Ingenios arroceros en emergencia: Gobierno investiga posibles delitos de agio y especulación

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El sector arrocero de Santa Cruz entró en emergencia tras una jornada de paro en la que demandaron al Gobierno garantías para su actividad productiva y rechazaron acudir a La Paz para una reunión. El Viceministerio de Defensa del Consumidor anunció que continuará con las investigaciones sobre posibles delitos de agio y especulación en la comercialización de arroz.   

El viceministro Jorge Silva explicó que los representantes de los ingenios arroceros no asistieron a la reunión programada en La Paz, pese a su compromiso inicial. “Lamentablemente, el sector arrocero, que debía llegar este jueves, hizo conocer a través de sus dirigentes que no van a poder llegar. Ellos quieren que vayamos a Santa Cruz, a Montero. Estamos respondiendo a la nota que hicieron llegar suspendiendo la reunión que estaba programada para hoy”, señaló Silva.  

El viceministro indicó que existen indicios de un incremento injustificado en el precio del arroz, que estaría afectando directamente a los consumidores. “Son los ingenios arroceros los que fueron incrementando paulatinamente el precio del producto de manera totalmente injustificada y abusiva. De encontrarse evidencias de agio y especulación, se sancionará conforme a lo establecido en el Código Penal”, afirmó.  

Por su parte, el presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco), Jean Pierre Antelo, destacó la importancia de garantizar el abastecimiento interno, pero subrayó que la situación debe analizarse de manera integral. “Debemos trabajar en un país que vaya hacia adelante, con mayor apoyo al sector privado para que la población tenga precios accesibles, sin una inflación tan alta. Esto solo se logra con un trabajo coordinado entre el sector público y privado, con políticas públicas que nos permitan desarrollarnos”, sostuvo Antelo.  

El dirigente de los ingenios arroceros, Jimmy Prado, reiteró que el sector no está especulando ni incurriendo en agio. “Almacenamos arroz en nuestros galpones para el abastecimiento de la población en general. Los quintales de arroz están a la vista del público en general”, afirmó.  

Prado también expresó su rechazo a la disposición adicional séptima del proyecto de ley del Presupuesto General del Estado 2025, calificándola como un ataque a la propiedad privada y al aparato productivo del país. “Es un atentado contra la libertad y la paz de nuestro pueblo”, aseguró.   

Los ingenios arroceros demandan tres medidas principales: garantizar seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada, levantar los procesos legales contra sus instalaciones y convocar a un diálogo nacional para resolver la problemática del arroz junto con productores e ingenios. Sin embargo, han advertido que no tolerarán más intervenciones gubernamentales y se declararon en emergencia.  

BD/RED