Es imprescindible que se establezcan prioridades claras y que se cuente con personal altamente competente, tanto en lo técnico como en lo ético, capaz de identificar los riesgos más relevantes y actuar con celeridad y criterio.
Brújula Digital|05|11|25|
Nelly Salinas
En Bolivia, el control gubernamental se ejerce a través de distintas instancias y niveles. Está el control externo, encabezado por la Contraloría General del Estado, que tiene entre sus atribuciones contratar a firmas privadas para ese fin.
También están las unidades de auditoría interna de las entidades que ejercen tuición, el control interno posterior por las unidades de auditoría interna de la propia entidad y el control interno previo, que se lleva a cabo con cada servidor, antes de la ejecución misma de sus propias operaciones. Todos estos controles están vigentes en las entidades del sector público.
Ahora bien, cabe preguntarse de manera general: ¿es realmente eficaz, eficiente y además oportuno el control gubernamental en Bolivia?
Sin duda, han existido casos en los que esta función ha sido ejecutada con eficacia y eficiencia y “oportunidad”. Sin embargo, también hay una larga lista de ejemplos en los cuales estos principios se han visto seriamente comprometidos, sobre todo por la inoportunidad en la aplicación de las acciones de control.
Quienes hemos trabajado en esta área –ya sea desde la administración, auditoria o el ámbito legal– conocemos bien que todo informe de responsabilidad preliminar debe ser notificado al presunto responsable, otorgándole un plazo de 10 días para presentar sus descargos. Hasta aquí el procedimiento es claro y justo.
Sin embargo, desde que la Constitución Política del Estado dio a los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico el carácter de imprescriptibles, sin que se admita un régimen de inmunidad y desde la promulgación de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz hemos visto situaciones verdaderamente paradójicas.
Se han emitido informes de responsabilidad años después de ocurridos los hechos, pero no pocos, en algunos casos después de 10 o 15 años, incluso cuando algunos de los presuntos responsables ya habían fallecido. Como resultado, los herederos – quienes muchas veces desconocen por completo los actos administrativos de sus antecesores– se ven obligados a asumir la responsabilidad de hacer los descargos e, incluso, enfrentar el pago de la deuda.
Como profesional con experiencia en la función pública, tanto en el área administrativa, auditoría como en derecho, aclaro que no me opongo al principio de imprescriptibilidad de las deudas con el Estado. Sin embargo, sí considero que el control gubernamental debe ser oportuno, mucho más cuando se trata de responsabilidad civil; es decir, cuando hay daño económico al Estado.
En estos casos la oportunidad del control no solo es deseable, sino fundamental para garantizar justicia, prevenir pérdidas mayores y evitar que recaigan consecuencias injustas sobre terceros.
Para ello, es imprescindible que se establezcan prioridades claras y que se cuente con personal altamente competente, tanto en lo técnico como en lo ético, capaz de identificar los riesgos más relevantes y actuar con celeridad y criterio.
Cuando el control no es oportuno pierde su esencia. Se convierte en una carga, no en una herramienta efectiva y eficiente, ya que estas condiciones no solo pueden medirse porque solo exista un informe o una sanción, sino por el momento en que se actúa, la oportunidad con la que se interviene y la capacidad de generar mejoras reales en la gestión pública
Nelly Salinas es auditora y abogada.
