Si el gobierno central garantizara igual gasto a igual aporte fiscal medido en función de pobreza, las transferencias por habitante a una región pobre podrían ser hasta unas seis veces más que a una rica.
Brújula Digital|10|12|2025|
Iván Finot
La caída de la producción y exportaciones de gas ha afectado particularmente a las autonomías subnacionales debido a su gran dependencia del IDH (impuesto “directo” sobre hidrocarburos), cuyo aporte ha descendido bruscamente con la caída de la producción y las exportaciones de gas. Esto hace parte de la crisis económica que, una vez más, ha causado en nuestro país el extractivismo, agravado por segunda vez por el estatismo.
El Ministro de Economía y Finanzas Públicas ha declarado recientemente que, cumpliendo el programa de gobierno del presidente Paz, en el presupuesto vigente a partir de febrero de 2026 –es decir dentro de aproximadamente un mes y medio– el 50% del gasto corresponderá a las autonomías subnacionales.
Pero si esta redistribución fuera sólo del gasto y no de los ingresos, sin que el gasto se origine en impuestos subnacionales, será como un regalo a los gobiernos autónomos, se aumentaría el rentismo, lo que sería completamente contrario a la teoría económica de la descentralización.
En efecto, en esta teoría –denominada por su principal autor (W. Oates 1972) “federalismo fiscal”– se demuestra que cuando hay bienes públicos que tienen una demanda geográficamente diferenciada –por ejemplo, la de infraestructura económica en nuestro diverso territorio nacional– las decisiones sobre su provisión serán más eficientes y oportunas si la hacen gobiernos autónomos cuyas circunscripciones correspondan lo más posible con esa diferenciación.
Y en economía las decisiones sobre provisión de bienes públicos comprenden no sólo las referidas a gasto sino, simultáneamente, a los aportes –impuestos, contribuciones, tasas que harán los ciudadanos para proveerse de esos bienes.
El fundamento de la eficiencia económica –lograr los beneficios buscados con mínimos costos– es que los ciudadanos decidan por quién votan conociendo no solamente su programa, sino cuánto les costará la ejecución de ese programa en términos de aportes actuales y futuros (si los van a endeudar). Y para la ejecución debe añadirse total transparencia a fin de que los ciudadanos vigilen si no les están cobran de más: dificultar lo más posible la corrupción.
Sin embargo, actualmente no se dan esas condiciones. Los municipios pueden contar con impuestos, contribuciones especiales y tasas, pero los ciudadanos no pueden decidir cuánto aportarán porque no están autorizados para modificar alícuotas (el porcentaje que pagarán sobre la respectiva base impositiva). Y, además, en la inmensa mayoría de los municipios a los candidatos no les importa aumentar esos aportes porque, si son electos, casi la totalidad de su gasto se financiará con transferencias del gobierno central no dependientes, para nada, de los aportes locales.
De esta manera no se dan en absoluto condiciones de eficiencia, hay vía libre a la corrupción, y a los ciudadanos les llegan las obras como regalo del gobierno local de turno.
Y la situación es aún más difícil en el caso de las autonomías departamentales (y regionales): prácticamente no cuentan con ningún impuesto, casi la totalidad de sus recursos proviene de regalías –de lo que por casualidad exista en el subsuelo– y de transferencias del IDH.
La buena noticia es que para el gobierno Paz–Lara se presenta la gran oportunidad de terminar con el rentismo y la corrupción en los gobiernos subnacionales. Que el 50% del gasto público se haga efectivo en los gobiernos autónomos, sí, pero garantizando las condiciones de eficiencia que define el federalismo fiscal y garantizando a todas las regiones y habitantes igualdad de oportunidades.
Para ello, es imprescindible definir impuestos departamentales –principalmente sobre los ingresos de las personas– y que los gobiernos municipales cuantifiquen las contribuciones especiales. Y, a fin de garantizar igualdad de oportunidades, que las transferencias del gobierno central para competencias exclusivas sean de completa libre disponibilidad, pero proporcionales a las recaudaciones locales medidas según índice de pobreza.
Y que aquellas destinadas a salud y educación tengan como objetivo completar el gasto autónomo destinado a estos sectores a fin de garantizar igual acceso mínimo en todo el territorio nacional.
Si el gobierno central garantizara igual gasto a igual aporte fiscal medido en función de pobreza, las transferencias por habitante a una región pobre podrían ser hasta unas seis veces más que a una rica. Pero, como el gasto subnacional alcanzará al 50% del total, todas –o casi todas– saldrán ganando.
Iván Finot fue experto principal de la CEPAL en descentralización, de 1994 a 2007. Ver todas sus publicaciones en https://independent.academia.edu/IvanFinot.
