La Navidad de 2025 fue una señal clara de este deterioro. El país cerró el año con una contracción del Producto Interno Bruto de -2,4% y una inflación interanual cercana al 20%, según el Instituto Nacional de Estadística.
Brújula Digital|02|01|26|
Mirna Quezada Siles
Bolivia llega a 2026 con una economía golpeada en su núcleo más sensible que es el sector informal que sostiene a la mayoría de los hogares. La crisis ya no es solo una discusión de cifras fiscales o reservas internacionales, sino una realidad diaria para millones de personas que viven del día a día sin contratos, sin seguridad social y sin protección frente a la inflación.
La Navidad de 2025 fue una señal clara de este deterioro. El país cerró el año con una contracción del Producto Interno Bruto de -2,4% y una inflación interanual cercana al 20%, según el Instituto Nacional de Estadística. Los precios de alimentos básicos como carne y pollo aumentaron notablemente, mientras las ventas en mercados y ferias navideñas cayeron hasta un 30% por la pérdida acelerada del poder adquisitivo.
La recesión se consolidó durante 2025. El Banco Mundial proyectó un crecimiento negativo de -0,5% y advirtió que el panorama sería aún más complejo si no se corregían los desequilibrios fiscales, monetarios y productivos. A este escenario se sumaron la escasez de dólares, los problemas de abastecimiento de combustibles y un déficit fiscal cercano al 11% del PIB. Solo la subvención a los carburantes demandó alrededor de 2.000 millones de dólares anuales, presionando unas reservas ya debilitadas y reduciendo el margen de maniobra del Estado.
El impacto social de la crisis se agrava por la informalidad laboral extrema, un problema estructural de la economía boliviana. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), esta alcanzó el 84,2% en 2024, bajando ligeramente al 82,3% en el primer semestre de 2025 conforme a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y superando el 90% en zonas rurales. Así, cerca de 85 de cada 100 trabajadores carece de estabilidad, seguro de salud o jubilación, quedando excluido de aumentos salariales, bonos y políticas formales, como confirman reportes del INE y la OIT.
En paralelo, alrededor del 70% de los hogares sobrevive con ingresos mensuales inferiores a 1.000 bolivianos según estimaciones del CEDLA en contextos de crisis, mientras la pobreza extrema golpea al 11,9% de la población nacional y hasta el 26,5% en áreas rurales, de acuerdo con datos del INE y el CEDLA.
A este cuadro se suma el legado de los últimos 20 años de los gobiernos del MAS. Estimaciones de economistas como Julio Linares señalan que entre 800 y 3.000 millones de dólares anuales, equivalentes al 6,3% del PIB, se perdieron por corrupción, despilfarro y empresas públicas deficitarias. Este drenaje constante debilitó la institucionalidad, ahuyentó la inversión y empujó a millones de bolivianos a refugiarse en la informalidad como mecanismo de supervivencia.
Una reciente encuesta realizada en La Paz por Brújula Digital reveló que la totalidad de las personas consultadas afirmó que, en los 20 años de gobiernos del MAS, se beneficiaron solo los funcionarios públicos, sectores como el transporte público, muchos gremialistas y comerciantes dedicados al contrabando; mientras los pobres recibieron beneficios temporales con miserias.
Desde esta realidad, el economista David Zavaleta advierte que la crisis boliviana es estructural y que, sin reformas profundas y creíbles, puede prolongarse por varios años. La duración dependerá de la rapidez con la que se adopten medidas, de los consensos políticos y sociales y -especialmente- de la credibilidad del programa económico. En este marco, el Decreto Supremo 5503 aparece como la primera gran prueba. Si se logra implementar un programa integral en lo fiscal, cambiario y de financiamiento, el alivio podría comenzar de manera gradual en un horizonte de 12 a 24 meses. Sin embargo, Zavaleta considera razonable anticipar una o dos navidades más marcadas por la austeridad, en gran medida porque la elevada informalidad impide una recuperación rápida del consumo.
Zavaleta también explica las distorsiones actuales en precios y tipo de cambio. La baja del dólar paralelo responde a factores coyunturales como el aumento estacional de remesas o ajustes de expectativas que incrementan la oferta de divisas. No obstante, los precios no retroceden porque los costos ya fueron incorporados cuando el dólar estaba más alto y porque la inflación no depende únicamente del tipo de cambio. En una economía informal, muchos comerciantes fijan precios para cubrirse de futuros shocks, lo que mantiene elevada la canasta familiar y erosiona el poder adquisitivo incluso de quienes ahorraron en dólares.
Por su parte, el economista Augusto Canova pone énfasis en el carácter inevitable del ajuste. Considera que la eliminación de la subvención a los carburantes fue una decisión dura pero absolutamente necesaria. La gasolina subió un 85% y el diésel un 163%, prácticamente triplicando su precio. A cambio, el Gobierno implementó compensaciones sociales, como el aumento del salario mínimo en 20%, el incremento del bono Juancito Pinto en 50% y de la renta solidaria en 43%. Sin embargo, Canova subraya que estas medidas solo alcanzan a cerca del 20% de la población, ya que el 80% de la economía opera en la informalidad, dejando a los sectores más pobres como los más golpeados.
Canova sostiene que el impacto del ajuste será inmediato y doloroso, pero necesario para ordenar una economía afectada por 20 años de corrupción, despilfarro y mal manejo. Advierte que el dólar seguirá siendo volátil y podría volver a subir hasta que llegue una inyección de divisas acompañada de una verdadera reducción del gasto fiscal. En este escenario, las grandes empresas sentirán menos el impacto, mientras que las pequeñas y medianas, muchas de ellas informales o semiinformales, requieren acceso urgente al crédito para no desaparecer y sostener el empleo.
Ambos especialistas coinciden en que las reformas estructurales son ineludibles. Zavaleta enfatiza la necesidad de un ajuste fiscal ordenado y transparente, una corrección gradual del régimen cambiario y el fortalecimiento institucional con una lucha real contra la corrupción. Canova agrega la urgencia de traer dólares al país, achicar el Estado, cerrar empresas públicas deficitarias, reducir salarios jerárquicos, evitar mayor emisión monetaria y facilitar créditos blandos para la pequeña y mediana empresa. Los dos economistas coinciden en que sin una estrategia seria de formalización del empleo y generación de trabajo, cualquier intento de recuperación será incompleto.
El 2026 será un año decisivo. Mientras la informalidad siga siendo la norma y no la excepción, la crisis continuará golpeando con mayor fuerza a la mayoría de los hogares bolivianos. Con reformas profundas, consensos políticos y una estrategia clara para integrar al sector informal a la economía formal, Bolivia aún tiene margen para evitar que la precariedad se convierta en permanente y para comenzar a reconstruir su futuro económico.
Mirna Quezada es periodistas y comunicadora social.
