No hay que equivocarse. Pese a que el reajuste económico exige paciencia, resulta inaceptable postergar hasta marzo las decisiones sobre las empresas públicas y las atribuciones discrecionales del BCB y del Ministerio de Economía.
Brújula Digital|07|14|2025|
Lily Peñaranda
La gestión legislativa 2020-2025 aprobó 39 créditos externos por $us 4.284 millones. Solo el 52% fue ejecutado ($us 2.209 millones), dejando $us 2.075 millones sin desembolsar. Esta cifra expone un mecanismo que debe comprenderse para evaluar el debate presupuestario actual. De los 39 créditos aprobados, solo 30 se encuentran en ejecución. Sin acceso a información detallada sobre su avance desde el VIPFE, INE, UDAPE o BCB, los actuales asambleístas están sesionando casi a ciegas.
Lo que sí se sabe es que cuando el Banco Central recibía dólares de créditos aprobados para proyectos específicos, el gobierno de Luis Arce ejecutaba un procedimiento técnicamente legal pero fiscalmente perverso. Registraba el crédito en el presupuesto para su destino original (construcción de presas, puentes, riego), pero simultáneamente aplicaba "modificaciones presupuestarias" que desviaban los recursos. Los dólares permanecían en las reservas internacionales para comprar combustible y pagar la deuda externa. Mientras tanto, el Banco Central imprimía bolivianos como contravalor presupuestario, inyectando nueva liquidez monetaria en una economía sin producción adicional que la justificara.
Si el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, a tratarse en los siguientes días en la Asamblea Legislativa, se aprueba como está redactado, se avalaría:
El gasto descontrolado en empresas públicas estratégicas (YPFB, ENDE, EBA, EMAPA, etcétera);
Un Ministerio de Economía autorizado a endeudarse hasta $us 3.500 millones en nuevos mercados externos sin condiciones de viabilidad ni restricciones;
Ausencia de límites a créditos extraordinarios del Banco Central para monetizar el déficit;
Y la perpetuación de subsidios inviables, entre ellos el de hidrocarburos que presiona la demanda agregada.
En este preciso punto es donde se debe incluir el análisis político. El gobierno de Rodrigo Paz aún no puede implementar los ajustes estructurales necesarios para salir de la crisis económica. Me explico, actualmente el mundo vive una nueva Guerra Fría que se libra entre fuerzas occidentales liberales y fuerzas antioccidentales y antiliberales. Ya no se trata de izquierdas y derechas.
En Bolivia no estamos exentos de esta dinámica. 20 años atrás, Evo Morales ganó las elecciones, transformando a Bolivia en un agente antioccidental y antiliberal. Hoy ese régimen ha soltado el poder, pero todavía no es definitivo.
Edmand Lara ha convertido la Vicepresidencia en el remanente de ese proyecto político en el Poder Ejecutivo. Su par, Evo Morales, ha manifestado claramente que en las elecciones subnacionales hará esfuerzos para conquistar municipios y gobernaciones.
Hay quienes sostienen que Evo Morales debería estar preso y que la aplicación de una terapia de shock económica se ha demorado demasiado. Para quienes piensan así, conviene recordar que ya no estamos en 1985, a vísperas de la caída de la Unión Soviética, cuando Estados Unidos era el único hegemón y en Bolivia no existía el riesgo de que un proyecto político empeñado en el colapso económico –como el del MAS y sus ramificaciones– pudiera volver al poder. Hoy el proyecto antioccidental antiliberal solo tiene esa consigna, destruir el orden liberal occidental y a los gobiernos que lo respaldan.
Es cierto que Evo Morales debería enfrentar la justicia cuanto antes, al igual que todo aquel que haya cometido delitos. Sin embargo, su encarcelamiento no bastará para que desaparezcan las fuerzas antiliberales y antioccidentales que hoy se articulan a nivel transcontinental y cuentan con fuentes externas de financiamiento.
Si el gobierno de Paz ejecuta ahora un paquete de ajustes estructurales económicos y sociales, la misma base electoral que votó por el capitán Lara en la primera y segunda vuelta de las elecciones nacionales, potencialmente decepcionada del actual gobierno y sus reformas, podría resultar en la retransferencia de los votos a Evo Pueblo en las elecciones subnacionales. Bolivia tendría un país nuevamente controlado por el proyecto antioccidental antiliberal a nivel subnacional.
Esta es la razón por la que el actual gobierno debe esperar hasta después de las elecciones subnacionales para aplicar todos los ajustes necesarios y reencaminar la economía. Mientras tanto, es indispensable que se aprueben tres créditos, especialmente el crédito de libre disponibilidad de la CAF por $us 550 millones, para poder evitar el default por deudas externas, pagar la importación de gasolina/diésel, pagar gastos corrientes y sostener unos meses más el desastre económico que causó el anterior régimen.
El pasado 11 de diciembre, la Asamblea Legislativa votó a favor del crédito del JICA para recuperación del COVID-19 por $us 96 millones: 51 en contra y 61 a favor. Asambleístas del PDC que responden a Lara y todos los asambleístas de Libre votaron en contra. Sorprendentemente, los asambleístas de Andrónico votaron a favor del crédito de JICA.
Esta votación ofrece un primer vistazo a la dinámica de la Asamblea Legislativa durante los próximos meses y años. Lo que resulta evidente es que el proyecto antioccidental y antiliberal busca con ahínco el fracaso del actual gobierno. Asimismo, es evidente que Edmand Lara persigue objetivos completamente divergentes de los del gobierno, mientras que Libre, como nueva fuerza política, apuesta a consolidar futuras conquistas valiéndose también de un eventual fracaso del oficialismo. Lo más importante, se ha corroborado que Rodrigo Paz tiene gobernabilidad, aunque bastante frágil.
No hay que equivocarse. Pese a que el reajuste económico exige paciencia, resulta inaceptable postergar hasta marzo las decisiones sobre las empresas públicas y las atribuciones discrecionales del BCB y del Ministerio de Economía.
Antes de autorizar nuevos endeudamientos o aprobar el Presupuesto General de la Nación 2026, la Asamblea debe:
Condicionar la aprobación de nuevos créditos a la reforma, liquidación o privatización de empresas públicas.
Auditar la ejecución real de los 39 créditos (proyectos) aprobados 2020-2025, verificando dónde fue el dinero y por qué el 48% aún no se ejecutó.
Exigir el calendario de desembolso del dinero pendiente ($us 2.075 millones).
El PGN 2026 será decisivo para establecer si Bolivia continuará bajo la trayectoria económica de Arce o si emprenderá una ruptura con ese modelo. Si la Asamblea condiciona su aprobación en base a estos tres puntos, estará demostrando un verdadero rigor técnico y sentido de responsabilidad fiscal.
El verdadero desafío no será aprobar el PGN 2026, sino decidir qué país se financiará con él.
