Ruiz participó este jueves en una reunión interinstitucional que se realiza en Santa Cruz para analizar esta problemática y a la que también asiste el presidente, Rodrigo Paz, y otras autoridades.
Brújula Digital|22|01|26|
La decana del Tribunal Supremo de Justicia, Rosmery Ruiz Martínez, planteó la creación de un plan de acción basado en cuatro pilares para enfrentar los avasallamientos de tierras, fenómeno que, según advirtió, se ha convertido en una amenaza estructural para la seguridad jurídica y el desarrollo económico del país.
Ruiz participó este jueves en una reunión interinstitucional que se realiza en Santa Cruz para analizar esta problemática, encuentro al que asistieron el presidente, Rodrigo Paz, además de autoridades nacionales, locales y representantes del sector agropecuario.
“Los avasallamientos han dejado de ser incidentes aislados, para convertirse en una amenaza estructural que vulnera el derecho a la propiedad, y genera una profunda inseguridad jurídica. Esta situación no solo afecta la producción agropecuaria de Santa Cruz, sino de toda Bolivia, y también compromete el desarrollo económico de todo el país”.
Cuatro pilares del plan
La decana explicó que el primer pilar consiste en realizar un análisis técnico-jurídico que permita establecer la situación legal actual de las personas afectadas por los avasallamientos.
El segundo eje plantea la implementación de mecanismos operativos y legales que garanticen la recuperación efectiva de las tierras.
“El Tribunal Supremo de Justicia se compromete a coordinar con el Ministerio Público y la Policía boliviana para que las órdenes judiciales de desalojo se ejecuten con celeridad y sin degradaciones indebidas”.
Como tercer punto, Ruiz mencionó el fortalecimiento institucional y recordó que la normativa vigente no constituye una sugerencia, sino un mandato de cumplimiento obligatorio.
En ese marco, aseguró que se reforzará la institucionalidad judicial y se garantizará que los jueces actúen con total probidad y firmeza frente a quienes vulneran la ley.
El cuarto pilar contempla el establecimiento de una hoja de ruta conjunta entre las instituciones y organizaciones involucradas, con el fin de que cada actor respete de manera estricta el debido proceso y el Estado de derecho.
Ruiz subrayó que solo una justicia que actúa conforme a la ley puede ofrecer soluciones sostenibles y definitivas a esta problemática.
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