Juez de Potosí rechaza acción popular contra contratos de litio y despeja vía para aprobarlos en la ALP

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El Juzgado Público Mixto de Instrucción Penal, Civil y Comercial N°1 de Colcha “K”, en el departamento de Potosí, rechazó la acción popular interpuesta por dirigentes de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (Cupconl) que pretendía frenar la tramitación de dos contratos firmados por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con empresas de Rusia y China para la industrialización del litio en el Salar de Uyuni.

En su fallo, el juez también dejó sin efecto las medidas cautelares dictadas el 25 de mayo, las cuales suspendían temporalmente el tratamiento legislativo de los acuerdos suscritos entre YLB y las firmas Uranium One Group, de origen ruso, y Hong Kong CBC Investment Limited, de capital chino. La sentencia concluyó que no existe una amenaza directa ni inminente a los derechos de los demandantes y ratificó la legalidad del proceso, permitiendo que los contratos continúen su curso en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Asimismo, el juez exhortó al Legislativo a elaborar y aprobar de forma urgente una ley general de consulta previa que garantice los derechos de los pueblos indígena originario campesinos, conforme al Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Constitución Política del Estado.

Con este pronunciamiento judicial, ya son dos los fallos que avalan la legalidad de los contratos, ya que anteriormente la Sala Constitucional Tercera de El Alto también desestimó un recurso similar. Ambas resoluciones aportan certeza jurídica a los acuerdos y fortalecen el proceso de industrialización del litio que impulsa el Gobierno nacional en medio de cuestionamientos sobre seguridad jurídica en el país.

Los contratos, firmados en septiembre y noviembre de 2024, contemplan la instalación de plantas industriales con tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) en el salar de Uyuni. La inversión comprometida por ambas empresas extranjeras supera los 2.000 millones de dólares, monto que será cubierto en su totalidad por las compañías, mientras que el Estado boliviano mantendrá una participación del 51% en los beneficios.

Además de la instalación de las plantas con capacidad para producir entre 10.000 y 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio, los acuerdos incluyen compromisos de estudios de impacto ambiental, socialización con las comunidades aledañas y una nueva etapa de consulta antes del inicio de operaciones.

El Ministerio de Hidrocarburos y Energías exhortó nuevamente a la Asamblea Legislativa a avanzar con el tratamiento de los contratos en el pleno de la Cámara de Diputados y, posteriormente, en la Cámara de Senadores. Ambos documentos ya han sido revisados en comité y comisión, por lo que su aprobación es clave para el avance de los proyectos estratégicos de industrialización del litio en Bolivia.

BD/RED