Fernando Romero dice que aunque es deseable el consenso, el gobierno no puede consutar antes de tomar cada una de sus decisiones.
Brújula Digital|13|01|26|
El analista económico Fernando Romero afirmó que el nuevo Decreto Supremo 5516, es “el 5503, pero mutilado” ya que habría resignado propuestas importantes que descartan un cambio estructural.
“Yo lo llamaría como el decreto 5503 mutilado o reformulado, porque se ha perdido varias partes importantes entre medidas económicas y sociales que eran parte de esta piedra angular o de una base normativa para la implementación de un nuevo modelo económico en el país”, afirmó Romero en entrevista con Brújula Digital.
El DS 5503, publicado en la Gaceta Oficial el 17 de diciembre, contemplaba 121 artículos y ocho disposiciones transitorias. No obstante, ante la presión de la Central Obrera Boliviana (COB), que exigió su abrogación y ejecutó medidas de presión como marchas y bloqueos de caminos, el gobierno decidió emitir una nueva norma que abrogue a la anterior y mantengan algunos puntos consensuados como la eliminación de la subvención de carburantes. El DS 5516 fue presentado el lunes por el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, quien indicó que además de la determinación con relación al combustible, mantendrá los bonos sociales, el salario mínimo, el arancel cero para insumos de transporte y el sistema de reprogramación de créditos.
Romero indicó que este nuevo decreto “prioriza el Estado social, sobre todo, y un control a corto plazo. Pero no implementa medidas estructurales o de largo plazo y eso por el momento va a mantener a los actores macroeconómicos más importantes bajo un modelo o esquema de alta informalidad y baja productividad en la economía”.
Indicó que, aunque la nueva norma mantiene su esencia principal –la eliminación de la subvención a los combustibles–, a raíz de la presión de algunos sectores se ha producido un retroceso en relación con los mercados internacionales, ya que se dejó de lado la base normativa que apuntaba a un cambio hacia una economía promercado y proinversión.
“Lo que temo es de que las políticas gubernamentales de reajuste que se van a implementar puedan tener resultados ineficientes o inoportunos y esto puede retroceder en que salgamos más rápido de la crisis económica”, aseguró, y opinó que, aunque se debe buscar diálogo y consenso, no se puede consultar todas las medidas a asumir porque si no “vamos a tardar 10 años en sacar a Bolivia de la crisis”.
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