Este panorama implica claramente una reforma del Estado total, que empieza con la racionalización del gasto, pero que también significa un cambio total de la estructura de los diferentes estamentos existentes.
Brújula Digital|06|11|25|
José Abel Martínez
En las cuentas fiscales existen ciertas características que, no sólo desde los tiempos de los nefastos gobiernos del MAS, fueron la génesis y la profundización de los problemas que actualmente estamos enfrentando; y que tienen que ver con los famosos déficits fiscales persistentes a través de toda nuestra historia republicana. Eso de que tuvimos superávits fiscales alguna vez es una falacia total.
Este es un tema neurálgico, ya que, si no se toman medidas sobre estos aspectos, el incremento del gasto e involucramiento del Estado en la economía volverán a resurgir en un futuro no muy lejano, haciendo que los esfuerzos de reducción y racionalización drástica del gasto puedan ser insuficientes; o que todos los esfuerzos para tener unas cuentas fiscales saludables caigan en saco roto.
Estas características son:
La rigidez de más del 85% del gasto público que es corriente, recurrente, fijo y creciente. Este gasto, referido principalmente a sueldos y salarios, servicios públicos, “servicios de consultoría”, entre otros, tiene la característica fundamental de que tienen que ser honrado ineludiblemente todos los meses.
La existencia de la denominada “deuda flotante”, que básicamente es un gasto por adelantado del sector público y que no es pagado a los proveedores hasta cuando son otorgados los recursos para el pago de bienes y servicios ya consumidos. Es una de las principales fuentes de la “deuda oculta” que existe y se estima que supera los Bs 17 mil millones, ya que esta deuda solo se revela en la siguiente gestión, cuando las deudas no son honradas por el Estado.
Por último, está la estructura administrativa del Estado central; es decir, cada unidad administrativa que existe en cada ministerio y cada empresa o entidad descentralizada, que tiene la discrecionalidad de comprometer gastos más allá de las verdaderas disponibilidades del Tesoro General de la Nación, claramente ligada directamente con la famosa deuda flotante.
En los países en el mundo con economías y sectores públicos que tienen verdadera disciplina fiscal, la proporción del gasto público corriente, recurrente, fijo y creciente no supera porcentajes superiores al 40% del total de sus presupuestos, porque claramente saben que esta es la principal fuente y causa del incremento del gasto corriente y la génesis de los déficits fiscales futuros.
Su incremento sólo es posible en la medida en que la economía en general crezca y, por ende, se incrementen los recursos para seguir cumpliendo con este gasto ineludible. El ejemplo clásico de esta fenomenología es el de los sueldos y salarios, que deben ser pagados puntualmente, cada mes, y que, además, son ajustados cada fin de año, con los incrementos producto del tan mentado “mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios”.
Una característica importante en el caso de nuestro país es que si el personal estatal está bajo la Ley General del Trabajo, adicionalmente existen costos que tiene que ver con finiquitos, desahucios, además de vacaciones que tienen que ser honradas una vez el personal sea desvinculado. En esta línea es que, en los últimos tres meses, el actual gobierno ejecutó la estrategia de llevar los contratos existentes a la Ley General del Trabajo, por lo que el verdadero ajuste del gasto estatal incluirá un monto adicional muy importante que todavía es difícil de calcular.
Es por esto que el nuevo diseño de las finanzas estatales debe suponer que la composición del presupuesto consolidado debe contener un porcentaje no superior al 40% en gasto corriente en general, tarea dura de realizar, pero totalmente necesaria, si queremos garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas de aquí para adelante.
Respecto a la deuda flotante, esta debe ser erradicada en su totalidad. Es decir que ninguna unidad administrativa pueda comprometer gasto sino tiene la asignación de la liquidez suficiente para poder honrar las deudas que se vayan generando, quitando así la esta potestad que detentaban estas unidades administrativas.
Un aspecto importante, y de corto plazo, es honrar la deuda flotante existente, porque es fundamentalmente el capital de trabajo de personas y empresas de todos los tamaños de nuestra maltrecha economía.
Todas estas características mencionadas están enraizadas en la burocracia financiera estatal que realizó este “ejercicio” por alrededor de 20 años, por lo que la tarea es titánica. No sólo en lo que se refiere a la racionalización del gasto y reducción del Estado; no se olviden que la reducción de gasto incluye a todos los gobiernos subnacionales y a la erradicación de todas las estructuras creadas, en todos los niveles del gobierno. Son muy numerosas y difíciles de sustituir por otro personal que realice el trabajo de forma coherente y racional.
Este panorama implica claramente una reforma del Estado total, que empieza con la racionalización del gasto, pero que también significa un cambio total de la estructura de los diferentes estamentos existentes.
José Abel Martínez es un orgulloso ciudadano de la República de Bolivia.
