El nuevo gobierno enfrenta un déficit fiscal alto, inflación y reservas bajas, y debe implementar reformas económicas pragmáticas sin sacrificar inclusión social.
Brújula Digital
Diego Peñaranda Molina
Bolivia llega a sus 200 años en medio de una profunda crisis económica, pero con una inesperada oportunidad para redefinir su rumbo de largo plazo. Después de 20 años de gobiernos casi consecutivos del partido de izquierda Movimiento al Socialismo (MAS), el candidato sorpresa de centro –o centroderecha moderada– Rodrigo Paz ganó las recientes elecciones presidenciales. En la primera vuelta electoral obtuvo el primer lugar con el 32% de los votos, ganándole al MAS y al resto de los partidos de izquierda que obtuvieron tan solo 13% del voto colectivamente. En la segunda vuelta Paz le ganó al candidato de derecha conservadora Jorge “Tuto” Quiroga, obteniendo 55% de los votos. Esta victoria representa una apuesta de la población boliviana por la moderación en tiempos de polarización, y brinda una oportunidad para reconstruir los cimientos económicos del país en base a pragmatismo económico en vez de ideología.
El gobierno saliente de Luis Arce deja al país en una situación de profunda insostenibilidad macroeconómica. El déficit fiscal proyectado para este año ronda el 13% del PIB, el más alto de la región. La mayor parte de esa brecha ha sido financiada por parte del Banco Central mediante emisión monetaria (por ejemplo, imprimiendo dinero), lo que contribuyó a que la inflación se dispare a los niveles más altos desde los años ochenta (23% interanual). La deuda bruta del gobierno, que en 2008 era de 37% del PIB, ahora es de 93%. Al mismo tiempo, el tipo de cambio fijo y la disminución en las exportaciones han contribuido a que las reservas internacionales netas líquidas (es decir, las divisas del Banco Central sin contar el oro de sus bóvedas) equivalen a tan solo US$73 millones, o 0,1% del PIB. Como referencia, en 2014 éstas eran de 13.227 millones de dólares, alrededor de 40% del PIB. Esta situación ha generado un tipo de cambio paralelo al menos 65% más alto que el oficial, paralizando importaciones esenciales y generando escasez de gasolina y diésel.
Pese a autodenominarse de “centro”, el nuevo presidente debe tomar decisiones firmes para reencaminar la economía. La prioridad inmediata es restablecer la estabilidad macroeconómica mediante un plan integral que combine consolidación fiscal, corrección cambiaria y restauración de la confianza en las instituciones. El dilema no es si se debe ajustar, sino cómo hacerlo de manera ordenada para evitar una crisis más profunda. La consolidación fiscal requerirá un paquete completo de medidas: reducir el gasto corriente, revisar las empresas estatales que operan con pérdidas, ampliar la base tributaria y eliminar los subsidios a los combustibles que costaron alrededor de 2000 millones de dólares en 2024, o casi el 4% del PIB. Todo esto implicará más presiones sobre la inflación y podría traducirse en un aumento en la pobreza, por lo que una parte de los recursos ahorrados con los ajustes deberá redirigirse a redes de protección temporal para mitigar los impactos negativos sobre los hogares más vulnerables.
En paralelo, las autoridades del nuevo gobierno y del banco central necesitan corregir las distorsiones del régimen cambiario. El tipo de cambio fijo vigente desde hace más de una década ya no funciona como ancla de estabilidad y ha pasado a ser una fuente de desconfianza e iliquidez. Reducir la brecha entre el tipo oficial y el paralelo, que podría ser hecho mediante una flotación libre, administrada, o en bandas, permitiría normalizar el acceso a divisas, reactivar el comercio y recuperar las reservas. Este proceso exigirá respaldo técnico y financiero de la banca multilateral, incluyendo del Fondo Monetario Internacional. Ese apoyo es necesario no solo por los recursos que puedan aportar, sino por la credibilidad y conocimiento experto que otorgan. Adicionalmente, comunicar con transparencia los objetivos, la temporalidad y los límites de cada medida será casi tan importante como las reformas mismas.
El éxito del nuevo gobierno dependerá en parte de su capacidad para reconstruir la institucionalidad del sector público, sin que eso signifique necesariamente una purga del aparato estatal. Instituir reglas de mérito y preservar a los funcionarios competentes, sin importar su partido político, será fundamental para la estabilidad del país. Al mismo tiempo, se debe buscar preservar los avances sociales de las últimas dos décadas – la mayor inclusión política, económica y educativa de grupos históricamente marginados y la mejora de indicadores socioeconómicos, como la reducción de la pobreza de 60% en 2005 a 37% en 2023. Si la nueva administración pretende tener gobernabilidad, debe entender que gobernar con pragmatismo y equilibrio implica reformar todo lo necesario sin deshacer lo que sí dio resultados.
En una región políticamente polarizada, con líderes de ultraderecha como Milei en Argentina declarando “detesto a los comunistas, zurdos de mierda, porque odian la vida”, o de izquierda dictatorial como Maduro en Venezuela advirtiendo un “baño de sangre” si la derecha ganaba las elecciones de 2024, el giro democrático y pacífico de Bolivia hacia el centro se convierte en un ejemplo a seguir. En medio de una crisis económica, el país eligió el equilibrio, no por cálculo ideológico, sino por necesidad. Esa apuesta colectiva por la moderación abre una ventana histórica para demostrar que las reformas duras también pueden ser socialmente responsables y políticamente sostenibles.
El nuevo gobierno llega con desafíos enormes y un margen de error delgado. Pero si logra estabilizar la economía sin renunciar a la inclusión, y reconstruir instituciones sin caer en la revancha política, Bolivia podría redefinir el significado de centro en Sudamérica: no como tibieza, sino como una forma de madurez democrática. Después de años de gobiernos guiados por la ideología, la administración de Rodrigo Paz tiene la oportunidad de algo más difícil, pero más duradero: gobernar con pragmatismo y sensatez.
Diego Peñaranda Molina es economista, cursa una maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Oxford, Gran Bretaña. Este artículo fue originalmente publicado en el blog “Voices” de esa casa de estudios. La publicación original está disponible aquí.
