Asambleístas de distintas bancadas expresaron su preocupación por la situación de las firmas estatales revelada en un informe del Ejecutivo.
Brújula Digital|16|12|25|
Legisladores de distintas fuerzas políticas expresaron su preocupación por la situación de las empresas públicas, advirtiendo riesgos de mala administración, falta de rumbo y posibles decisiones que podrían afectar el empleo y, sobre todo, el patrimonio del Estado. El temor surge luego de que el gobierno denunció la presencia de “empresas zombis”.
La senadora de APB Súmate, Claudia Mallón, cuestionó la situación de Boliviana de Aviación (BoA) y señaló que hasta la fecha no existe un directorio conformado. “Parece que se quiere asfixiar a BoA que, más allá de haber sido creada en el gobierno del MAS, es la única aerolínea boliviana”, afirmó, e indicó que la empresa genera ingresos en dólares por sus rutas internacionales, pero que estos recursos son manejados por el TGE, ahora bajo control del nuevo gobierno. “Parece que están impulsando el quiebre”, advirtió.
Mallón también se refirió a otras empresas estatales y sostuvo que algunas, como Quipus, “deben ser cerradas porque no tienen razón de ser”, aunque recordó que antes de la segunda vuelta electoral el ahora presidente Rodrigo Paz habló de impulsar alianzas público-privadas. “No queremos más desempleo en el país. Lo que vemos es mucha queja y pocas soluciones; el país necesita certidumbre, no solo denuncias”, remarcó, y pidió al Ejecutivo que defina con claridad qué hará con las empresas públicas.
Por su parte, la senadora del PDC, Ana Crispin, apuntó a las responsabilidades de gestiones anteriores en el fracaso de varias empresas estatales. “No podemos decir simplemente que se gastó tal cantidad de dinero y que ahora no funciona; se colocaron gerentes y administradores que poco o nada sabían del ámbito productivo”, sostuvo. Como ejemplo, mencionó proyectos productivos mal planificados, “construidos en lugares sin conocimiento de la producción, sin alianzas y con personal que no conocía el rubro”.
Desde la Cámara de Diputados, Rolando Pacheco, de Alianza Popular, lanzó una advertencia más dura y denunció presiones externas sobre los recursos estratégicos del país. “Hay más de 100 gringos e israelíes en Bolivia que quieren poner precio a nuestras riquezas, mal administradas, para que se vendan a precio de gallina muerta. No lo vamos a permitir”, afirmó. El legislador aseguró que no permitirá que las empresas públicas sean vendidas bajo el argumento de mala gestión y advirtió con movilizaciones si se intenta avanzar en ese sentido.
Las declaraciones de los legisladores surgen luego de que el gobierno anunciara auditorías y una reestructuración de las empresas públicas, al advertir que varias operan en quiebra técnica y continúan demandando recursos del Estado.
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