El dilema no es técnico, es político. Gobernar no es esconder costos, sino decidir cuándo y cómo enfrentarlos antes de que lo hagan las crisis, cuando las opciones ya son más costosas y socialmente regresivas.
Brújula Digital|27|01|2026|
Carlos Jahnsen
¿Reduce el DS 5516 la subvención? Sí. ¿La corrige? No. La respuesta honesta es incómoda pero necesaria: con el DS 5516 sí existe una rebaja del volumen de subvenciones, medible y verificable en términos contables y administrativos, pero no se trata de una eliminación ni de una corrección estructural del problema de fondo.
La reducción es parcial, acotada y frágil. Sirve para contener la crisis en el corto plazo y aliviar tensiones inmediatas, no para resolverla de manera sostenible.
En términos económicos, el DS 5516 reduce el subsidio visible y directo principalmente por tres vías: un aumento del precio interno respecto al esquema previo, una administración más estricta del precio de paridad de importación (PPI) y el traslado de una parte del costo al consumidor final.
El efecto existe, pero su magnitud es limitada y dependiente del contexto externo, de la evolución de los precios internacionales y de la disponibilidad de divisas.
Antes del DS 5516, el costo económico total del sistema de subsidios –diésel, gasolina y efectos asociados– se movía en torno a los $us 2.000–2.300 millones anuales. Con el nuevo decreto ese costo se reduce a aproximadamente $us 1.800–2.000 millones. La rebaja es del orden de $us 200–400 millones al año.
Es real, pero no sustancial frente al tamaño del problema ni frente a la restricción externa ni el déficit estructural de divisas. En términos relativos, equivale a apenas 10–18% del costo total del sistema energético, insuficiente para cambiar la dinámica macroeconómica.
La razón es evidente: el DS 5516 no modifica los determinantes estructurales del subsidio. No ajusta el tipo de cambio real, no incorpora paridad internacional plena, no internaliza el costo real de importación de los combustibles (si vender cuesta menos que reponer, hay subsidio), mantiene subsidios cruzados y preserva precios administrados en energía.
El resultado es previsible: reduce la brecha directa por litro, pero persisten pérdidas cuasifiscales, costos financieros y drenaje de divisas de forma acumulativa.
Las ventajas de esta rebaja parcial existen y deben reconocerse. En el corto plazo reduce algo la presión sobre YPFB, el sistema eléctrico y el Tesoro; evita un shock abrupto de precios con impacto social inmediato; y compra tiempo político tras la crisis del DS 5503. El problema es que estas ventajas son tácticas, no estratégicas, si no se acompañan de reformas de fondo y una hoja de ruta creíble.
Los riesgos, en cambio, son estructurales. El primero es la falsa sensación de solución: una reducción parcial puede postergar decisiones inevitables. El segundo es la persistencia del drenaje de divisas: aun con el DS 5516, el sistema sigue consumiendo dólares en una economía con reservas críticas.
El tercero es la despresupuestación del costo: el subsidio sale del presupuesto y se oculta en balances cuasifiscales. El cuarto es la acumulación silenciosa del ajuste. El quinto es el riesgo energético: los subsidios cruzados deterioran inversión y sostenibilidad del sistema eléctrico, afectando su capacidad futura.
La evidencia es contundente. Aun con el DS 5516, el costo externo residual se mantiene cerca de $us 1.800–2.000 millones anuales. El ahorro fiscal existe; el drenaje externo prácticamente no cambia ni altera la restricción externa.
La pregunta relevante es entonces: ¿qué variable sí mueve la aguja? La respuesta es inequívoca: el tipo de cambio real. Una corrección real del 30–35%, gradual y ordenada, reduciría el subsidio en $us 700–1.000 millones anuales.
Pero la verdadera inflexión ocurre con una moneda deliberadamente subvaluada y competitiva, sostenida en el tiempo, que reordene incentivos productivos. Un tipo de cambio en el rango 10–11 Bs/$us permitiría una reducción de $us 1.200–1.500 millones, además de estimular exportaciones, sustituir importaciones y generar divisas genuinas. Ninguna otra variable tiene ese impacto estructural.
¿Genera inflación? Sí, pero manejable. Un ajuste de ese tipo implicaría una inflación adicional de 8–12%, muy inferior al costo económico y social de una crisis desordenada por agotamiento de reservas. La diferencia no la hace el dólar, sino la política de ingresos, la credibilidad del programa y la secuencia de decisiones.
La conclusión es clara: el DS 5516 reduce el subsidio, pero no lo resuelve. Es una medida de contención política y contable, no una solución macroeconómica. Gana tiempo, pero pierde corrección estructural. Sin un tipo de cambio real competitivo y deliberadamente subvaluado, complementado con focalización social, cualquier ahorro será marginal y transitorio y no modificará la trayectoria de la restricción externa.
Administrar la escasez no es una estrategia de desarrollo; corregir precios fundamentales, acompañados de inversiones y exportaciones superavitarias, sí lo es. El dilema no es técnico, es político. Gobernar no es esconder costos, sino decidir cuándo y cómo enfrentarlos antes de que lo hagan las crisis, cuando las opciones ya son más costosas y socialmente regresivas.
