No hay duda que el desafío es enorme y va mucho más allá de buscar culpables (que deben ser procesados). Hay que trabajar con mucha creatividad y conocimiento industrial para evitar el cierre y desmantelamiento de estas industrias.
Brújula Digital|25|12|2025|
Ibo Blazicevic
El pasado 8 de noviembre de 2024, el expresidente Luis Arce, en su informe a la población por los cinco años de su gestión de gobierno, manifestaba con mucho orgullo que “…la política de industrialización planteada desde el inicio de su mandato presidencial, es una realidad y marca la ruta hacia la transformación estructural de la economía nacional…”
Además, dijo que “la industrialización en Bolivia se materializa con la implementación de más de 170 plantas estratégicas en todo el territorio nacional”, de las cuales 37 se encuentran bajo la responsabilidad del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem).
Con esto avanzamos hacia una Bolivia verdaderamente industrial, con empleo producción y una economía qué beneficia a todos los bolivianos. Ese es el compromiso del Gobierno Nacional con nuestro pueblo ¡industrializar nuestro país!”, sostuvo el expresidente Luis Arce, recluido ahora en la cárcel de San Pedro, por una supuesta participación delictuosa en el desfalco del Fondo de Desarrollo Indígena, cuando era Ministro de Economía.
En días recientes, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, mostró información sobre las empresas públicas y el costo de la corrupción de la mal llamada “política de industrialización”.
El ministro Lupo develó que, entre 2006 y 2024, se desembolsaron Bs 53.945 millones de las reservas internacionales a las empresas públicas. Hasta el presente se ha recuperado solo el 18% del capital invertido.
Existen más de $us 1.000 millones gastados en proyectos que nunca funcionaron. El daño directo al Estado es el siguiente:
Empresas Cerradas: $us 122 millones.
Empresas con quiebra técnica: $us 1.250 millones.
Gasto en proyectos en curso: 91,5 Millones de dólares
Total Daño Directo: 1.463,5 Millones de dólares
El vocero del nuevo gobierno dijo que se va a realizar una reingeniería fiscal y una auditoría de responsabilidades. La prioridad es parar el desangramiento de recursos.
El DS 5503, recientemente promulgado, establece la prohibición explícita de nuevos créditos internos del BCB a las empresas públicas, como medida para reordenar las finanzas del Estado y evitar el malgasto de recursos, forzando a las empresas deficitarias (como Easba, YLB, Quipus) a presentar planes financieros, buscando disciplina y rentabilidad en el sector público.
Se reveló que solo tres de más de 60 empresas estatales son rentables (YPFB, ENDE, Comibol), mientras que varias enfrentan quiebra técnica (Easba, YLB, Quipus).
En este nuevo contexto, la situación de las empresas que atraviesan por situaciones de quiebra técnica y/o pasan por procesos de insolvencia, se verá agravado y sus operaciones se irán deteniendo de manera paulatina, y sus empleados y trabajadores tendrán que ser despedidos, salvo que la Oficina Técnica del Fortalecimiento a la Empresa Pública (Oftep), y el Sedem, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, encuentren soluciones rápidas para no perder los activos y empleos que componen las plantas estatales no rentables.
Hay casos como el de Envibol, una planta que hizo dumping hasta lograr la quiebra de la competencia (Vidrio Lux, filial del grupo Owens Illinois, uno de los más grandes del mundo), quedando con el monopolio del mercado de botellas de vidrio desde hace cinco años. La quiebra de Envibol, de la cuál no se conocen sus estados financieros, significaría un gran perjuicio para la industria de bebidas y alimentos del país.
En días pasados hemos sido testigos de las declaraciones del director de la Oftep, quien “advirtió que la Planta Industrial de Camélidos de Oruro es tan sobredimensionada que, si opera a su máxima capacidad, podría provocar la extinción de la población de llamas en Bolivia en pocos meses”. Una producción de 45.000 cabezas anuales tomaría 67 años en extinguir los 3.000.000 de llamas censadas en Bolivia actualmente.
Más allá de realizar comentarios desaprensivos sobre la capacidad de la planta y su potencial, que tiene una localización ideal en Turco, Oruro, capital de los camélidos de Bolivia, se debería evaluar la factibilidad económica de la misma (el proyecto no consigna información económica) y encontrar socios para poner en marcha este proyecto, que podría generar importantes ingresos para la región y Oruro.
No hay duda que el desafío es enorme y va mucho más allá de buscar culpables (que deben ser procesados). Hay que trabajar con mucha creatividad y conocimiento industrial para evitar el cierre y desmantelamiento de estas industrias.
Ibo Blazicevic es past-presidente Cámara Nacional de Industrias
