La UE y Mercosur firmaron un acuerdo histórico tras 26 años de negociación, creando la mayor zona de libre comercio. Bolivia, miembro del Mercosur, no se beneficiaría automáticamente y tiene tres vías hacia Europa: Mercosur, adhesión al acuerdo UE-Comunidad Andina o mantener el SGP+.
Brújula Digital|18|01|26|
Ana María Solares Gaite
El acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur, que pone fin a 26 años de negociación y fue firmado el sábado, se estructura sobre tres pilares: diálogo político, cooperación y comercio. Pero es este último, el comercial, el que despierta la mayor atención porque define el acceso real a mercados y da lugar a la mayor zona de libre comercio del planeta, con una población conjunta de más de 700 millones de habitantes. La envergadura del acuerdo es innegable, pero tiene otra connotación que no es menor: se concreta en un tiempo en el que el comercio dejó de ser únicamente economía y pasó a ser también estrategia.
El acuerdo se da cuando el proteccionismo se está normalizando y cuando muchas barreras comerciales se administran con criterios políticos y geopolíticos. Las restricciones ya no se aplican solo para defender sectores internos, se utilizan para moldear cadenas de suministro, proteger industrias estratégicas y condicionar el comportamiento internacional de socios y competidores. El mundo no se está abriendo, se está reordenando y el multilateralismo ya no está marcando el ritmo como antes. Bajo ese clima, cerrar un acuerdo interregional es más complejo que hace una década, y la firma del mismo –que enfrentó hasta el final diferentes escollos– así lo confirma.
Este entendimiento llega con una dosis importante de realismo. No implica una apertura “sin condiciones”, sino que refleja un diseño donde los equilibrios internos –sobre todo europeos– han pesado tanto como los objetivos externos. Agricultura y medioambiente han sido los temas más sensibles, con salvaguardias, requisitos regulatorios y una lógica de cuotas. En los productos agropecuarios más delicados, el acuerdo establece que el acceso no se produce mediante apertura total, sino mediante cupos habilitados para el bloque en su conjunto. Por tanto, en el Mercosur el cupo no se reparte, se disputa, lo cual condiciona el aprovechamiento real del acuerdo dentro del bloque.
A esto se suma otra realidad: la firma del acuerdo en Asunción no implicó su entrada en vigor automática. Falta la aprobación en instancias parlamentarias europeas y persisten resistencias que pueden retrasar la ratificación. Incluso sectores agrícolas europeos han mencionado la posibilidad de demandar el acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, abriendo un frente adicional de controversia.
Aun con estas limitaciones, el acuerdo UE-Mercosur constituye un hito regional. Y frente a este acontecimiento, ¿cuál es la situación de Bolivia? Nuestro país se encuentra en una posición singular: si bien es Estado Parte del Mercosur, aún no se han negociado plenamente la forma y los tiempos para que su adhesión sea efectivamente implementada. Y aquí conviene bajar las expectativas y despejar un malentendido frecuente: incluso si Bolivia completara esa adhesión, el acuerdo UE–Mercosur no se le aplicaría inmediatamente. El Protocolo de Adhesión establece que deberán negociarse las condiciones bajo las cuales el país se incorporará a los acuerdos internacionales que el bloque haya celebrado con terceros. En otras palabras, la membresía no abre de inmediato la puerta: Bolivia podría quedar comprendida solo después de una negociación interna en el Mercosur y de un encuadre posterior con la Unión Europea bajo la lógica de bloque a bloque. En integración, pertenecer no es lo mismo que beneficiarse.
En estas circunstancias, Bolivia tiene tres rutas hacia Europa que conviene analizar con cuidado. La primera es apostar por el Mercosur, lo que supone completar la adhesión y fijar condiciones de incorporación a sus acuerdos con terceros. Ya incluida Bolivia en el acuerdo con Europa, deberá operar bajo restricciones y resguardos –especialmente ambientales y agrícolas– y competir por cupos en desventaja frente a economías del bloque con mayor escala y redes comerciales consolidadas.
La segunda vía es activar la adhesión al acuerdo de Asociación de la UE con la Comunidad Andina, opción que suele quedar fuera del debate público. Este acuerdo, vigente desde hace años, tiene los mismos pilares –diálogo político, cooperación y comercio–, pero con un marco menos restrictivo, en parte porque las exportaciones andinas no se perciben como un riesgo para la producción europea. La negociación avanzó de forma flexible: primero con Colombia y Perú (2011-2012) y luego con Ecuador (2014-2016). Bolivia quedó al margen del componente comercial por razones ideológicas propias de la época. Lo relevante es que la adhesión no está cerrada: requiere decisión y gestión para activarla, lo que permitiría una relación contractual con Europa bajo un esquema más ajustado a la realidad nacional.
La tercera vía es el mecanismo actualmente vigente del que se beneficia el país: el Sistema Generalizado de Preferencias Plus (SGP+). Este régimen permite acceder al mercado europeo con aranceles reducidos o sin aranceles para una amplia gama de productos bolivianos, facilitando exportaciones no tradicionales. Sin embargo, el SGP+ es unilateral y condicionado: no es un tratado bilateral garantizado en el tiempo, sino un beneficio sujeto a evaluaciones periódicas y al cumplimiento de compromisos internacionales en derechos humanos, laborales, medioambientales y gobernanza. Es una ventaja, aunque con vulnerabilidades.
El debate sobre estas tres opciones no debería ser emocional ni ideologizado, tampoco guiado por la inercia. En comercio internacional, los países pequeños no ganan por tamaño, ganan por estrategia. Bolivia no necesita integrarse por reflejo, necesita integrarse con cálculo. Lo que no se decide con técnica se paga con economía. Y lo que no se planifica con estrategia, se sufre con dependencia. Integrarse no es pertenecer, es aprovechar.
