Mientras la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) sostiene que la norma impactará apenas al 3% del sistema financiero El presidente de la CNC, Eduardo Olivo, alertó que sus efectos podrían ser devastadores para el sistema bancario, las empresas y el empleo.
Brújula Digital |03|11|25|
La Cámara Nacional de Comercio (CNC) expresó su profunda preocupación por la Ley de Diferimiento de Créditos, recientemente aprobada y sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que ahora aguarda su promulgación.
Mientras la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) sostiene que la norma impactará apenas al 3% del sistema financieroEl presidente de la CNC, Eduardo Olivo, alertó que sus efectos podrían ser devastadores para el sistema bancario, las empresas y el empleo.
“Ya tenemos una parte congelada de dólares y el Gobierno le debe a la banca 2.500 millones de dólares; ahora, con la ley, se congelarían otros 2.600 millones que la gente no va a pagar. Eso significa que el 75% de los ingresos de la banca se verán afectados y solo trabajará con el 25% restante”, advirtió Olivo.
El titular de la CNC subrayó que el diferimiento solo debería aplicarse a quienes realmente lo necesitan y no a toda la base de prestatarios, como establece la ley. “Esta norma es inconstitucional y pone en riesgo de quiebra al sistema financiero, afectando la liquidez de los bancos, al sector productivo, las fuentes de empleo y la inversión nacional”, agregó.
Según Olivo, el 60% de las micro y medianas empresas trabaja con flujos de crédito para la importación y comercialización de productos, por lo que la norma “afectará directamente al 60% de los asociados de la CNC, que suman unos 1.500 empresarios”.
En criterio del sector empresarial, esta ley tiene un trasfondo político y podría incluso impactar negativamente en la próxima gestión del presidente electo, Rodrigo Paz, que asumirá el mando el 8 de noviembre. “Creemos que esta norma busca debilitar al nuevo gobierno”, sostuvo Olivo.
Por su parte, la ASFI defendió la ley y aseguró que su impacto será “mínimo” en comparación con el diferimiento aplicado durante la pandemia de 2020. “El efecto alcanzará al 3% de la cartera de créditos; no es significativo”, explicó el director de Estudios y Publicaciones, Pedro Asturizaga.
La directora ejecutiva de la entidad, Ivette Espinoza, precisó que el beneficio está dirigido únicamente a clientes con microcréditos y créditos de vivienda social, y no al conjunto del sistema. “El alivio está orientado a quienes están en ejecución y no pueden acceder a una reprogramación o refinanciamiento”, aclaró.
El Ministerio de Economía, en respaldo a la medida, informó que la ley —solicitada por al menos 12 organizaciones sociales—beneficiará a más de 1,4 millones de prestatarios, defendiendo que “protege el derecho a la vivienda de miles de familias y asegura la continuidad de las micro y pequeñas unidades productivas”.BD/LE
