El índice de libertad económica del Instituto Fraser debería funcionar no sólo como un conjunto de indicadores útiles para diagnosticar e implementar reformas estructurales, sino también como un instrumento para interpretar la realidad económica.
Brújula Digital|10|10|25|
Leonardo Siles
En tan solo un año, Bolivia ha retrocedido 10 posiciones en el Índice de Libertad Económica del Instituto Fraser (Canadá). En efecto, el país cayó del puesto 106, en 2024, al 116 en la última edición del indicador. Además de la pérdida de las reservas internacionales, la escasez de dólares y la creciente inflación, el gobierno de Luis Arce deja el poder empeorando significativamente la libertad económica de las personas y empresas, que son equipos de personas tras un objetivo común.
¿Libertad para qué? Libertad para comprar en tiendas virtuales como Mercado Libre, libertad para abrir (y cerrar) una empresa en un tiempo razonable, libertad para firmar contratos laborales sin la intervención del Ministerio de Trabajo y libertad para ahorrar o tomar créditos a través de los canales tradicionales o de la nueva industria fintech.
Respecto de este último punto, el índice de libertad económica le da a Bolivia un puntaje de 4 sobre 10 en el porcentaje del crédito que recibe el sector privado. En otras palabras, un 60% del ahorro doméstico se va para financiar al sector público. La cara más visible de este fenómeno es lo que hoy en día ocurre con la Gestora, aun a costa del riesgo que esto supone en cuanto a su capacidad de cumplir con sus promesas de largo plazo.
Cuando el gobierno se lleva una mayor parte del crédito disponible hay menos para invertir en empresas con potencial de crecimiento, hay menos para créditos de consumo y hay menos para adquirir nuevos bienes de capital o reemplazar aquellos que ya quedaron obsoletos. La libertad para tomar tanto crédito como uno pueda es restringida por el gobierno, que deja muy pocos fondos en manos de privados. Luego, las empresas se quedan pequeñas, los jóvenes difícilmente acceden a hipotecas y el capital se deprecia.
Y también tenemos datos comparativos que ilustran los efectos de la excesiva participación del Estado en el sector financiero. Por ejemplo, Bolivia es el penúltimo país de la región en la cantidad de personas que tienen acceso a una tarjeta de crédito, con un 12,6% del total. Uruguay se sitúa en el segundo puesto de la lista con el triple de personas y Brasil lidera el ranking con más del 40%.
Por otro lado, solo el 37% de las empresas bolivianas obtienen créditos bancarios para financiar sus inversiones de largo plazo, mientras que en Perú este mismo porcentaje sube hasta un 57%. Lo que ocurre con nuestros vecinos es que poco más del 15% de sus ahorros se utilizan para financiar al sector público, 4 veces menos que en Bolivia. Una vez más: cuando el gobierno se lleva una mayor parte del crédito, queda menos para el resto.
Estas son solo algunas de las consecuencias de la falta de libertad económica en el país. Ni hablar de la inflación, el débil crecimiento económico, la baja productividad, o la cantidad y calidad del capital humano.
El índice de libertad económica del Instituto Fraser debería funcionar no sólo como un conjunto de indicadores útiles para diagnosticar e implementar reformas estructurales, sino también como un instrumento para interpretar la realidad económica boliviana desde la perspectiva de quienes están ahora llamados a convertirse en sus protagonistas: familias, emprendedores y empresas.
Leonardo Siles es economista y secretario académico de Libera Bolivia.
