La petrolera Shell, a través de su filial Shell Bolivia Corporation (SBC), notificó formalmente al Estado boliviano con el inicio de una disputa internacional por presuntas vulneraciones a sus derechos como inversor, en el marco del Tratado de Protección de Inversiones suscrito entre Bolivia y el Reino Unido.
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La petrolera Shell, a través de su filial Shell Bolivia Corporation (SBC), notificó formalmente al Estado boliviano con el inicio de una disputa internacional por presuntas vulneraciones a sus derechos como inversor, en el marco del Tratado de Protección de Inversiones suscrito entre Bolivia y el Reino Unido.
La notificación fue presentada el pasado 5 de agosto ante la Procuraduría General del Estado y también dirigida al presidente Luis Arce, a la canciller Celinda Sosa y al procurador Ricardo Condori.
El documento sostiene que, en los últimos años, el Estado boliviano y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) adoptaron medidas arbitrarias que habrían ocasionado pérdidas económicas de cientos de millones de dólares y daños morales a la compañía. Con esta acción se abre un período de seis meses de negociaciones antes de que la controversia pueda escalar a un arbitraje internacional.
La petrolera detalla al menos cinco vulneraciones centrales:
1. Abuso de autoridad en la gestión de tres contratos de operación firmados con YPFB.
2. Anulación “ilegal” de un laudo arbitral emitido a su favor por un tribunal bajo derecho boliviano.
3. Incumplimiento de pagos millonarios acordados en retribuciones al inversor.
4. Negativa a emitir documentación legal que otorgaba a SBC la liberación final e irrevocable de responsabilidades contractuales.
5. Venta sin autorización de miles de barriles de crudo propiedad de la compañía por parte de YPFB.
El escrito también denuncia la aplicación discrecional de sanciones, interpretaciones arbitrarias en precios, errores en el cálculo de regalías e impuestos, además de trabas para recuperar costos operativos reconocidos en auditorías.
Acusaciones de persecución y extorsión
Shell asegura que, además de las vulneraciones contractuales, Bolivia incurrió en una “persecución maliciosa” contra cinco de sus empleados mediante procesos judiciales sin fundamento. Afirma que estas acciones habrían sido promovidas tras una denuncia penal presentada en 2021 por la empresa Troya Constructores y su representante Jaime Núñez del Prado, a quien la petrolera acusa de intentar extorsionar un pago de 20 millones de dólares con un contrato inexistente como sustento.
Aunque la acusación inicial fue desestimada, fiscales bolivianos habrían insistido en imputaciones por estafa contra personal de SBC en 2022, lo que la compañía considera un ejemplo de uso indebido del aparato judicial para presionar a inversionistas.
Shell sostiene que las medidas adoptadas por el Estado constituyen violaciones al derecho internacional y al tratado bilateral de inversiones, que obliga a otorgar un trato justo y equitativo y a proteger contra expropiaciones directas o indirectas. Por ello, reclama una compensación integral por las pérdidas ocasionadas.
La empresa mantiene operaciones en los bloques Caipipendi y Tarija XX Oeste, donde se ubica el campo Margarita, el de mayor producción de gas del país. Además, gestiona el proyecto de cierre y restauración de pozos en el campo “La Vertiente”.
De no alcanzarse un acuerdo en el período de negociación de seis meses, la disputa podría derivar en un arbitraje internacional con repercusiones financieras y legales para Bolivia.
BD/RED
