De acogerse estas propuestas, se impulsará la industria de reparación/transformación de vehículos, aumentarán la competitividad del servicio de transporte y se generará mayores ingresos fiscales (nacionales y municipales).
Brújula Digital|25|12|2025|
Juan Carlos Pereira, Jaime Aliaga
Un tema que emergió como un “issue” durante la campaña electoral es la nacionalización de vehículos indocumentados o “chutos”, internados al país de contrabando y que circulan masivamente en las áreas rurales.
A diferencia de lo que ocurre con el contrabando de otros productos, en el que la motivación más importante es eludir el pago de impuestos de importación, en el caso de los vehículos usados es la diferencia de precio con relación a las unidades nuevas (fenómeno similar a lo que sucede con la ropa usada, problemas estructurales relativos a la situación de amplios sectores de la población). Por ello, la internación ilegal de mercaderías usadas es difícil de controlar, así sea que se mejoren los controles aduaneros. La prohibición de importación en ambos casos ahonda más el problema.
En el caso de un vehículo usado, el “beneficio” que obtiene su poseedor por el diferencial de precios en la importación se reduce significativamente, por cuanto su mantenimiento es más caro, está sujeto a extorsiones de autoridades corruptas, tiene dificultades para repostar combustibles al carecer de BSISA;, sobre todo, tiene restricciones para su libre circulación en carreteras y en áreas urbanas, y limita sus posibilidades de lucrar por la prestación de servicios de transporte, si ese fuera su propósito.
Los propietarios o poseedores son parte del “sector informal” definido por H. de Soto como aquel cuyos fines lícitos (a diferencia de los criminales) utiliza medios ilícitos. Si algo funciona al margen de la ley hay dos posibilidades: i), que los llamados a hacer cumplir las normas lo permiten y, quizás, se benefician de esas omisiones o; ii) la norma incumplida no responde a la realidad económica y social que pretende regular.
El alto grado de informalidad en Bolivia se explica por esa segunda causa y las normas, lejos de lograr una regulación adecuada, fomentan la discrecionalidad de los funcionarios o autoridades corruptas.
El fenómeno al que se refiere este artículo (contrabando de vehículos usados) no incluye a los vehículos robados en los países vecinos, particularmente en Chile, que tienen un tratamiento particular, según el acuerdo binacional de 18 de agosto de 2023.
Con fines electorales, en ambos países, se mezclaron ambos conceptos, satanizando las propuestas de solución sobre el primer tema. La nacionalización de vehículos chutos precisamente, es el mejor mecanismo para detectar, incautar y sancionar el ingreso al país de los robados.
Se debería sincerar la economía en todos los ámbitos y no caer en la legislación vana y eventual. Mientras se genere o mantenga prohibiciones con leyes, decretos y resoluciones que no se cumplen, seguirá la ilegalidad.
Cantidad de normas emitidas en el pasado para nacionalizar “por última vez” los vehículos chutos no pudieron frenar el fenómeno. Fueron parches circunstanciales que legalizaron la situación existente para que se comience un nuevo ciclo hasta la emisión de una norma similar futura (DS: 23093 jul/98; 25248 dic/98; 27826 nov/2004; 4910 abr/2023)
Sobre la cantidad de vehículos indocumentados hay varias versiones (fluctúa entre 300 mil y 2 millones), ninguno certero, mostrando que no existe información confiable. (El Deber 18-9-2025, ANF 9/09/2025).
La importación de vehículos está afectada por el Gravamen Arancelario (GA), que varía entre 0 y 10%, el IVA (13 %) y el Impuesto al Consumo Específico (entre 0 y 80 %). Este último incorpora distorsiones al mercado que estimula la importación ilegal de motorizados.
Por todo ello, se recomienda:
1. Levantar la prohibición a la importación de vehículos usados que cumplan con requisitos mínimos relacionados con la seguridad y medioambiente que no puedan ser corregidos y permitir la nacionalización de unidades que ya circulan en el país, cancelando los mismos tributos que pagan las unidades nuevas.
La adecuación de los vehículos a tales requisitos será realizada por medio de talleres autorizados para dicha tarea que emitirán el certificado correspondiente.
2. Modificar (o eliminar) el Impuesto al Consumo Específico a la Importación de Vehículos aplicando alícuotas más bajas y diferenciadas en función a la capacidad de transporte de carga o pasajeros para las unidades destinadas a tal fin. Ejemplo minibuses Vs micros de hasta 40 pax.
3. Disponer que la Inspección técnica vehicular anual, señalada en el Art. 222 de la Ley 165 del 11/8/2011 (Ley de Transportes), se realice en talleres certificados.
La internación y posterior circulación sin restricciones de vehículos usados producirá –como se evidenció en el caso de los vehículos con volante a la derecha y la transformación de los sistemas de combustión a gas– una industria de la ingeniería de la transformación y reparación de unidades tecnológicamente obsoletas.
(Economía circular). El impacto positivo de esas tareas sobre el medioambiente es claramente superior al impacto negativo que puedan generar por emisiones tóxicas de unidades mal calibradas.
En síntesis, de acogerse estas propuestas, se impulsará la industria de reparación/transformación de vehículos, aumentarán la competitividad del servicio de transporte y se generarán mayores ingresos fiscales (nacionales y municipales).
Jaime Aliaga fue Superintendente de Transportes del Sirese; Juan Carlos Pereira Stambuk fue director de Impuestos Nacionales, del RUAT y de la Alcaldía Municipal de La Paz.
