación, en la definición de prioridades sectoriales y en los mecanismos de control del gasto público.
Educación, salud, inversión pública y políticas sociales siguen siendo diseñadas desde el nivel central, dejando a los gobiernos subnacionales con responsabilidades crecientes, pero con márgenes de acción limitados. Esta genera conflictos entre las expectativas ciudadanas y capacidades institucionales.
Al mismo tiempo, se advirtió que el problema no puede atribuirse exclusivamente al nivel central. El diálogo puso en evidencia una fragmentación política creciente en el ámbito subnacional, alimentada por sistemas electorales que incentivan el localismo, la dispersión de liderazgos y la dificultad para construir proyectos integrados. Esta fragmentación debilita la gobernabilidad y termina reforzando el papel del centro como árbitro final de conflictos y distribuidor de recursos.
Un punto crítico del análisis fue la heterogeneidad territorial. Se sugirió que un modelo autonómico uniforme resulta inviable en un país marcado por profundas diferencias demográficas, económicas y administrativas.
Municipios con menos de mil habitantes, o departamentos con baja capacidad institucional, enfrentan límites que no se resuelven únicamente con mayores transferencias.
En estos casos, incluso un aumento significativo de recursos puede no traducirse en mejoras sustantivas en la calidad de vida si no existen capacidades técnicas, escala suficiente o mecanismos de coordinación interterritorial.
Desde esta perspectiva, la autonomía debería entenderse como un proceso que puede ser diferenciado, que debe apoyarse en el principio de subsidiariedad, en esquemas de cooperación entre niveles de gobierno y en una revisión honesta de qué competencias pueden ejercerse de manera eficiente en cada territorio.
El debate dejó claro que sin abordar simultáneamente el problema del poder, de la representación y de las capacidades reales, cualquier reforma del modelo autonómico seguirá atrapada entre la promesa y la frustración.
Reformas, riesgos y el dilema de la unidad nacional
Una de las tensiones más relevantes del diálogo fue la relación entre autonomía y unidad nacional. Se cuestionó la persistencia de prejuicios que asocian descentralización con fragmentación o separatismo, recordando que, bien diseñada, la autonomía puede operar como un principio de cohesión.
No obstante, también se alertó sobre los riesgos de impulsar reformas profundas en un contexto de alta dispersión política, corporativismo y debilitamiento institucional.
Las exposiciones situaron el debate autonómico junto a otras reformas consideradas de mayor prioridad, como la del sistema judicial, los mecanismos de control fiscal y las reglas para la inversión.
Se planteó que sin instituciones creíbles, control efectivo del gasto y un rediseño de la representación política, cualquier redistribución territorial corre el riesgo de reproducir ineficiencias y prácticas clientelares.
La discusión dejó claro que la autonomía no es solo un asunto técnico, sino un proyecto político que exige un cambio de mentalidad, tanto en las élites como en la ciudadanía.
Consideraciones finales
El diálogo evidenció que la cuestión autonómica no puede abordarse de manera aislada. En un escenario de recursos escasos y demandas múltiples, Bolivia enfrenta el desafío de decidir si las reformas que se avecinan profundizarán la democracia territorial o reforzarán nuevas formas de centralismo.
Más que respuestas definitivas, el intercambio dejó planteadas preguntas esenciales sobre poder, representación y Estado, invitando a un debate informado y responsable. La transición está en marcha; el rumbo que tome dependerá de la capacidad colectiva para pensar el país más allá de la coyuntura y del corto plazo.
