La cumbre, por tanto, se desarrolla en un escenario de incertidumbre, sin resultados concretos que refuercen la proyección externa del Mercosur, un bloque que viene enfrentando señales de estancamiento y tensiones internas desde mucho tiempo.
Brújula Digital|19|12|25|
Ana María Solares Gaite
Bolivia llega a la segunda cumbre de presidentes del Mercosur del año 2025 en un momento particularmente complejo. El país enfrenta una agenda interna cargada de desafíos económicos, tensiones políticas y crisis ambientales que han dominado el debate público en las últimas semanas. Es comprensible. Sin embargo, relegar la política exterior es un error –frecuente en contextos de crisis– porque la agenda internacional no se detiene y sus efectos suelen ser duraderos.
Para Bolivia, esta cita adquiere un significado especial ya que tenemos a un nuevo Presidente apenas un año después de haberse formalizado la adhesión plena. Lejos de ser un encuentro protocolar más, esta Cumbre constituye un momento decisivo para evaluar el rumbo de la inserción del país.
El contexto subregional e internacional no es el que se anticipaba. La firma del Acuerdo de Asociación entre el MERCOSUR y la Unión Europea, presentada como el principal tema de la cumbre, ha sido postergada, condicionada por dinámicas políticas internas europeas y la presión de sectores agrícolas de algunos de sus países.
La cumbre, por tanto, se desarrolla en un escenario de incertidumbre, sin resultados concretos que refuercen la proyección externa del Mercosur, un bloque que viene enfrentando señales de estancamiento y tensiones internas desde mucho tiempo.
En este marco, Bolivia se encuentra ante un momento clave para decidir si consolida la adhesión plena adoptada en 2024 –impulsada principalmente por afinidades ideológicas y sin un análisis exhaustivo de costos y beneficios– o si revisa esa decisión para corregir un rumbo que amenaza con reducir su autonomía económica y comercial.
Revisar la adhesión no implica romper con la integración subregional. Implica rescatarla de una lógica ideológica y devolverla al plano del interés nacional. Esta reflexión es especialmente relevante porque Bolivia ya contaba con una integración funcional y flexible con el Mercosur desde hace más de dos décadas, basada en el Acuerdo de Complementación Económica N.º 36 (ACE-36), suscrito en el marco de la ALADI y vigente desde 1997. Este esquema permitió el acceso preferencial a los mercados del bloque, participación en instancias políticas y sociales y, al mismo tiempo, autonomía en la política arancelaria y comercial, un atributo clave para un país pequeño y abierto al comercio internacional.
La adhesión plena, asumida sin un análisis profundo, rompe ese equilibrio y compromete el manejo de la política comercial a un esquema común, con arancel externo común y negociaciones comerciales externas exclusivamente conjuntas. Así, se reduce la capacidad del Estado para responder a crisis económicas, proteger sectores productivos y definir su estrategia de inserción internacional. En un contexto regional marcado por desaceleración económica, inflación persistente y crecientes disputas comerciales, perder márgenes de maniobra no es un asunto menor.
La experiencia de otros países refuerza esta advertencia. El caso de Venezuela muestra los riesgos de una adhesión plena apresurada y sin planificación estratégica. En contraste, Chile ha logrado beneficiarse del MERCOSUR manteniendo un estatus flexible de “asociado”, que le permite acceder a mercados sin asumir compromisos estructurales que limiten sus decisiones nacionales.
Por ello, esta cumbre del Mercosur representa para Bolivia un momento clave. No se trata solo de participar en un evento internacional, sino de evaluar decisiones heredadas, medir con seriedad los costos y beneficios de la adhesión plena y considerar alternativas viables ya existentes. Retrotraerse al ACE-36, que garantizó integración comercial efectiva y autonomía estratégica durante más de 25 años, aparece como una opción pragmática para equilibrar integración y soberanía en un entorno internacional cada vez más incierto.
En esta oportunidad, Bolivia debería al menos comunicar su decisión de evaluar formalmente su situación. Respalda esta posición el hecho de que, aun habiendo transcurrido los plazos, todavía no se ha negociado una hoja de ruta que guíe la incorporación del acervo normativo del Mercosur a la normativa boliviana, lo que confirma que una incorporación real aún no se ha materializado.
Lo que acontece entre el Mercosur y la Unión Europea también merece reflexión. Bolivia necesita avanzar hacia reglas más estables para su comercio con la UE. En esa perspectiva, cabe preguntarse si no resulta más conveniente hacerlo sumándose a los Acuerdos de Asociación que ya tienen los países andinos con el bloque europeo, de contenido similar al que negocia el Mercosur, pero sin las mismas reticencias y oposiciones europeas.
La integración regional no depende de formalidades ni de gestos políticos, sino de su capacidad para ampliar opciones, fortalecer la economía y proteger los intereses nacionales. Bolivia todavía está a tiempo de decidir si mantiene un rumbo impuesto por decisiones no evaluadas o si actúa con criterio propio para redefinir su inserción en el bloque y su posición en la región y en el contexto internacional.
Ana María Solares Gaite fue vicecanciller de la República.
