Si la democracia logra erosionar las jerarquías raciales y económicas, el concepto debe evolucionar para identificar ya no solo la dominación abierta, sino las tensiones persistentes entre la institucionalidad estatal y la verdadera autonomía de los pueblos.
Brújula Digital|22|12|2025|
Manuel Velásquez
El presente artículo analiza la trayectoria del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (inicialmente FDPPIOYCC) en Bolivia, durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS). Si bien el Fondo surgió como una conquista histórica del movimiento indígena para la redistribución de la riqueza extractiva (IDH), este análisis sostiene que su gestión posterior, marcada por escándalos de corrupción, la centralización del poder y el uso discrecional de recursos, lo transformó en un dispositivo clave de colonialismo interno.
Se argumenta que, bajo la retórica de la descolonización, el gobierno del MAS reprodujo y profundizó prácticas coloniales de control, clientelismo y cooptación de las estructuras de representación indígena y campesina, subordinando sus demandas de autodeterminación a la lógica del Estado centralista y extractivista.
Colonialismo interno y la promesa indígena del MAS
La llegada al poder de Evo Morales, en 2006, como primer presidente indígena de Bolivia, auguró un proceso de "descolonización" y la transformación del Estado. En este contexto, la creación y consolidación del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, originado en 2005 por el expresidente Eduardo Rodríguez Veltze, y después denominado Fondo de Desarrollo Indígena FDI), se presentó como una herramienta fundamental para saldar la deuda histórica con los pueblos indígenas y campesinos, financiando proyectos productivos y sociales a través de la transferencia de recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
No obstante, desde la perspectiva de las ciencias sociales críticas, particularmente a través de la lente del colonialismo interno, este artículo examina cómo una institución con potencial emancipatorio fue resignificada para servir a la lógica de un nuevo bloque de poder.
El colonialismo interno se entiende aquí como la persistencia de estructuras de dominación racial, económica y política al interior de un Estado–nación, donde los grupos dominantes (a menudo mestizos o élites políticas autoproclamadas representantes de lo indígena) ejercen control sobre los territorios, recursos y la autonomía de los pueblos subalternos.
El concepto de colonialismo interno es crucial para comprender la dinámica boliviana. A diferencia del colonialismo clásico, la dominación no es ejercida por una potencia externa, sino por las élites y el aparato estatal del propio país. Las características relevantes para este análisis son:
Subordinación política: El Estado mantiene el control de las decisiones estratégicas, relegando la "participación" indígena a roles de ejecución o validación sin poder real de autodeterminación.
Apropiación de recursos: La riqueza generada en territorios indígenas (extractivismo) es centralizada por el gobierno y su redistribución se vuelve una herramienta de control clientelar.
Cooptación de liderazgos: Las organizaciones sociales históricamente contestatarias son integradas al aparato de poder, neutralizando su capacidad de crítica y demanda autónoma.
Bajo el gobierno del MAS, la ideología del "proceso de cambio" convivió con una profunda política neoextractivista que requería la pacificación o subordinación de los territorios. El FDI se inserta precisamente en esta tensión: un mecanismo de compensación que, al mismo tiempo, actúa como correa de transmisión de la voluntad central.
El Fondo Indígena, de la conquista a la instrumentalización
El Fondo Indígena se creó en 2005 y se consolidó durante el primer gobierno del MAS, siendo financiado principalmente con el 5% del IDH. Su diseño original (vigente hasta el escándalo) establecía un directorio multisectorial, que incluía a ministros de Estado y a representantes de las principales organizaciones indígenas y campesinas (Csutcb, Cidob, Conamaq, Bartolinas, etcétera).
Aunque este diseño parecía garantizar la participación social, en la práctica se convirtió en una estructura intrínsecamente politizada. Al ser las mismas organizaciones sociales las responsables de proponer, aprobar y fiscalizar los proyecto se generó un circuito cerrado. El control gubernamental, ejercido a través de la presidencia del directorio (Ministerio de Asuntos Indígenas/Desarrollo Rural) garantizó que la lógica estatal primara sobre la autonomía organizativa.
El principal argumento de la instrumentalización del FDI como colonialismo interno se basa en dos ejes interconectados:
Clientelismo y cooptación política: El Fondo se transformó en una caja política para fidelizar a las bases sociales del MAS. La masiva inyección de recursos (más de Bs 3.000 millones entre 2006 y 2014) permitió la distribución de fondos a través de las cúpulas dirigenciales de las organizaciones afines.
La capacidad de un líder para obtener un proyecto del Fondo se convirtió en la principal medida de su poder, subordinando el mandato autónomo al favor gubernamental. Al distribuir prebendas (los proyectos), el Estado neutralizó la independencia política de estas organizaciones.
El escándalo de corrupción y la reestructuración (2015): la consolidación del control estatal: el estallido del escándalo de corrupción en 2015, que reveló un daño económico multimillonario por proyectos "fantasma" o inconclusos, tuvo una doble función en términos de colonialismo interno:
● Desprestigio de la autonomía: El escándalo sirvió para desacreditar la capacidad de autogestión y autonomía de las propias organizaciones indígenas y campesinas, señalando a sus dirigentes como ineficientes o corruptos. Este desprestigio legitimó la intervención del Estado.
● Centralización total: La respuesta del gobierno (Decreto Supremo 2493 de 2015) fue cerrar la institución original (FDPPIOYCC) y crear el nuevo Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), eliminando el directorio multisectorial y transformándolo en una institución pública descentralizada sin directorio, a cargo de un director general ejecutivo designado por el gobierno.
Esta reestructuración eliminó formalmente la participación social directa en la toma de decisiones, consolidando el control absoluto del Ejecutivo sobre el manejo de los recursos destinados a los pueblos indígenas, un claro acto de recentralización del poder.
El Fondo de Desarrollo Indígena, aunque concebido como una respuesta a una demanda histórica de justicia redistributiva, se convirtió, bajo la administración del MAS, en un sofisticado instrumento de colonialismo interno. Los gobiernos del MAS lograron:
● Cooptar la dirigencia de las principales organizaciones a través del clientelismo y la distribución de fondos.
● Desacreditar la capacidad de autogestión indígena mediante la exposición de la corrupción instrumentalizada.
● Centralizar definitivamente el control del Fondo, eliminando la participación social en la toma de decisiones, y sustituyendo la autodeterminación por la dependencia clientelar del Estado.
En lugar de avanzar en la descolonización estructural, la gestión del FDI reprodujo la lógica histórica boliviana: una élite (en este caso, la nueva élite mestiza–indigenista del MAS) que administró y controló los recursos, generados en territorios indígenas para asegurar su propia hegemonía política, perpetuando la subalternización de los pueblos indígenas originarios.
El concepto de colonialismo interno debe entenderse como una categoría dinámica que requiere ser reevaluada y transformada conforme se avanza hacia una realidad más democrática.
En un escenario de profundización de la pluralidad y la participación efectiva, la utilidad analítica de este marco debe transitar desde la denuncia de la exclusión sistémica hacia el examen crítico de las nuevas mediaciones políticas.
Si la democracia logra erosionar las jerarquías raciales y económicas, el concepto debe evolucionar para identificar ya no solo la dominación abierta, sino las tensiones persistentes entre la institucionalidad estatal y la verdadera autonomía de los pueblos, evitando así el riesgo de utilizar esquemas teóricos rígidos ante realidades sociales en constante mutación.
