La nueva administración podrá inclinarse, según su orientación ideológica, margen político y capacidad de gestión, hacia una menor intervención estatal y un mayor protagonismo del mercado, con alcances aún por ver en materia regulatoria y de protección social.
Brújula Digital|22|01|26|
Tito Armando Velasco
La derrota del estatismo populista autoritario de orientación socialista en Bolivia abrió una oportunidad histórica desde el Bicentenario de la república para replantear su rumbo hacia una economía liberal moderna e inclusiva.
El 85% del electorado respaldó fuerzas cuyos planteamientos reflejan distintas corrientes del capitalismo democrático y liberalismo contemporáneo, desde el liberalismo clásico hasta el socioliberalismo.
En ese sentido, la nueva administración podrá inclinarse, según su orientación ideológica, margen político y capacidad de gestión, hacia una menor intervención estatal y un mayor protagonismo del mercado, con alcances aún por ver en materia regulatoria y de protección social.
Este viraje exige eliminar el modelo de administración pública tradicional heredado del siglo pasado y constituido por una burocracia vertical y jerárquica, basada en la autoridad del cargo y el cumplimiento formal de normas, que reduce al ciudadano a un mero administrado.
Asociado al paradigma burocrático weberiano, este modelo se degradó en las últimas dos décadas en una burocracia neopatrimonial, donde el formalismo legal convivió con prácticas clientelares y centralistas que erosionaron la institucionalidad republicana.
Al respecto, conviene revisar los avances de los modelos contemporáneos de gestión pública antes de analizar algunos elementos relevantes que incidirán en el grado de intervención estatal y el cumplimiento de las medidas de gobierno (no tratamos aquí el remedo de modelo económico del MAS, cuya falta de paradigma teórico, autoría original de conocimiento público y estructura conceptual-operativa impide considerarlo como tal).
La experiencia internacional de la Nueva Gestión Pública (NGP), aplicada entre 1980 y 2002, destaca la descentralización de funciones, la autonomía operativa de las agencias, la gestión por resultados y los incentivos para mejorar eficiencia y eficacia en la provisión de los servicios públicos (Hood).
Este enfoque promueve liderazgos gerenciales y concibe al ciudadano como cliente, aunque exhibe limitaciones como fragmentación institucional, incoherencia de políticas y presiones distorsivas sobre resultados.
En Bolivia, desde los años 90, se incorporaron agencias y entes reguladores tipo NGP con resultados mixtos.
Este esquema funcionó parcialmente hasta mediados de los 2000, cuando derivó en un modelo híbrido más politizado y fragmentado, con proliferación de entidades sin integración y menor autonomía.
Un ejemplo ilustrativo se encuentra en más de una docena de entidades adscritas al Ministerio de Obras Públicas, que concentra roles estratégicos, regulatorios, de inversión, supervisión y operación.
Ante estas limitaciones, la Gobernanza Digital (GD) fue impulsada en varios países desde 2002 para reintegrar funciones públicas, digitalizar procesos administrativos y adoptar estructuras más articuladas, fortaleciendo la eficiencia, la eficacia y la resiliencia del Estado (Dunleavy).
Este paradigma exige liderazgos tecnológico-transformacionales y un modelo participativo, con ciudadanos activos en el uso y provisión de servicios digitales y el control de recursos públicos mediante herramientas como la desintermediación digital de trámites y las plataformas de gobierno abierto.
El Centro de Gobierno (CG), recientemente anunciado en Bolivia, podría constituirse en un habilitador clave de la GD, en la medida en que funcione como núcleo de dirección estratégica para asegurar coherencia y cumplimiento de prioridades en un Estado cada vez más complejo y fragmentado.
Desde 2010, esta complejidad ha dado lugar a modelos más sofisticados de CG en América Latina –unidades de cumplimiento, gabinetes digitales, centros de datos y desempeño, y unidades de prospectiva y gestión de riesgos– que encuentran en la GD su principal soporte integrador.
Finalmente, el enfoque de gobierno basado en Valor Público (GVP), desarrollado desde mediados de la década de 2010, propone una gobernanza más democrática y colaborativa orientada a resultados socialmente validados en busca de eficiencia, eficacia, resiliencia y equidad (Moore).
El “ciudadano es concebido como cocreador y garante del valor público” mediante participación deliberativa, datos abiertos y control ciudadano. Este enfoque exige liderazgos con visión sistémica y capacidad de articulación interinstitucional para enfrentar problemas públicos complejos que demandan soluciones adaptativas y concertadas, como presupuestos participativos, laboratorios de innovación pública y carpetas ciudadanas digitales.
En este contexto, me propongo examinar en una futura entrega dos elementos críticos y transversales de los modelos de gestión pública que, según el paradigma que el nuevo gobierno de Bolivia adopte, combine o continue, incidirán en el tamaño del Estado y el desempeño de la administración pública: el plan de desarrollo y el presupuesto.
Tito Armando Velasco es economista, fue viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo.
