Ocultarlo hoy no lo hace menos costoso; solo vuelve más abrupto, más conflictivo y significativamente más caro el ajuste inevitable de mañana.
|Brújula Digital|17|12|2026|
Carlos Jahnsen
El Gobierno ha sostenido, con insistencia, que el DS 5516 “elimina la subvención a los combustibles”. La afirmación es políticamente potente: transmite orden, decisión y control en un contexto de creciente fragilidad económica. Sin embargo, desde una lectura técnica y económica rigurosa, esa narrativa no se sostiene.
El Decreto no elimina el subsidio. Lo transforma, lo despresupuesta y lo vuelve menos visible. En lugar de corregir el problema de fondo, preserva intacta la estructura que lo genera y traslada sus costos a otros eslabones del sistema económico.
En Bolivia, la subvención no es una figura jurídica creada por un decreto. Es una realidad económica que surge de una brecha objetiva: el combustible se importa a precios cercanos a 1,10–1,30 dólares por litro y se vende internamente muy por debajo de ese nivel.
Mientras el precio final al consumidor no refleje el costo real de importación, logística, financiamiento, riesgo cambiario y restricción externa, la subvención existe, independientemente de cómo se la denomine. El DS 5516 no cierra esa brecha. La administra y la posterga.
Eliminar una subvención de esta naturaleza no depende de retirar una palabra del presupuesto, sino de reformar el sistema de formación de precios. Existen mecanismos conocidos y utilizados internacionalmente: paridad con precios internacionales, fórmulas automáticas de ajuste, bandas con convergencia obligatoria, fijación del precio en moneda dura o liberalización plena del mercado.
El DS 5516 no adopta ninguno de estos criterios. Mantiene precios administrados por el Estado, sin una estructura de costos transparente y verificable, sin reglas claras de convergencia regional y sin traslado directo de los costos reales al consumidor.
El propio diseño normativo confirma esta conclusión. El Anexo 1 del decreto fija un orecio de Paridad de Importación para un “periodo transitorio” que no responde plenamente al mercado internacional. A ello se suma la introducción de factores de ajuste definidos discrecionalmente para “considerar particularidades económicas locales”. En la práctica, el subsidio deja de aparecer como una transferencia fiscal explícita y se incorpora como un coeficiente técnico dentro del precio. El costo no desaparece: se diluye y se oculta.
Más grave aún es la institucionalización de subsidios cruzados. Parte de la diferencia de precio es absorbida por refinerías y por el sistema de generación eléctrica, sin traslado a tarifas. Esto equivale, en términos económicos, a imponer pérdidas obligatorias a empresas públicas y al sistema energético.
El subsidio ya no figura como gasto del Tesoro, pero sigue existiendo como deterioro patrimonial, menor capacidad de inversión y mayores necesidades de financiamiento futuro. El problema se desplaza, no se resuelve, y se vuelve más opaco.
Bajo supuestos conservadores de consumo, la brecha residual entre los precios internos y los costos económicos reales de provisión implica una subvención implícita anual del orden de $us 900 a 1.200 millones solo en diésel y gasolina especial.
Esta magnitud no es marginal ni coyuntural: es estructuralmente relevante para la economía boliviana. Equivale a una fracción significativa del déficit fiscal anual, compite de manera directa con el financiamiento de los principales programas de gasto social y puede representar una parte sustantiva de las reservas internacionales líquidas disponibles.
No se trata de un detalle técnico ni contable, sino de uno de los factores más importantes de presión sobre la estabilidad fiscal, externa y cambiaria del país, con implicancias directas sobre la sostenibilidad macroeconómica.
El subsidio implícito, además, es más peligroso que uno explícito. Carece de techo presupuestario, crece automáticamente con los precios internacionales y drena divisas en tiempo real. Deteriora silenciosamente a YPFB y al conjunto del sistema energético, mientras reduce la capacidad del Estado para anticipar, corregir y compensar desequilibrios.
Desde el punto de vista distributivo, es regresivo: beneficia más a quienes más consumen combustible y no permite ningún esquema de focalización social.
El DS 5516 gana gobernabilidad en el corto plazo. Reduce tensiones inmediatas y ordena transitoriamente el frente político. Pero lo hace a costa de acumular fragilidad sistémica y posponer decisiones inevitables.
Reemplaza una subvención visible por una invisible, sin corregir el desalineamiento de precios ni avanzar hacia la sostenibilidad energética y fiscal. La narrativa de “subvención levantada” puede ser útil políticamente, pero no modifica la realidad económica subyacente.
En síntesis, el subsidio no se fue. Cambió de forma. Se desplazó del presupuesto a las empresas públicas, del gasto explícito a la pérdida implícita, de la discusión abierta al silencio contable. Ocultarlo hoy no lo hace menos costoso; solo vuelve más abrupto, más conflictivo y significativamente más caro el ajuste inevitable de mañana.
