El sector político y los servidores públicos deben dar muestras claras no solo de capacidad y decisión, sino también de austeridad, prudencia y responsabilidad.
Brújula Digital|30|12|2025|
Rolando Kempff
Hace pocos días, el gobierno tomó la determinación eliminar la subvención a los hidrocarburos, encarando el creciente déficit fiscal alimentado por el subsidio al precio de los carburantes, que mantuvieron los gobiernos del MAS solo por intereses políticos.
El 17 de este mes se aprobó el DS 5503 que fija los nuevos precios de la gasolina, el diésel y otros carburantes, con el objetivo de estabilizar la economía, hacer de Bolivia un país atractivo para las inversiones, recuperar la liquidez de nuestra economía y restablecer el flujo normal de carburantes.
José Luis Lupo, ministro de la Presidencia, aseguró que el gobierno del presidente Rodrigo Paz tomó un camino firme para enfrentar la actual coyuntura del país, al considerar que Bolivia atraviesa por un momento crítico que requiere decisiones responsables y de largo alcance.
“Bolivia está enferma y necesita sanar”, remarcó al añadir que el camino elegido es el correcto, pese a las dificultades, porque se trata de un esfuerzo que “vale la pena” y que no podía seguir postergándose.
Recordó que los escenarios de crisis permiten identificar con claridad a quiénes apuestan por la estabilidad del país y a quiénes, por el contrario, buscan profundizar los conflictos.
Como lo registraron los medios de comunicación del país, este paquete económico provocó diversas reacciones, la mayoría favorables y algunas de oposición.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, en representación de las organizaciones regionales y sectoriales que la conforman, expresó su público apoyo a la decisión de aplicar medidas de ordenamiento estructural para evitar un agravamiento de la crisis que, en poco tiempo más, llevaría a nuestro país a un colapso económico inmanejable.
Los empresarios paceños creemos que las medidas estructurales, como el tema de la gasolina y el diésel son fundamentales porque permitirán bajar el déficit fiscal. Por otro lado, todos los empresarios nos hemos manifestado y consideramos que el tema del incremento salarial es muy elevado. Significa una escalada en varios aspectos y nos complica el seguir en algunos temas económicos correspondientes.
La Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz expresó su respaldo a la eliminación de los subsidios a los hidrocarburos, al considerar que se trata de una decisión “dura pero necesaria” para avanzar hacia la estabilidad y sostenibilidad de la economía boliviana.
Hace pocos días, la Federación de Juntas Vecinales y la Confederación Nacional de Juntas Vecinales dieron su apoyo al gobierno, a condición de instalar mesas técnicas para analizar sus posibles repercusiones.
Mauricio Medinaceli, ministro de Hidrocarburos, remarcó que la eliminación del subsidio a los combustibles permite al país ahorrar alrededor de $us 10 millones por día y frenar el contrabando de diésel, que drenaba divisas y generaba el desabastecimiento interno.
Desde mediados de la década pasada, cando empezaron a bajar las exportaciones de gas natural, el país tiene déficit fiscal creciente, haciéndose cada vez más inmanejable, por lo que nadie, en su sano juicio no politizado, puede negar que la suspensión de la subvención a los carburantes era necesaria.
La decisión de aplicar un incremento homogéneo e inmediato en los precios va a tener efectos complejos sobre la economía de todos; sin embargo, es una medida necesaria y urgente que el país debe asumir.
Este decreto viene con un paquete social: Bono Juancito Pinto 2026 de Bs 300, incremento de Bs 150 a la Renta Dignidad para no rentistas y la creación del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), con transferencias económicas temporales a familias vulnerables.
Las disposiciones ya aprobadas, junto a otras medidas normativas y administrativas, que deben tomarse en el menor tiempo posible, serán la base para liberar las barreras que afectan a los sectores empresariales y generar resultados importantes en el mediano plazo.
Estamos preocupados por la determinación unilateral de incrementar el salario mínimo nacional en un 20%. Este incremento tendrá efectos severos sobre la estabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como sobre la generación y sostenibilidad del empleo formal.
La crisis que el Gobierno busca frenar tiene responsables, y la impunidad de los culpables es inaceptable. Las instituciones públicas deben acelerar las acciones que correspondan en el marco del cumplimiento de la ley y la vigencia del Estado de derecho para sancionar a los culpables. El sector político y los servidores públicos deben dar muestras claras no solo de capacidad y decisión, sino también de austeridad, prudencia y responsabilidad.
