Representantes de la sociedad civil y expertos en litio rechazan el intento del gobierno de Luis Arce de aprobar, en las últimas semanas de su gestión, contratos con empresas extranjeras para la explotación del litio, por considerarlos perjudiciales para el país, poco transparentes y sin garantías técnicas, económicas ni ambientales.
Brújula Digital|02|07|25|
A semanas de concluir su mandato, el gobierno de Luis Arce intenta aprobar dos contratos cuestionados para la explotación del litio boliviano. Representantes de la sociedad civil y expertos en el tema expresaron su firme rechazo y declararon estado de alerta.
Diversos representantes de la sociedad civil boliviana, junto a especialistas que han seguido de cerca el proceso de industrialización del litio, manifestaron este martes su “firme rechazo” ante el intento del gobierno de Luis Arce de forzar la aprobación de dos contratos relacionados con la explotación del litio por parte de empresas extranjeras (ver adjunto).
Según el comunicado difundido, el Ejecutivo busca que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe, antes del cierre de gestión, los proyectos de ley 197/2024-2025 y 170/2024-2025. Ambos habilitarían contratos con la empresa china Hong Kong CBC y la rusa Uranium One Group.
Los firmantes alertan que estos contratos contienen redacciones “incompletas, confusas e incongruentes”, y carecen de garantías técnicas y económicas. Además, denuncian que las tecnologías propuestas no han sido probadas en las condiciones específicas de los salares bolivianos.
El documento también observa que no existe un plan de negocios sólido ni una evaluación seria de los costos de explotación. Según los especialistas, los precios actuales del carbonato de litio en el mercado internacional no cubren los costos proyectados, los cuales tampoco han sido socializados por el gobierno.
Uno de los puntos más críticos señalados es el traslado de los riesgos financieros al Estado boliviano. En caso de firmarse los contratos, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) quedaría obligado a reembolsar a las empresas extranjeras por sus inversiones y costos, incluso si la producción no resulta rentable.
Además, se cuestiona que las cláusulas contractuales favorecen ampliamente a las empresas foráneas, minimizando sus riesgos mientras se garantiza su beneficio económico, en detrimento de los intereses nacionales.
El comunicado también subraya la falta de estudios sobre impactos ambientales, la ausencia de mecanismos claros de mitigación y el incumplimiento del derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada con las comunidades locales.
Finalmente, se advierte que los contratos, tal como están redactados, dificultan cualquier futura renegociación para mejorar las regalías mineras (actualmente fijadas en solo el 3%) que beneficiarían al departamento de Potosí y a los municipios productores.
“Este tipo de decisiones no debe tomarse en los últimos días de un gobierno saliente”, advierten los firmantes, que llaman a la Asamblea Legislativa a rechazar los contratos y exhortan a la ciudadanía a mantenerse vigilante ante lo que califican como un intento de comprometer el futuro del país sin legitimidad ni transparencia.
BD/RPU
