Empresarios dan su respaldo al decreto aprobado por el presidente Rodrigo Paz, y su gabinete ministerial orientadas al “ordenamiento estructural”, aunque manifestaron su preocupación por el incremento al salario mínimo nacional del 20%
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La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) dio su respaldo al decreto aprobado por el presidente Rodrigo Paz, y su gabinete ministerial orientadas al “ordenamiento estructural”, aunque manifestaron su preocupación por el incremento al salario mínimo nacional del 20%
A través de un comunicado, la CEPB afirmó que apoya la aplicación de medidas estructurales destinadas a evitar un agravamiento de la crisis económica, que —según la entidad— pudo haber conducido al país a un colapso económico inmanejable en el corto plazo.
En ese marco, los empresarios valoraron el levantamiento de la subvención a los combustibles, al considerar que esta decisión permitirá reducir el déficit fiscal, equilibrar las finanzas públicas y enfrentar el contrabando creciente. Reconocieron que el incremento homogéneo e inmediato de los precios tendrá efectos complejos sobre la economía, pero remarcaron que se trata de una medida necesaria y urgente.
Asimismo, la CEPB destacó las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo 5503 sobre otros temas de interés nacional vinculados a la recuperación y reactivación económica. Señaló que, junto a nuevas medidas normativas y administrativas que deberían adoptarse con prontitud, estas acciones pueden sentar bases importantes para liberar barreras que afectan al sector empresarial y generar resultados positivos en el mediano plazo.
No obstante, la Confederación expresó su preocupación por la decisión unilateral de incrementar el salario mínimo nacional en un 20%, advirtiendo que esta medida podría tener efectos severos sobre la estabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como sobre la generación y sostenibilidad del empleo formal.
En el pronunciamiento, el sector empresarial exhortó a las organizaciones representativas de la sociedad a actuar con cautela, responsabilidad y comprensión, a fin de evitar una profundización de la crisis económica en un contexto que exige acciones estructurales.
Finalmente, la CEPB sostuvo que la crisis actual tiene responsables y que la impunidad resulta inaceptable, por lo que instó a las instituciones públicas a acelerar las acciones que correspondan en el marco de la ley y del Estado de Derecho. Añadió que las consecuencias de la crisis no deben recaer únicamente sobre los ciudadanos, y demandó que el sector político y los servidores públicos den señales claras de austeridad, prudencia, responsabilidad y capacidad de gestión.
BD/LE
