|ANÁLISIS|Reforma tributaria, empezar por hidrocarburos y minería|Pablo Ordoñez|

Brújula Digital|10|06|25|

Pablo Ordoñez T.

En el debate sobre la sostenibilidad fiscal del Estado boliviano y la necesidad de una reforma tributaria integral, existe un punto de partida ineludible que debe ser priorizado: la tributación sobre los sectores de hidrocarburos y minería privada. Lejos de ser un tema técnico o sectorial, este es un asunto estratégico para la estabilidad económica del país en el mediano y largo plazo.

Actualmente, Bolivia impone a las industrias extractivas –hidrocarburos y minería privada– una carga fiscal significativamente superior al promedio de otros países de la región. Este alto “government take” (porcentaje que termina en manos del Estado) puede superar el 80% en ciertos casos, dependiendo de los precios internacionales y los costos operativos. En comparación, países vecinos como Perú o Colombia ofrecen esquemas más equilibrados que buscan compatibilizar la recaudación con la atracción de nuevas inversiones.

Como resultado de este esquema fiscal oneroso, ambas industrias figuran consistentemente entre los mayores contribuyentes del país. En 2024, las empresas hidrocarburíferas –con YPFB a la cabeza– y las compañías mineras privadas –como San Cristóbal– generaron grandes cantidades de ingresos fiscales. No obstante, este elevado aporte no debe interpretarse como síntoma de salud sectorial, sino como evidencia de un sistema tributario que extrae al límite los beneficios de una base cada vez más frágil.

Desde un punto de vista tributario, la industria minera tiene una importante paradoja que se debe resolver: mientras las empresas privadas mineras son las que más aportan en impuestos, las cooperativas mineras son precisamente quienes menos lo hacen.

El alto “government take” tiene un efecto colateral preocupante: desincentiva la inversión en exploración. Las empresas encuentran poco atractivo arriesgar capital en nuevos proyectos si no hay un marco fiscal competitivo que les ofrezca previsibilidad y rentabilidad razonable. Esto ha tenido consecuencias palpables en el sector hidrocarburífero, en el que la falta de reposición de reservas se traduce en una caída sostenida de la producción y, por ende, en menores ingresos para el Estado.

La ausencia de nuevos proyectos exploratorios no es un problema sectorial; es una amenaza estructural para el país. Bolivia depende en gran medida de los ingresos generados por la extracción de recursos naturales. Si no se reponen reservas, no habrá producción futura. Y sin producción, el Estado perderá una de sus principales fuentes de ingresos. Esto ya es evidente en hidrocarburos, donde la renta petrolera cayó un 17% en 2024 respecto al año anterior, y nada indica que esta tendencia vaya a revertirse sin un cambio de rumbo.

Por estas razones, la primera gran reforma tributaria que Bolivia debe acometer no es general ni estructural, sino sectorial y específica: debe comenzar por los sectores de hidrocarburos y minería. Se trata de revisar y rediseñar el marco impositivo para hacerlo más competitivo, predecible y compatible con el ciclo de inversiones de estas industrias. Sin ello, no habrá nuevos proyectos, y sin nuevos proyectos, no habrá ingresos que sostengan al Estado en el tiempo.

Plantear una reforma tributaria integral sin haber resuelto el problema estructural de los ingresos extractivos es una apuesta riesgosa y políticamente inviable. Implicaría trasladar la carga fiscal a otras industrias y a las personas naturales, lo cual sería profundamente impopular y podría desencadenar reacciones sociales imprevisibles. En un contexto económico ya tenso, esto podría poner en jaque la gobernabilidad.

Mientras Bolivia no realice una reforma tributaria en los sectores estratégicos de hidrocarburos y minería que permita estabilizar los ingresos estatales a corto y mediano plazo, toda propuesta de reforma tributaria integral será insostenible, tanto técnica como políticamente. La historia fiscal del país y la coyuntura actual así lo exigen: sin ingresos estables, no hay reforma posible; y sin reforma en los sectores extractivos, no habrá ingresos estables.

Pablo Ordonez T. es abogado.